La botica rural, un sudoku de alto riesgo

Uno de los argumentos de legitimidad social que le van quedando al actual modelo de farmacia español es su elevada capilaridad: hay boticas en lugares donde ni siquiera hay centro de salud. En esos pueblos, el único profesional sanitario de guardia 24 horas al día, 365 días del año, es el farmacéutico. Si las boticas son algo más que tiendas de medicamentos y otros artículos (legalmente, son establecimientos sanitarios y de facto forman parte del Sistema Nacional de Salud), la relevancia de las oficinas de farmacia ubicadas en municipios aislados es estratégica para asegurar la equidad social en el acceso a la prestación farmacéutica pública. En Andalucía, hay unas 700 farmacias en el medio rural. En casi 500 pueblos, hay una sola farmacia; en 137 de ellos viven menos de 800 personas y menos de 500 en unas 90 de estas localidades. La mayoría, ubicadas en la Andalucía montañosa. Muchas de ellas, en contra del tópico de la opulencia del boticario, llegan justitas a fin de mes. Y un puñado de ellas puede, sencillamente, desaparecer por inanición. Son boticas en peligro de extinción. En este contexto se ubica el caso, conocido estos días, de una farmacia de la serranía malagueña que ha presentado un concurso de acreedores. Es la crisis, sí; pero los malos tiempos no afectan a todos por igual.

"Lo que ocurre es que la base de la pirámide la sustentan los más débiles", dice Jesús Muñoz Ruiz-Canela, vocal de farmacia rural del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y titular de una de las dos farmacias de la localidad de Herrera. Lo que este profesional llama "pirámide" es el sistema organizativo que, basado en la limitación de la apertura de nuevas boticas en función de distancias y número de habitantes, garantiza la viabilidad económica de las farmacias y, de paso (o fundamentalemte, según la óptica del análisis), el acceso de la población a los medicamentos con razonable comodidad y bajo la supervisión de un profesional. El sistema, cuestionado y alabado al mismo tiempo dentro y fuera de la profesión farmacéutica, ha beneficiado, por un lado, a la minoría de boticas bien situadas (cerca de un centro sanitario emisor de recetas, en una buena calle comercial) y, por otro, ha hecho posible que exista una red de oficinas de farmacia en lugares remotos, de escaso o nulo interés comercial. Si esas farmacias se viesen abocadas al cierre, podría emerger un problema social: "El día a día de una parte de las boticas rurales andaluzas es, en muchos casos, atender a personas mayores, que son pacientes crónicos, están polimedicados, sus medios económicos son escasos y no es infrecuente que sean analfabetos". Quien así se expresa es Francisco González, único boticario de El Castillo de las Guardas y vocal de AFAR, la asociación que agrupa a los farmacéuticos rurales andaluces.

Esa disponibilidad permanente implica que, si el boticario se quiere ir de vacaciones debe pagar un sustituto: no siempre esas farmacias dejan beneficios para eso y no siempre los candidatos a esos contratos están dispuestos a desplazarse a lugares remotos por una remuneración nada espectacular. Como mínimo, una farmacia rural está de guardia la mitad del año, si el pueblo tiene dos boticas. Si sólo hay una, todos los días hay guardia. "Esa disponibilidad puede llegar a ser agotadora", explica Muñoz. "Si tenemos que salir y cerrar por cualquier motivo, no estamos tranquilos; no basta con que en el pueblo todos conozcan al boticario y tenga su móvil", señala.

El debate para encontrar mecanismos de discriminación positiva para este grupo de profesionales, que con su trabajo sostienen la credibilidad de todo un modelo, está abierto. "Hay quienes proponen que ls colegios ayuden con una compensación a las oficinas de escasa o nula rentabilidad", explica González. Otras propuestas hablan de una solución al número "excesivo" de guardias; o, transformando la necesidad en virtud, que hacer guardias sea un factor de peso en los baremos de traslado. Otras voces dicen, en cambio, que ya se ayuda a esas boticas a través de exenciones de retornos sobre la facturación, algo que matizan quienes trabajan sobre el terreno: esas farmacias no pagan porque no son boyantes. Según datos de AFAR, una semana de guardia rural reporta un beneficio de... 11,90 euros.

Una cuestión compleja. Un sudoku que puede llegar a ser demencial y que tienen que resolver, conjuntamente, responsables de la Administración y profesionales. Los primeros se juegan la garantía de acceso equitativo a los medicamentos. Los farmacéuticos, la pervivencia de unas reglas del juego cada vez más difíciles de aceptar en la sociedad abierta del siglo XXI.