Baja la aprobación de los andaluces a los servicios a la dependencia

Las poblaciones envejecidas cuentan entre sus ciudadanos con un mayor número de personas dependientes, aquellas que no pueden hacer las tareas básicas debido a una limitación física, psíquica o intelectual. Las administraciones públicas de las poblaciones envejecidas, conscientes de la magnitud del problema, ofrecen unos servicios sufragados con dinero público de cuyo resultado depende el bienestar de los administrados. Andalucía, como el conjunto España, se ha convertido en sociedad envejecida que precisa más y más servicios sociales. Los resultados no son aún los deseados: la ayuda pública a las personas dependientes recibió en 2023 el aprobado del 38,6% de los andaluces, una proporción que se redujo con respecto a la del año anterior.

Después de varios años en alza, en 2023 se redujo la satisfacción de los andaluces con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de ayuda a personas dependientes. Si en 2022 fue el 40,4% de los andaluces que expresaron su satisfacción, el porcentaje bajó al 38,6% el año pasado, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). La de 2023 es la primera bajada desde 2018 del nivel de aprobación de los andaluces con relación al funcionamiento de las ayudas a las personas dependientes. 

La ayuda a la dependencia es una de las grandes batallas de las administraciones públicas. La aprobación en España de la primera ley en 2006 supuso un avance de considerables proporciones en una Europa que apenas había reparado en las dificultades que padecían numerosas familias para atender a las personas dependientes. El problema en España ha sido la falta de una dotación presupuestaria que llegó, acabó llegando, pero de un modo efímero. La aparición de partidas públicas para la dependencia coincidió con la víspera de la crisis financiera y económica de 2008. Fue un visto y no visto. Los recortes públicos se cebaron con la ayuda a las familias con personas dependientes. 

La ley asigna al Gobierno central y a las administraciones autonómicas la responsabilidad de asumir la mitad de los dineros correspondientes a la ayuda a la dependencia. Eso, naturalmente, se ha traducido año tras año en un combate dialéctico entre las administraciones cuando son gobernadas por partidos de signo contrario. Y es lo que ha sucedido en los últimos años en Andalucía, con un Gobierno de la Junta administrada por el PP y un Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Menor satisfacción en el conjunto de España

Aparte de los rifirrafes políticos, las encuestas anuales a la población sobre el funcionamiento de los servicios públicos a la dependencia siguen sin alcanzar una satisfacción generalizada. Es lo que reflejan las estadísticas del IECA, cuya encuesta anual muestra un escaso 38,6% de población que se siente “muy o bastante satisfecha” con el funcionamiento de los servicios públicos. Esa proporción ha sido históricamente mayor a la del resto de España y también lo fue el pasado año. Los españoles que se muestran satisfecho se limitó en 2023 al 34,2%, una cifra que sin embargo supera al dato registrado desde 2011.