Andalucía flexibilizará los usos del suelo y que no sean educativos o sanitarios de forma preestablecida

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha apuntado alguno de los puntos en los que se sustentará la nueva ley de vivienda que prepara su departamento para hacer frente al déficit de más de 90.000 viviendas que, según el banco de España, faltan en Andalucía. En una comparecencia en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, la consejera ha adelantado que se busca "potenciar las recetas que permiten allanar el camino para la construcción de viviendas a precio asequible". En este punto, ha recordado que la Consejería está analizando las 35 alegaciones recibidas en el periodo de consulta pública. En este sentido, ha asegurado que "han gozado de muy buena acogida las medidas urbanísticas" en las que "se apuesta por la flexibilidad de los suelos residenciales terciarios y de equipamiento, que no tengan uso educativo y sanitario preestablecido", para ponerlo al servicio de los promotores.

Díaz ha advertido de que la "emergencia habitacional" solicitada por la patronal andaluza de la construcción requiere de un "riguroso debate jurídico" y ha defendido un "modelo propio" en materia de vivienda "alejado del intervencionismo" que quedará plasmado en la futura ley que convertirá a la comunidad "en la primera" en "dar soluciones reales a un problema que se ha convertido en el gran reto social" de la actualidad. No obstante, ha aclarado, "se alinea con la visión que hemos querido plasmar en la Ley con la delimitación de lo que hemos denominado como áreas prioritarias de vivienda. Áreas donde los conceptos de prioridad y de emergencia van de la mano".

La responsable autonómica ha arremetido nuevamente contra la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, "ideologizada y populista", porque "un año y medio después, no sólo no ha resuelto los problemas de acceso a la vivienda sino que los ha agravado hasta convertirlo en una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos". "Acceder a una vivienda digna es literalmente imposible" tanto en propiedad como en alquiler. "Tanto es así que podríamos asegurar que el mercado de la vivienda libre vive la peor situación de la historia reciente. El PSOE y sus erráticas políticas han sido y siguen siendo un vector clave para el encarecimiento de la vivienda".

Por parte del grupo parlamentario socialista, la diputada Isabel Ambrosio ha apuntado a la "falta de decisiones" del Gobierno de Juanma Moreno como "responsable" de que la subida del precio de venta de una vivienda en Andalucía esté en un 4% cuando la media española está en el 2,1%; y el coste del alquiler está en un 32,2% frente al 30,1% que ha subido de media en España. "La falta de decisiones para atajar el problema se suma a las imposiciones de un modelo de políticas del PP que se resumen en algo muy básico: para Moreno, la vivienda es una actividad económica más, es un negocio". Ambrosio le ha recriminado a la consejera la ejecución presupuestaria de las partidas de vivienda, que ha cifrado en un 29% de los 657 millones de euros previstos.

Igualmente, ha afeado al Gobierno andaluz que retire la protección de las VPO una vez pasado los diez primeros años, "una medida que va en sentido contrario a lo que debería perseguir el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía".

En este punto, la consejera le ha recordado a la diputada socialista que las partidas autonómicas de vivienda están "al 100 por 100" de ejecución y que el Gobierno tiene "congeladas" desde 2018 las transferencias para este capítulo, de forma que los recursos que llegan son sólo "fondos europeos". En cuanto a la desclasificación de las VPO en una década, ha recordado al PSOE que el Constitucional dio la razón a Andalucía en su recurso contra la Ley estatal y, concretamente, en lo concerniente a la vivienda protegida.