Andalucía descarta medidas "intervencionistas" en vivienda como las "zonas tensionadas" pese al "chantaje" del Gobierno

La Junta de Andalucía ha criticado este jueves el "chantaje" que, en su opinión, ha lanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a las comunidades autónomas a propósito de la aplicación de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, y en todo caso ha descartado aplicar medidas "intervencionistas" que "no son de obligatorio cumplimiento como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler".

Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han reaccionado así después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, haya advertido este jueves de que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda.

"Las manifestaciones de la ministra son inaceptables y la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de (Pedro) Sánchez", han replicado desde la Consejería que dirige Rocío Díaz en declaraciones recogidas por Europa Press al hilo de dicha advertencia de Isabel Rodríguez.

La Consejería acusa a la ministra de lanzar "un chantaje a las comunidades autónomas para que nos sumemos a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda".

Dicho esto, desde el departamento que dirige Rocío Díaz advierten de que "Andalucía aplica las leyes aprobadas, como no puede ser de otra manera, pero no se va a plegar ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento, como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler por muchas amenazas que recibamos".

"Esas partidas se la han ganado las comunidades autónomas por asumir la gestión de una competencia tan sensible como es la vivienda", han añadido las mismas fuentes, para remachar a continuación que "estas medidas intervencionistas no sólo no las vamos a aplicar, sino que ni siquiera hay ayuntamientos que nos soliciten ponerlas en práctica en sus ciudades".

Al hilo, desde la Junta apostillan para concluir que hay "ejemplos claros en toda Europa de que estas políticas no funcionan y causan el efecto contrario al deseado: dispara los precios, retrae la oferta y desprotege al propietario", zanjan desde el Gobierno andaluz.