Antonio Sanz señala que las sentencias del Constitucional de los ERE "pone en peligro" recuperar el dinero

Junta y Gobierno central continúan enzarzados en sus respectivas visiones sobre las resoluciones acerca de los recursos de amparo que el Constitucional está empezando a resolver sobre los condenados por el denominado caso de los ERE y cuyo primer beneficiado ha sido el ex director de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, que ayer mismo fue puesto en libertad.

El primero en reaccionar ha sido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien considera que "al escándalo político le sigue ahora uno judicial" tras la segunda sentencia del Tribunal Constitucional por los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso ERE.

Sanz ha considerado que "lo más grave" de los pronunciamientos del Constitucional tras cuestionarse que haya malversación en la conducta de los exaltos cargos socialistas es que "se pone en peligro total la recuperación del dinero" que no se destinó para los fines previstos en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis tras remarcar que "uno de los objetivos principales del Gobierno de Andalucía es recuperar el dinero de los andaluces".

"Hasta ahora estábamos avanzando en la recuperación del dinero", ha proclamado Sanz, convencido de que estos momentos "hace peligrar" ese proceso para propiciar que "pueda volver a manos de los andaluces el dinero que se le quitó y se le hurtó por un procedimiento ilegal".

El consejero de la Presidencia ha sostenido que "el escándalo de los ERE no ha acabado", mientras ha descrito a "la judicatura estupefacta" y a "la sociedad no dando crédito", así como ha proclamado que "el Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, no absuelve", para precisar entonces que "debemos esperar a las nuevas decisiones de la Audiencia y del Supremo".

Sanz ha señalado que "los 1.092 folios que conforman las dos sentencias de los ERE reconocen que fue el mayor caso de corrupción de la democracia" para dirigirse a la reacción del Partido Socialista y advertirle de que "no puede hablar el Partido Socialista de cacería porque la decisión es del Supremo", mientras ha apuntado que este órgano judicial "reconoció que el criterio de presupuestación utilizado era palmariamente ilegal", además de que "se dispuso de los fondos públicos al margen de todo el control y de forma libérrima y arbitraria".

El consejero ha recordado que el Supremo en su sentencia describió los actos con caudales públicos como inclusives "en el amplio concepto de sustracción", así como reconoció que "se creó un sistema ilegal para fundirse el dinero de los parados andaluces y se hizo intencionadamente".

"Lo peor del Partido Socialista es que encima ahora esté presumiendo de los ERE, que se sienta orgulloso de lo que se ha hecho en Andalucía durante la etapa socialista, que es un robo sin precedentes del dinero de los parados", ha afirmado Sanz, preocupado por que "ahora incluso nos quieren mostrar su orgullo" y con esa perspectiva "podrían volverlo a hacer en Andalucía de generar un sistema que ha significado el mayor fraude de la historia con el dinero de los parados".

El consejero de la Presidencia ha argumentado que "el Partido Socialista, por más que pretenda, no va a poder borrar el mayor escándalo de corrupción que ha existido en la historia de la democracia", antes de advertir de que "quedan 134 causas abiertas y, por tanto, no puede haber fin al proceso de los ERE" y, por ello, "aún nos queda por luchar, por recuperar estos 700 millones de euros de los parados andaluces".

"La sentencia no es del PP, la sentencia es del Supremo y le pido al Partido Socialista que respete también la justicia porque el Tribunal Supremo fue claro al calificar este caso como el mayor escándalo de corrupción", ha remachado su pronunciamiento Sanz.

Nieto: "La sublimación del escándalo"

Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, considera que la sentencia del TC que ha anulado la condena por malversación por la que cumplía prisión el exdirector general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano es "la sublimación del escándalo". Nieto ha añadido que el caso de los ERE fraudulentos es "sin duda, el mayor escándalo de la democracia en Andalucía y el mayor escándalo de la gestión pública".

"Lo que ha ocurrido recientemente es la sublimación del escándalo, es decir, que se nos pretenda decir a los andaluces después de llevar más de una década sorprendiéndonos y chocándonos con informaciones que tienen que ver con el mal uso, con el abuso y con el robo de dinero público que todos hemos conocido, que se gastaba en drogas, en prostíbulos y sin control, que no ha pasado nada, como en Cataluña con el 1 de octubre", ha espetado.

Para el consejero de Justicia, esto "no cuela y no traga, el pueblo andaluz es sabio y sabe que aquí se usó de forma negligente e interesada el dinero de todos los andaluces, el dinero de los andaluces que estaban en peor situación, el de los parados que necesitaban que la administración los ayudara y que, en lugar de eso, lo que hacía era quitarles su dinero y aplicarlo al interés de un partido político o a los vicios de algunos miembros de ese gobierno".

"Eso no se va a limpiar por mucho que quieran en otros sitios y a lo único que se está contribuyendo es a un escándalo más sobre el mayor escándalo que hemos tenido en Andalucía", ha concluido.

Bolaños pide respeto a las resoluciones del TC

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, preguntado sobre las declaraciones de la secretaria general del PP Cuca Gamarra, de que el TC está haciendo un "revisionismo" del caso de los 'ERE', Bolaños ha pedido "respeto" a las resoluciones judiciales. "Me preocupan estas declaraciones que hace el Partido Popular, porque esas declaraciones que hace, deslegitimando al Tribunal Constitucional, a las instituciones democráticas, en definitiva, le sitúa fuera del sistema institucional que es lo que hacen los partidos ultraderechistas", ha apuntado, al tiempo que ha calificado de "cacería" la actuación del PP hacia la corte de garantías.

Cuestionado por las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz respecto a la imparcialidad del próximo magistrado del TC, José María Macías, el titular de Justicia ha dicho que no le corresponde a él "comentar las declaraciones de otros responsables políticos".

Bolaños ha insistido en que desde el Gobierno respetan las resoluciones judiciales. "Cosa distinta es que, obviamente, en ocasiones discrepemos de los argumentos jurídicos y políticos que puede contener una resolución, pero eso siempre va detrás del respeto que mostramos siempre a cualquier resolución judicial", ha manifestado.