Un ex alto cargo asegura que "no existía ninguna alarma de ilegalidad" con las ayudas

El ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal ha asegurado este miércoles, en la vigésimo cuarta sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, que "no existía ninguna alarma de ilegalidad" en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas que se tramitaban con cargo a la partida presupuestaria 31L y que se pagaban con las transferencias de financiación al IFA/IDEA.

Javier Aguado, a quien la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación, ha explicado, a preguntas de su abogado defensor, Adolfo Cuéllar, que en el tiempo que estuvo en el cargo no recibió ninguna "señal de alerta", ni él ni su equipo de funcionarios, respecto a que se estuviera cometiendo "ninguna ilegalidad" con este programa presupuestario dedicado a la Administración de Relaciones Laborales. "No existía ninguna alarma por la más mínima que fuera, no teníamos noción, aviso o indicio de que pudiera estar cometiéndose ninguna irregularidad", ha sentenciado el acusado, que también ha dicho que las premisas que seguían en su labor eran las órdenes de la Consejería de Hacienda y las leyes de Presupuestos.

El acusado ha reconocido que asistió a alguna reunión en la que estaba el entonces consejero de Economía José Antonio Griñán, pero ha precisado que no eran reuniones "sistemáticas", puesto que lo normal era que las reuniones fuesen con el viceconsejero.

Sobre las modificaciones presupuestarias, ha recordado que el interventor general de la Junta daba el "visto bueno y el plácet" antes de que fueran aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta. Así, ha dicho que las modificaciones estaban "ajustadas a la legalidad" y las transferencias de financiación al IFA estaban aprobadas por el Parlamento, que creó una oficina de control presupuestario, con lo que "los parlamentarios conocían" la finalidad de las modificaciones y no plantearon "ninguna salvedad" en el periodo investigado, sino que incluso solicitaron incrementos de las partidas presupuestarias.

En este punto, el ex secretario general ha insistido en que no le podía extrañar que se "ayudara a las comarcas y a los ciudadanos" en periodos de crisis económica, dado que no eran ayudas para las empresas, y así ha señalado que si no se hubieran dado por ejemplo las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva se hubiera "cerrado el condado".

La secretaría general técnica, ha proseguido, hacía una propuesta de modificación presupuestaria al órgano competente, como un "eslabón de la cadena", pero en todo ese trámite "no dicta ninguna resolución", ni tampoco participó en el proyecto de regulación de las ayudas.

El ex secretario general técnico ha destacado que "jamás hubo ningún comentario a ningún programa presupuestario", incluido el 31L, ni tampoco le hizo ninguna "advertencia" a su sucesora, la también acusada Lourdes Medina, porque simplemente "no había nada extraño que comentar".

El acusado ha aclarado sobre los cometidos de la secretaría general técnica que este departamento tiene entre sus competencias la "gestión del presupuesto" de la Consejería pero no el "control" del mismo, y ha añadido que siempre tuvo contacto con la Intervención delegada de Empleo, ya que la secretaría general técnica "siempre ha tenido como velador de la legalidad y del buen hacer a la Intervención, que es la que fiscaliza".

Tras la declaración de Javier Aguado Hinojal, se ha iniciado el interrogatorio de Lourdes Medina Varo, quien ha lamentado que no ratifica la declaración que prestó en la fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya porque, según ha expresado, la misma "no refleja fielmente" las manifestaciones que hizo en ese acto, puesto que tuvo que "discutir pregunta a pregunta" antes de firmar el acta, y firmó para no "perder el esfuerzo" que había hecho durante tantas horas de declaración en el juzgado.