"No es razonable que un docente andaluz cobre seis mil euros anuales menos que uno vasco"

Antonio Brea es el secretario de comunicación de Anpe en Andalucía y el encargado de responder desde este sindicato de docentes a las cuestiones sobre la situación actual del profesorado en la comunidad y sus expectativas y propuestas ante la cita electoral a la que están llamados el próximo martes 4 de diciembre.

-La figura del docente está mal y poco valorada hoy. ¿Cuáles son los motivos?

-Creo que una afirmación tan genérica no se corresponde con la realidad. Muy al contrario, la mayor parte de la ciudadanía agradece al profesorado su labor educativa al servicio de los demás y muy especialmente de las nuevas generaciones. No obstante, existen en efecto algunas familias que por incultura o egoísmo social menosprecian nuestra función y de ello derivan en buena parte los episodios de acoso y violencia que llevamos años denunciando. Al margen de esto, es la clase política la que no valora suficientemente al profesorado, como puede verse en su incapacidad para atender demandas como un Estatuto Docente que regule nuestra carrera profesional desde el acceso hasta la jubilación o una Ley de Autoridad del Profesorado que refuerce nuestra posición en los centros.

-Enumere los problemas del profesorado andaluz en estos momentos.

-El exceso de burocracia que asfixia la labor docente, las dificultades para conciliar la vida personal y familiar con la laboral, la ausencia de una norma con rango de ley que refuerce su autoridad, la inestabilidad que afecta a interinos y funcionarios en destino provisional y, por supuesto, la discriminación retributiva respecto a docentes de otras comunidades. En este último aspecto, no es razonable que un docente andaluz cobre dos mil euros anuales menos que un manchego o seis mil menos que un vasco por ejercer las mismas funciones.

-¿Se pueden revertir los recortes de los últimos años?

-Se están revirtiendo parcialmente, de hecho. La vuelta al horario lectivo de dieciocho horas que ha permitido una ampliación de las plantillas docentes en la mayor parte de enseñanzas, el fin de los descuentos económicos por bajas y ausencias justificadas o las amplias ofertas de empleo ligadas al acuerdo de estabilización son muy buenas noticias para el profesorado. No obstante, aún quedan retos muy importantes como la recuperación de las ayudas de acción social o, sobre todo, de las cantidades detraídas de las pagas de los años 2013 y 2014 por decisión del gobierno Griñán-Valderas.

-¿Cuál es su diagnóstico de la enseñanza pública frente a la privada actualmente?

-En Andalucía, el 75% del alumnado estudia en centros públicos, lo que habla de la fortaleza del único sistema de enseñanza que garantiza la igualdad real de oportunidades en cualquier lugar de la geografía de la comunidad. Respecto a criterios de calidad, los centros públicos cuentan con un profesorado seleccionado mediante exigentes procesos selectivos en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, algo de lo que no pueden presumir los centros privados, cuya respetable y en muchos casos encomiable labor ejerce una función meramente complementaria dentro del panorama educativo andaluz, y así debe seguir siendo.

-¿Por qué necesita el profesorado afiliarse a un sindicato en estos momentos?

-La participación fue baja en las anteriores elecciones porque el sistema de votación así lo determina. En la mayoría de centros no hay mesa electoral, por lo que sus docentes han de desplazarse a otros centros a ejercer su derecho al voto, contando para ello con una única hora dentro de su horario laboral. Esta situación incide negativamente en las estadísticas de participación. En cuanto a la pregunta en sí, la afiliación sindical no es solo un derecho, es también un compromiso moral con la propia profesión, un gesto de dignidad y de solidaridad. Para afiliarse a un sindicato, sobran los motivos en cualquier coyuntura.