Los barones aceptan el Cupo vasco a cambio de mejorar la financiación

El líder de los socialistas españoles, Pedro Sánchez, telefoneó este miércoles a todos los presidentes autonómicos de su partido, incluida Susana Díaz, para explicarles por qué sus diputados aprobarán este jueves la ley que regula el concierto fiscal vasco y su Cupo, un particularismo de esta comunidad por el que recauda todos los impuestos en su territorio y paga al Estado una pequeña cantidad de todo ello. Esa cantidad es el Cupo, calculado esta vez en 945 millones de euros anuales para el periodo 2017-2021. Pero, además, a esos 945 millones, el Gobierno vasco restará en varios años un total de 1.400 millones de euros. Madrid y Vitoria han pactado que el anterior cupo estuvo mal calculado. Esta envidiable posición del Gobierno vasco hizo que algunos líderes autonómicos socialistas, como Miquel Iceta, calificaran el acuerdo de "cuponazo".

Aunque los barones no habían protestado por este acuerdo, su situación ha ido empeorando. El Gobierno central ha incumplido su compromiso de abordar la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, ya lleva una demora de dos años y la situación financiera de algunas comunidades se ha complicado. Es el caso de Andalucía y Baleares, pero en especial el de la Comunidad Valenciana, donde está creciendo el malestar ciudadano por un perjuicio objetivo. 60.000 personas se manifestaron en Valencia el pasado fin de semana por este motivo. Lo que Pedro Sánchez ha acordado con sus barones es que solicitarán a Rajoy que abra la negociación antes del 30 de diciembre con la presentación de un borrador de modelo de financiación. Fuentes del Gobierno explicaron que Hacienda ya cuenta con un primer texto para negociar, por lo que es posible que Mariano Rajoy conceda esa petición a los socialistas. Los barones han aclarado, además, que los negociadores son los gobiernos autonómicos, no la dirección del PSOE. Siempre ha sido así, pero esta vez se habían cruzado otro tipo de intereses.

Para comenzar, el Gobierno central ha amagado con sembrar la discordia entre las comunidades socialistas y entre éstas y Ferraz. Así, el Gobierno quería llevar el nuevo modelo a la comisión territorial que se ha creado en el Congreso, a instancias socialistas, para revisar el sistema autonómico. Aunque son asuntos coincidentes, el objeto de esta comisión no era ni mucho menos el del análisis de este modelo de financiación, que es un acuerdo al que llegan las comunidades y el Gobierno central para determinados años, aunque al final debe aprobarse en el Congreso.

Susana Díaz, que se encuentra en Bruselas, habló con Sánchez, éste le explicó las razones del apoyo al cupo vasco y quedó satisfecha con la argumentación. Díaz no se opone al concierto, lo que se explicó desde la Junta es que la negociación del concierto foral y del sistema de financiación general debía de haberse acometido de modo parejo. Pero el respaldo necesario del PNV al proyecto de Presupuestos de 2018 manda. Rajoy necesita a los nacionalistas vascos para sacar adelante las cuentas, y el PNV considera imprescindible la renovación del concierto. La crisis catalana hizo que los nacionalistas vascos se retirasen del acuerdo, pero es posible que el PNV dé el visto bueno a las cuentas después del 21 de diciembre.

Para Andalucía, el nuevo modelo debe cubrir el déficit de la financiación de los servicios básicos. Según la Junta, la cuantía del fondo de suficiencia no cubre educación, sanidad y servicios sociales, por lo que está obligada a detraer cantidades de partidas ideadas para otras competencias, como las de infraestructuras.

Pero aún hay comunidades más perjudicadas, como Valencia y Baleares. También hay un problema con Cataluña, anterior al estallido de la insurrección institucional. En realidad, el sistema actual, que ya está caducado, perjudica a las comunidades más pobladas, lo que significa que es un mal modelo porque afecta a más de la mitad de la ciudadanía. Mariano Rajoy reconoció ayer que los problemas se han debido a la caída de los ingresos durante la crisis económica, unos 72.000 millones de euros en dos años.

El problema de la negociación no es sólo del Gobierno con las comunidades, sino de éstas entre sí. Las conversaciones hacen aflorar realidades diferentes y disparidad de criterios entre gobiernos regionales, aunque sean del mismo partido. Eso también lo sabe el Gobierno central, de ahí que desde Hacienda se deslice que esperan que el PSOE acuda con una única voz. No ha sido así nunca, de hecho, algunos gobiernos regionales socialistas se han opuesto algunas veces al modelo pactado con presidentes del mismo partido.

Lo que es cierto es que España carece de un esquema constitucionalizado para el reparto de fondos entre comunidades. La Constitución sí explica que el sistema debe garantizar la equidad en la prestación de servicios, pero poco más. En esta ocasión, Susana Díaz ha declarado que no está dispuesta a ingresar menos fondos que las comunidades mejor tratadas.