Los dos banqueros condenados en el caso Pantoja también irán a prisión por blanqueo

Los dos banqueros condenados por el caso de blanqueo de capitales en el que fue penada la tonadillera Isabel Pantoja a dos años de prisión también tendrán que ingresar en prisión tras rechazar este miércoles la Audiencia Provincial de Málaga el recurso de súplica de suspender sus encarcelamientos.

Esta decisión se incluye en la resolución que ha dictado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga donde ordena que se proceda "al inmediato cumplimiento de la pena de prisión impuesta" de los tres procesados, Isabel Pantoja, Benjamín Martínez y Fernando de Salinas.

Los dos banqueros fueron condenados por el mismo delito que la artista pero su pena es inferior, un año, seis meses y un día de cárcel.

Los condenados deberán "presentarse en el centro penitenciario de su elección en el plazo improrrogable de tres días, a contar desde la notificación de la presente resolución a la representación procesal", según la resolución judicial.

El escrito añade el "apercibimiento de acordar su inmediata busca y captura e ingreso en prisión" si no atendiera el mencionado requerimiento en el plazo otorgado.

El Tribunal destaca que los banqueros "gozan de buen acomodo social" y que fue, precisamente, mediante la instrumentalización de sus respectivas posiciones profesionales "como perpetraron los delitos por los que fueron condenados".

Por ello, la Sala mantiene la gravedad de los hechos, ya que "se trata de delitos de blanqueo de capitales derivados de delitos de corrupción política, con el terrible menoscabo que se causó al interés público".

La Audiencia de Málaga ya se había pronunciado este mes a favor de que los tres condenados ingresaran en prisión y consideró de "especial gravedad" la conducta de los banqueros.

Los magistrados consideran que a estos profesionales de la banca "se les impone una mayor exigencia de cautela a la hora de prevenir el afloramiento del dinero delictivo" y tienen la obligación legal de impedir dichos comportamientos.

Y por ello "la gravedad de la conducta delictiva es considerablemente superior a la del ciudadano común, pues a él le compete por su profesión velar por la limpieza del sistema económico/bancario".