Los ayuntamientos podrán utilizar todos sus remanentes

Los ayuntamientos podrán utilizar los remanentes que tienen en los bancos. Sin límites durante este año y 2021, siempre que las inversiones sean sostenibles; es decir, que no generen estructuras de gasto para otros ejercicios. En el conjunto del país son 15.000 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que la Comisión Europea ha suspendido las reglas fiscales, los cinturones del gastos de las administraciones, para 2021, debido a la crisis originada por la pandemia. Las comunidades autónomas, también la Junta, podrán incurrir en 2021 en déficit, de acuerdo con "una tasa de referencia" que será comunicada el lunes.

Sea por la Comisión, pero también por voluntad propia, la medida supone una rectificación por parte del Ministerio de Hacienda, que vio cómo el Congreso le echaba para atrás el decreto con el que quiso solucionar este asunto de los remanentes municipales. La suspensión de los cinturones de gasto también permite a las comunidades comenzar a elaborar sus presupuestos.

La Diputación de Sevilla es con diferencia la entidad local con más dinero acumulado: 401 millones. Le siguen a distancia las de Málaga (91 millones), Granada (87 millones) y Huelva (82 millones). En el detalle municipal destacan localidades de tamaño medio. La segunda posición en esta lista no la ocupa una capital de provincia, sino Mijas, un municipio de la Costa del Sol de 82.742 habitantes que suma 127 millones en su hucha. Después aparece el Ayuntamiento de Málaga (90 millones) y a continuación Roquetas de Mar (96.800 habitantes), en Almería, con 72 millones de superávit, y San Roque, en Cádiz, un pueblo de poco más de 31.000 habitantes, que tiene acumulados casi 68 millones de euros. A continuación Marbella (59 millones) y Dos Hermanas (58 millones)

María Montero Jesús ha realizado este anuncio en el Congreso, donde ha explicado que los gobiernos autonómicos han sido citados el lunes 5 de octubre a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha explicado que los Estados han recibido una carta por la que se activa una cláusula de salvaguarda de las restricciones de gasto, deuda y déficit. Esto supone un balón de oxígeno para los ayuntamientos mejor situados, los que han ido acumulando superávit desde 2008. Los que se encuentran en peor situación recibirán una ayuda del Gobierno, pero ésta debe pasar por la aprobación del congreso.

A las comunidades autónomas se les ha citado para el lunes. Allí se les dirá cuál será el límite de déficit para 2021, que en cualquier caso será de referencia, no una obligación. No hay reglas de estabilidad, pero sí indicaciones en función del crecimiento. En el caso andaluz, la Junta aspiraba a incurrir en un déficit del 2,6%, lo que supone un desequilibrio de 3.000 millones de euros. No obstante, el Ministerio de Hacienda volverá a habilitar un fondo Covid para las autonomías; es decir, que habrá más dinero para las comunidades.

De esto se deduce que no habrá barra libre para las comunidades, porque algunos gastos extraordinarios o caídas de ingresos se podrán aliviar con el nuevo fondo Covid. El restante deberá llegar mediante endeudamiento. En el caso de la Junta de Andalucía, por medio del Fondo de Liquidez Autónomica (FLA), de no ser que se le autorice acudir a los mercados.

Los ayuntamientos en mejor situación han acumulado unos 15.000 millones de euros en remanentes, procedentes de superávit de años pretéritos que no pudieron gastar por la ley de estabilidad y las reglas de gasto. Las entidades andaluzas que tenían más dinero en remanentes son el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que “la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”. Este mismo mes de septiembre, la Comisión Europea comunicó que la cláusula de salvaguarda, ya aprobada para 2020, se mantendrá activa en 2021.

No obstante, María Jesús Montero ha insistido en el compromiso incuestionable del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, la

sostenibilidad y los compromisos europeos en materia de consolidación fiscal, por lo que durante este tiempo el Gobierno mantendrá las medidas de seguimiento que sean imprescindibles para permitir el reequilibro de las finanzas públicas en cuanto sea posible.

De esta forma, el Gobierno "no renuncia a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios,

fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del Bienestar". Por tanto, el Ejecutivo se compromete a seguir reduciendo el déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir la pandemia, proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.