Diez años de ERE en nueve días

Martes, 21 de agosto de 2012. Sala de Comisiones 1 del Parlamento. Nueve de la mañana. Dará comienzo la comisión de investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2011 y 2010. Está presidida por Ignacio García (IU) y compuesta por nueve diputados -tres por cada grupo representado en la Cámara-. Y a día de hoy, a pocas horas, sobrevuelan el edificio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas unas cuantas preguntas: ¿Será un paripé? ¿Habra reality show? El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, ha hecho llamamientos a los partidos para que eviten un espectáculo que le haría un flaco favor a la clase política ¿Hasta dónde llega el grado de compromiso de los tres partidos con representación parlamentaria para esclarecer, de verdad, qué pasó? ¿Será la comisión una extensión de lo que acontece en la Cámara, con los socialistas y sus socios de Izquierda Unida defendiéndose y contraatacando al PP con el argumento de que a éste sólo le interesa el acoso y derribo del Ejecutivo ? ¿Y los populares, conseguirán abstraerse de su obligada labor en la oposición y separarán lo que es la fiscalización de la gestión del Ejecutivo de un trabajo de investigación que pretende depurar responsabilidades políticas?

La crispación que domina las relaciones entre socialistas y populares lleva a tener depositadas escasas esperanzas -o ninguna- en el desarrollo -y menos aún en las conclusiones- de la comisión. A años luz de parecer un órgano compacto afanado en arrojar luz sobre el que es el padre de todos los escándalos en la historia de la Autonomía, presenta en las vísperas una división irreparable, con acusaciones mutuas sobre lo que el adversario pretende cosechar a partir del próximo martes. A saber, a juicio de los socialistas, el PP-A sólo persigue el desprestigio no ya sólo de su partido, sino incluso de la propia comisión. Y a base de manipulación.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, cuya comparecencia pondrá el broche a nueve días de interrogatorios, lo tiene claro: la comisión iluminará las "falsedades" del PP-A, que acude con las conclusiones más que redactadas. Para Griñán, y por extensión para el PSOE, se han producido "actuaciones irregulares de determinadas personas" en el procedimiento de concesión de las ayudas, "pero éste no es irregular".

Enfrente, los populares se temen lo peor. Ellos también creen que la estrategia de sus rivales políticos ya está diseñada de antemano. Habrá teatro -sus líderes son quienes han acuñado desde el primer momento el término "paripé" para referirse a los trabajos de la comisión- y mucho se temen que no se llegue hasta el final. Es lo que desea el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, uno de los comparecientes. "Hay que llegar hasta el final, caiga quie caiga, para descubrir la verdad". En opinión de Zoido, la comisión tiene que ser "seria, ir al fondo de la verdad y saber qué ha sucedido".

¿Por qué todas esas dudas? ¿Por qué esa insistencia sobre la entereza de la comisión? ¿Es que, antes del parto, el próximo martes, ya se sabe que nacerá con malformaciones?

Desde luego, ha sido una gestación, y por ello también lo será su alumbramiento, rodeada de polémica. Que nadie olvide que el Parlamento acogerá una comisión de investigación después de 17 años y de rebote, propiciado por la necesidad del PSOE de asociarse con IU para continuar en el Gobierno autonómico. La formación de izquierdas no podía renunciar a una petición que había venido exigiendo a gritos en la legislatura anterior: la creación de una comisión que investigara qué ha pasado con los ERE. Los socialistas accedieron. Ya no podían seguir rechazándola como hicieron en el período legislativo anterior. Sus números, sus votos en la Cámara, ya no lo hacían posible.

Esta "componenda", a juicio de los populares, ha rodeado a la comisión que empieza el martes sus trabajos de encontronazos políticos. La misma elaboración del listado de comparecientes resultó un camino sinuoso. La selección de los nombres y apellidos, las fechas, su duración, el método y la propia documentación han sido motivo de bronca. No ha habido entendimiento alguno. Es más, el PSOE ha acusado al PP de utilizar en beneficio político propio la documentación aportada por la Junta a la comisión.

Es en este escenario en el que Ignacio García, acompañado por sus compañeros de formación José Antonio Castro y Alba Doblas, y por Antonia Moro, Enrique Benítez y Jesús María Ruiz, del PSOE; y por Carlos Rojas, Rafael Carmona y Teresa Ruiz Sillero, del PP, intentará derretir, en nueve días, la bola de nieve que ha crecido durante diez años, y de la que se empezó a tener noticia cuando en febrero de 2009 dos empresarios del Grupo La Raza grabaron y denunciaron un chanchullo: la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros que presuntamente les habían hecho directivos de Mercasevilla si querían ser los adjudicatarios de una escuela de hostelería.