La armonización enciende la chispa fiscal en San Telmo

El Parlamento aprobó en 2017 un acuerdo sobre financiación autonómica del que sólo se salió Ciudadanos porque quería una equiparación del sistema más ambiciosa de la que se planteaba entonces, es decir, una mayor armonización. Tres años después la polémica ha vuelto sobre una propuesta que ya estaba en los cajones del Ministerio de Hacienda cuando Cristóbal Montoro era su titular. La propuesta, entonces y ahora, incluía una revisión del modelo fiscal en las comunidades dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica que lleva caducado más de un lustro y que era una prioridad para María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda.

El incendio prendió cuando Gabriel Rufián, tras pactar el apoyo de ERC a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, compareció en el Congreso para decir que la intención era acabar con el “paraíso fiscal” que, a su juicio, ha propiciado el PP tras décadas de Gobierno. El trazo grueso del portavoz independentista tiene mucho que ver con la respuesta atronadora lanzada desde el PP con el Ejecutivo andaluz como punta de lanza. “Parece que todo lo de ERC hace saltar chispas”, reconoce una fuente conocedora de la negociación presupuestaria en Madrid. Pero, más allá del trazo grueso ¿hay motivos que justifican la preocupación en San Telmo?

El secretario general de Economía, Ignacio Castillo Manzano, comprende que haya una cierta “desconfianza”. “Es necesario un pacto global [para reformar el sistema de financiación autonómica], nadie lo discute, pero el antecedente que hay es la ley de educación”, reconoce este economista en referencia a la conocida como Ley Celaá, aprobada en el Congreso recientemente por un sólo voto de diferencia. Para Castillo, el modelo educativo y el de financiación autonómica son “dos pilares que definen al Estado español”, por lo que si se aprueban sin consenso el resultado son “leyes con fecha de caducidad, como los yogures”.

Eso es justo lo que ocurrió con la actual Ley Orgánica del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, que salió adelante en 2009 gracias a un pacto de los socialistas con ERC –“la historia no se repite, pero rima”, cita atribuida a Mark Twain– y que lleva prorrogándose desde que caducó, cuatro años después.

Una necesidad para renovar el sistema de financiación

Más allá de la procedencia de los votos que aprobaron aquel modelo, hay consenso en todo el espectro político andaluz respecto a la necesidad de darle una vuelta al sistema para acabar con la inequidad que provoca. “La situación es inasumible; en vez de ir hacia una convergencia mínima vamos a una mayor divergencia”, insiste Castillo, quien pone el foco en las enormes diferencias en lo que cada comunidad recibe por habitante, pero también en la “opacidad y la complejidad” de las normas que rigen el reparto de los fondos.

A la complicación que supone reformar una ley primordial para el funcionamiento del modelo autonómico suma Castillo la necesidad de “compensar a los perdedores” del nuevo sistema. “Todo sabemos que son las regiones del noroeste”, admite el secretario general de Economía de la Junta, que también plantea la necesidad de revisar los sistemas forales para que el País Vasco y Navarra hagan una mayor aportación “a la solidaridad” entre comunidades. La idea parte de un alto cargo del Gobierno andaluz elegido por Ciudadanos, pero el viernes el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, hizo una propuesta similar. Y los mensajes enviados por el consejero de Hacienda, el popular Juan Bravo, también van por el mismo camino.

“La armonización fiscal hay que caminarla, pero no es el problema más grave del sistema de financiación autonómica”, defiende Castillo antes posicionarse en contra de que esa equilibración se haga elevando la presión tributaria. “¿A quién le van a subir los impuestos?”, se pregunta este economista antes de señalar el elevado déficit en el que incurrió España antes de la pandemia y en otros problemas endémicos del sistema productivo español, como la elevada prevalencia de la economía sumergida.

“A la hora de competir hay muy pocos caminos”, reconoce Castillo, que se refiere a tres: la productividad laboral, el desarrollo tecnológico y la presión fiscal. Las dos primeras fórmulas requieren un cambio estructural y una gran apuesta por la educación de la población, siempre que no se apueste por la vía de la reducción de salarios para aumentar la productividad. La tercera es la que se pone sobre la mesa en el debate de la armonización fiscales y Castillo reconoce que, debido al diseño del sistema de financiación español, si algunas regiones siguen ese camino “no hay más remedio que competir”. “Si el sistema te dice que hay que jugar al ajedrez, no te vas a poner a jugar al fútbol”, ilustra este catedrático de la Hispalense, quien, no obstante, apuesta por una cuarta vía: “mejorar el marco institucional con una simplificación de la regulación económica”.

