Los peritos aseguran que el Consejo de Gobierno "conocía" el fraude de los ERE

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han asegurado a la juez Mercedes Alaya que el Consejo de Gobierno conocía la ausencia de la regulación de las ayudas y el uso inadecuado de las transferencias de financiación.

La magistrada, en coherencia con sus alegaciones realizadas recientemente en la exposición razonada remitida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), les preguntó expresamente si la “alta jerarquía” de la Junta tenía conocimiento de las posibles irregularidades. Los peritos respondieron que de la ausencia de regulación de las ayudas y del uso inadecuado de las transferencias de financiación tenían conocimiento la propia Intervención General de la Junta de Andalucía, los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación, así como el denominado “consejillo” (la reunión previa de los consejos de Gobierno, en la que participaban los viceconsejeros y que presidía el consejero de la Presidencia), y también el propio Consejo de Gobierno.

Los peritos han precisado que hay tres motivos que justifican el conocimiento del Consejo de Gobierno, a saber: que en el año 2004 la Intervención General de la Junta aseguró que no se podía ni tan siquiera utilizar el concepto de transferencia sino de “crédito para la concesión de subvenciones”; segundo, porque en ninguno de los planes de Control Financiero que aprobaba el Consejo de Gobierno se acordó una regulación para tramitar las ayudas, y por los dos anteproyectos que llegaron a los consejillos enviados por la dirección general de Trabajo, donde se proponía regular la concesión de estas ayudas.

Los peritos dicen que el sistema de las ayudas de los ERE era "fraudulento" por "engañoso y falaz"

Los cuatro peritos han puesto de manifiesto ante la juez Alaya, en la ratificación de su pericia sobre el escándalo de los ERE, que el sistema que estableció la Junta para la concesión de las ayudas era “fraudulento” y para explicar a qué se estaban refiriendo con esta expresión, han aclarado que se basan en el sentido que recoge el diccionario de la Real Academia Española (RAE), de “engañoso y falaz”.

La primera pregunta que ha formulado la juez Alaya a estos peritos, una vez que han ratificado su informe, es si habían leído el contrainforme realizado por dos catedráticos de derecho Fianciero y Tributario a instancias de la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán. Los peritos han respondido afirmativamente y han añadido que, tras analizarlo, “no ha variado su opinión” porque se trata de un informe “de parte”, con los sesgos e interpretaciones de este tipo de dictámenes, han explicado fuentes del caso.

Los peritos han añadido que “uno de los muchos errores” que contiene el contrainforme consiste en la teoría de las transferencias de financiación, en la que los peritos que han elaborado el informe para el juzgado siguen manteniendo que su utilización era “inadecuada” e “improcedente”.

Los expertos de la Intervención hablan de tres problemas en el sistema de concesión de las ayudas: presupuestarios, de gestión de los créditos por la Consejería de Empleo y un tercero, derivado de los dos anteriores, de “control” de la concesión de las subvenciones, porque se impidió la fiscalización previa de las mismas.

Han precisado que, en su opinión, la Junta no era competente para conceder este tipo de ayudas sociolaborales, al estimar que la competencia correspondía al Estado, y han añadido de las 263 ayudas investigadas, sólo 77 subvenciones derivaban de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían destino.

A su juicio la responsabilidad de la creación de ese sistema “fraudulento”, según la definición de la RAE, afecta a la Consejería de Empleo, al IFA/IDEA –organismo que actuaba como caja pagadora de las ayudas- y a la Consejería de Economía y Hacienda, por cuanto la intervención de estos tres elementos era “necesaria y precisa” para que se pudiera constituir la realidad de un sistema en el que el uso de las transferencias, han precisado, “no se ajusta a la legalidad” y es “inadecuado” de acuerdo con los término de la ley. Los peritos han llegado a afirmar que el IFA utilizó “ilegalmente” las transferencias para el pago de las ayudas, un punto en el que discrepan abiertamente con el contrainforme elaborado por la defensa de Griñán, que defiende la legalidad de las transferencias.

Al inicio de la comparecencia, los peritos de la IGAE –tres de ellos licenciados en Derecho y el cuarto en Químicas- han descrito su amplia experiencia profesional, asegurando que entre los cuatro suman 94 años de experiencia en la administración pública y control de la administración, y otros 33 años en el sector privado, en la realización de tareas contables, financieras, fiscales y de administración.