Atención Temprana: una ley para ayudar a 45.000 niños con trastornos del desarrollo

Cuando Antonio Guerrero descubrió de la mano de su nieto el mundo de los trastornos del desarrollo se dio de bruces con la escasez de recursos para atender a los niños con afecciones del espectro autista, dificultades de comunicación y aprendizaje o discapacidad intelectual o motora. Un amplio espectro de patologías que no estaban recibiendo la atención adecuada en los plazos necesarios en Andalucía, a pesar de que en este tipo de enfermedades la asistencia rápida es vital: cuanto antes se actúe, cuando más plasticidad tiene el cerebro de los pequeños, más posibilidades hay de reducir el impacto en la persona. De esa constatación nació la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, entidad que ha venido impulsando la aprobación de una Ley andaluza que garantice la necesaria asistencia a los niños afectados por estas enfermedades. Esa norma acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, con el consenso de todos los grupos, y tras su aprobación regulará la atención a los menores de 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de tenerlos; la Plataforma calcula que son 45.000 en Andalucía.

El texto que el pasado jueves se debatía en el Parlamento de Andalucía trata de garantizar y mejorar la asistencia a este colectivo en toda la comunidad autónoma, de forma universal y gratuita. La atención temprana se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población de cero a seis años, a la familia y al entorno (fundamentalmente, los colegios) y que tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades, transitorias o permanentes, que presentan las personas menores con trastornos en su desarrollo, o que tienen el riesgo de padecerlos. Al tratarse de trastornos de muy distinta tipología las intervenciones son muy variadas y necesitan de un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar. El trabajo conjunto con la familia es clave para la evolución del menor y así lo reconoce la nueva ley.

Aunque lo fundamental es la celeridad al abordar el problema, insisten las familias. El proceso se inicia cuando al menor se le detecta alguna anomalía en el desarrollo, puede ser durante en el parto, en la visita al pediatra, en un centro educativo, desde un problema físico a niños que no caminan, hablan o se relacionan con normalidad para su edad. Los pequeños son llevados a los servicios de Pediatría hospitalaria o de Atención Primaria, que los derivan en caso necesario a las unidades que ahora se rebautizarán como de Seguimiento y Neurodesarrollo, ubicadas en Atención Primaria. Y son estas las que determinan qué menores tienen que acudir a los Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT). La gran reivindicación de las asociaciones, que tratará de solventarse con esta norma, es la rapidez en ese proceso, ya que, como explica Antonio Guerrero, presidente de la Plataforma que impulsó la ley, en las derivaciones “se producen cuellos de botella de 6 o 7 meses, un tiempo fundamental”.

Es en los CAIT, de gestión privada a través de un sistema de concierto social, donde se desarrolla el trabajo con los menores y sus familiares. Los niños acuden a una serie de sesiones mensuales con diversos especialistas; el equipo mínimo está compuesto de psicólogo, logopeda y fisioterapeuta, pero también pueden sumarse terapeutas ocupacionales y otros profesionales. Se calcula que cada niño recibe una media de ocho sesiones al mes, pero depende de su problema concreto: hay menores que requieren un elevado número de consultas. La Junta de Andalucía adjudica y paga a cada CAIT un número de sesiones al año, a 28 euros por sesión, algo que supone un gran avance, explica Guerrero. “Cuando empezamos con esto (antes de 2016) se estaba pagando la sesión a 12 euros, atendían a los niños de tres en tres para cubrir costes. Ahora hay sesiones individuales”. Las arcas públicas solo sufragan la atención directa al menor, 45 minutos por sesión (aunque estas suelen alargarse hasta una hora); aparte estarían el trabajo con las familias y los colegios.

La financiación de la atención temprana creció un 44% en la anterior legislatura, lo que ha permitido pasar de 19.000 niños a 31.150 atendidos en el año 2021. Según los datos aportados por la Consejería de Salud, cuenta con un presupuesto de 51,5 millones, lo que se traduce en 1,8 millones de sesiones anuales, cuantía que se mantendrá. Pero la Plataforma advierte que la aplicación de la ley para todos los niños susceptibles de recibir tratamiento requeriría de prácticamente el doble de fondos. “Los 31.150 niños a los que se refiere la Junta han ido al menos una vez al CAIT, pero eso no quiere decir que se les haya atendido regularmente”, explica Antonio Guerrero. “Según las cifras de la secretaría general técnica, se ha asistido regularmente a unos 15.000 niños con una media de ocho sesiones”.

Otra de las reivindicaciones de la Plataforma y objetivo declarado de la ley es garantizar la atención de los menores independientemente de su lugar de residencia. Guerrero recuerda que en el ámbito rural esta es mucho más difícil, pero además las diferencias van incluso por barrios. “Para el Polígono Sur de Sevilla, con más de 50.000 habitantes, se ha previsto un lote de 60 menores y sin embargo Nervión, con unos 70.000, contará con un lote de 785 niños”, critica. También se peleará durante la tramitación el mantenimiento de los menores en una red de atención. En la actualidad, el día que cumple 6 años sale del sistema de atención temprana sufragado con fondos públicos y “hemos planteado que esperen al menos hasta que los niños acaben el curso escolar”. Pero además, reclaman también que haya apoyo para los niños de 6 a 12 años y los jóvenes de 12 a 18.

El PP destaca que la ley es “pionera” e incidirá también en una mayor apuesta por las nuevas tecnologías y la formación de los profesionales que atienden a los pequeños. Pero sobre todo, dará seguridad jurídica a la atención tanto en el ámbito social como en el educativo y sanitario, después de que hasta ahora haya estado regulada por un decreto y con muchas lagunas.

A partir de ahora se inicia la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la norma esté aprobada en el mes de febrero. Ahora cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, aunque el PSOE, recuerda Guerrero, rechazó tramitar una ley sobre la materia cuando gobernaba. Durante el periodo que ahora se abre, “habrá tiempo para la participación, el debate y la reflexión y así dar la máxima garantía y seguridad jurídica”, remarcan desde el PP.