Hacienda defiende que Andalucía saldría beneficiada

Desde que estalló la polémica, el Ministerio de Hacienda se ha afanado en defender que Andalucía será “una de las grandes beneficiadas” de la hipotética armonización fiscal que, en todo caso, irá asociada a la reforma del sistema de financiación, que también será positivo para la comunidad. “Es una garantía de mayores recursos sin tener que luchar en inferioridad de condiciones en una guerra fiscal a la baja”, apuntan desde el departamento que dirige María Jesús Montero, donde recuerdan que a Andalucía le cuesta “cinco veces más” recaudar lo mismo que otras comunidades por la estructura económica de la autonomía y su PIB.

Lo que parece claro es que el melón de la financiación autonómica tardará todavía en abrirse, aunque Nadia Calviño haya dicho esta semana la reforma se abordará el año próximo. Mientras la remodelación va tomando forma, se puede acudir a los informes realizados en 2014 y 2017 con el mismo objetivo, aunque los intentos de elaborar una nueva norma acabaron naufragando.

Según Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, los tributos susceptibles de ser revisados son los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Patrimonio. Salvo este último, son los gravámenes por los cuales el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha comenzado su Bajada Masiva de Impuestos (BMI), junto con una rebaja gradual del tramo autonómico del IRPF.

Martínez López reconoce que en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el efecto puede ser “ambiguo”, pero sí admite que la reforma iría asociada a un “posible” aumento en Sucesiones y Donaciones. “Ha quedado prácticamente anulado para los grupos I y II”, reitera, en referencia a la bonificación del 99% aprobada en la primera reunión del Consejo de Gobierno que celebraron PP y Cs al llegar al poder, en enero de 2019. Este economista tampoco se aventura sobre el futuro del Impuesto del Patrimonio, al que sitúa en un “limbo”, ya que lo recaudan las comunidades, pero no forma parte del sistema de financiación autonómica.

Es cierto que el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados reportan a las arcas autonómicas unos ingresos relativamente abultados. La previsión de ingresos por estos tributos asciende a casi 1.300 millones en el proyecto de Presupuestos de 2021 que se está tramitando en el Parlamento, a pesar de que se estima una reducción importante como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia.

En cambio Sucesiones y Donaciones y Patrimonio suponen una cantidad mucho más discreta, con previsiones de recaudar 245 y 92 millones por cada uno en el ejercicio próximo. Cuestionado por estos números, Martínez López califica de “ridícula” esta discusión si se circunscribe sólo a los aspectos técnicos y puramente monetarios. “¿Qué es esa cantidad en los más de 40.000 millones del Presupuesto de la Junta”, se pregunta el economista, que analizó el proyecto de cuentas del año próximo como responsable del Observatorio Económico de Andalucía.

El clima fiscal y sus efectos en los ingresos por IRPF

“Se están mezclando posiciones políticas con asuntos técnicos en una coctelera difícil de digerir”. La frase es del profesor de Economía de la Pablo de Olavide Diego Martínez López, cuestionado sobre una de las banderas del Gobierno andaluz, que defiende que la bajada de impuestos genera un clima que acaba favoreciendo la inversión.

En el acto del PP que conmemoró el miércoles los dos años del Gobierno del cambio Juanma Moreno explicó que los ingresos por IRPF habían crecido en 600 millones en lo que va de 2019 y lo achacó a la incorporación de 126.000 contribuyentes atraídos por las bajadas fiscales de su Ejecutivo. “Puede ocurrir, pero no puede demostrarse”, defiende este economista, que achaca los aumentos en la recaudación del IRPF “al crecimiento económico” y recuerda que el aumento de ingresos no podrá confirmarse hasta junio de 2021 por cómo está configurado el sistema de financiación autonómica.

Martínez López asegura que “no está documentado” que reduciendo impuestos sobre la riqueza –como Sucesiones– se consiga un aumento de la recaudación. “En EEUUhubo algo parecido, pero se trataba de un efecto marginal. Y teniendo en cuenta la movilidadque hay, que no es la que tenemos aqui”, defiende el economista, que califica de “política ficción” una hipotética migración de 100.000 contribuyentes tras una bajada de impuestos