Más de 22.500 andaluces esperan para cobrar su prestación por dependencia
El Gobierno central anuncia 738 millones de euros para todas las comunidades
La Junta pide un cambio de modelo y asegura que pierde 200 millones de euros este año
Moreno: "Es imposible que haya igualdad entre españoles si no hay solidaridad territorial"
La primera fase, la de evaluación ya la han pasado pero todavía no han recibido la ayuda económica que se les reconoce formalmente. Según el último dato oficial (que es del 31 de mayo) en Andalucía hay 22.581 personas que tienen reconocido un grado de Dependencia pero que siguen en la lista de espera para poder cobrar las ayudas que les corresponden según la ley vigente.
Según los datos oficiales del Gobierno andaluz -la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad-, esta cifra supone una reducción considerable respecto a 2018, exactamente un 70% en la lista de espera. Claro que estos datos se refieren sólo a las personas que ya conocen su valoración y van a recibir la prestación correspondiente. La Junta no cuenta a los que están a la espera de la valoración del grado de dependencia porque entiende que no estarían ajustados a la realidad ya que algunas de esas personas no tendrán derecho a la prestación una vez que pasen por el proceso de valoración.
Beneficiarios
Andalucía es la comunidad autónoma que más beneficiarios tiene por la Ley de Dependencia, ya que 1 de cada 5 procede de esta tierra. En números absolutos eso se traduce en 286.788 personas que cobran hasta 423.000 prestaciones diferentes dependiendo de sus necesidades.
El Gobierno andaluz defiende un nuevo modelo de reparto de los fondos para atender a estas personas ya que considera que el modelo actual ni cubre las necesidades reales de la población (cada vez más envejecida) ni sufraga el 50% del coste total de la Ley de Dependencia tal y como establece la normativa. Según la información aportada este lunes por el ministerio, Andalucía va a recibir 143,3 millones de euros para sufragar la atención a la dependencia este año, “doscientos millones de euros menos de lo que correspondería a Andalucía si no estuvieran prorrogados los Presupuestos Generales del Estado para este año”.
La consejera de Igualdad, Loles López, defiende que el porcentaje actual es del 70% frente al 30% de fondos que aporta el Gobierno central. Reconoce, eso sí, que la intención del ministro Pablo Bustinduy es llegar a cumplir este 50% del coste total de la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía. Un compromiso que le trasladó en una reunión bilateral que ambos mantuvieron en Córdoba y que reiteró en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia a todas las comunidades autónomas.
Bustinduy anunció en este foro que sólo en este año va a transferir a las autonomías un total de 738 millones de euros, “la misma cantidad que en toda la legislatura anterior” con el objetivo, precisamente, de atender las demandas históricas de las comunidades autónomas.
Una cifra que nunca se había alcanzado hasta ahora y que pretende impulsar la transición hacia otro modelo de cuidados de las personas dependientes que es el objetivo del ministro de Sumar.
Colapso
Y aquí hay otro punto de discrepancia entre el ministerio y las comunidades autónomas porque está en marcha una reforma de la Ley de Dependencia que es de 2006 y se ha quedado obsoleta en muchos de sus aspectos. El ministro Bustinduy ya ha anunciado una reforma completa de esta norma y ha pedido la colaboración a las comunidades autónomas.
Desde Andalucía, Loles López defiende que hay que revisar la financiación, “el sistema no puede esperar más porque está abocado al colapso”. Porque tampoco comparten que el aumento presupuestario anunciado por el ministro vaya a suponer reducir la factura de la dependencia para la Junta de Andalucía. “Este incremento está ligado a nuevas obligaciones que superan en coste el aumento recibido por Andalucía. De este modo se agrava la infrafinanciación que sufre la comunidad.
Tarjetas monedero: Sólo 319 tiendas en Andalucía la admiten
La gestión de las tarjetas monedero con las que las personas vulnerables pueden adquirir alimentos y productos de primera necesidad a bajo precio en los establecimientos comerciales también está rodeada de polémica y fue objeto de debate en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebró este lunes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El Ministerio de Derechos Sociales inició este programa realizando una adjudicación directa a la Cruz Roja para la gestión y el reparto de las mismas, debido a la complejidad jurídica para que las cadenas de supermercados o las tiendas convencionales recibiesen la subvención con la que pagar parte de los alimentos. Un modelo que desde la Consejería de Inclusión Social no comparten porque consideran que no cubre las necesidades particulares que tiene Andalucía. Ahora y con este sistema, en la comunidad autónoma sólo 319 establecimientos comerciales admiten esta tarjeta monedero como medio de pago, unos supermercados que están situados en 120 municipios de los 785 con los que cuenta Andalucía.
Desde Igualdad explican que las personas vulnerables no pueden desplazarse de un pueblo a otro para ir a comprar precisamente porque tienen dificultades económicas graves.
Este modelo de gestión por parte del Ministerio de Derechos Sociales finalizará el próximo mes de diciembre y el objetivo del Gobierno y de las comunidades es extender este programa de emergencia desde enero de 2025 hasta diciembre de 2027, si bien no está claro cómo se hará esta gestión. El ministerio ha planteado una propuesta para seguir trabajando en este sentido y ha habido acuerdo unánime para hacerlo. Hay sólo seis meses para resolverlo.