Andalucía sería una de las comunidades mas afectadas de no darse el acuerdo con Muface: existen ya "centenares de correos electrónicos" que recogen las denuncias

El conflicto entre el Gobierno y los funcionarios a costa de Muface parece lejos de terminar. Este sábado se concentraron más de 35.000 empleados públicos de toda España frente a la Dirección General de Muface en Madrid. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que, pese a que el convenio actual vence el próximo 31 de enero, existen ya "centenares de correos electrónicos" que recogen las denuncias y reclamaciones de los afectados por esta crisis. Es por eso por lo que el sindicato mayoritario de los funcionarios no descarta ninguna medida de presión, "incluida una huelga en las administraciones públicas".

Cerca de 1,5 millones de funcionarios en España —un millón, usuarios de la sanidad privada— se verían afectados en el caso de que no se alcanzase un acuerdo entre el Gobierno y las aseguradores que proporcionan en la actualidad cobertura a la mutualidad —Asisa, DKV y Adeslas—. Andalucía, con unos 340.000 asegurados, sería una de las comunidades autónomas más afectadas si no se renovase el convenio. Es más, el fin de Muface se traduciría en el incremento en un 4,6% de la población sanitaria mayor de 65 años, que pasaría a estar cubierta por el Servicio Andaluz de la Salud (SAS), un 2,9% más en términos generales, según datos del Ministerio de Sanidad.

Andalucía sería de este modo la región con más mayores de 65 años que pasarían a ser atendidos por el sistema público de salud, por encima de otras como Extremadura o la Comunidad de Madrid, ambas con un 4,5%. Un dato que contrasta con otra estadística que encabeza Andalucía: ser la comunidad con menor gasto sanitario medio por habitante (1.533€). En el lado opuesto, el incremento de la presión asistencial sería inferior al 2% en País Vasco, Navarra, Baleares y Cataluña.

El Gobierno, dispuesto a lanzar una nueva licitación

El Gobierno de España mantiene su voluntad de alcanzar un acuerdo con las aseguradoras y publicar una nueva licitación antes de que termine el año. Por el momento, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha realizado sendas consultas preliminares de mercado con DKV y Asisa, a la cual Adeslas no ha respondido. El objetivo de estas consultas habría sido establecer una dotación presupuestaria acorde a las pretensiones de las aseguradoras, que dejaron desierta la anterior licitación por considerar que la subida de primas planteada de un 17% en dos años era insuficiente.

Mientras, Sumar, que ostenta la cartera de Sanidad en el ejecutivo de coalición, apuesta por abordar el traspaso de mutualistas al sistema público, un órdago que volverá a lanzar en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este lunes. En concreto, los de Yolanda Díaz solicitan una prórroga de nueve meses una vez expire el actual contrato el 31 de enero de 2025 y cuantas fueran necesarias para llevar a cabo este proceso de transición, que afectaría también a los usuarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Para ello, plantean que la financiación de Muface sea transferida plenamente al sistema público de salud.

La Junta de Andalucía insta al ejecutivo central a dar una "solución" a Muface, en lugar de "cargar" con 400.000 personas más al SAS, "ya al límite", en palabras de la portavoz del gobierno autonómico, Carolina España.