La Junta aduce cinco artículos de la Constitución contra la Ley de Amnistía

Los argumentos jurídicos están prácticamente elaborados y los trámites legales también. El Gobierno andaluz tiene preparado su plan de trabajo para formalizar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía. Y defiende en público y en privado que no se trata de una estrategia política del PP sino de una defensa de los intereses de los andaluces.

Es más, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, explicaba que conocía los pasos que iban dando el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP “por la prensa... y por algunas conversaciones que haya podido tener”.

El caso es que el Gobierno andaluz quiere presentar su recurso de inconstitucionalidad contra esta ley a la mayor brevedad posible. Es, incluso, optimista con los plazos de tramitación en el Tribunal Constitucional del mismo por más que no puede demandar una suspensión cautelar de la ley porque no tiene competencias para ello.

La base jurídica del recurso de la Junta se cimenta en el hecho de que no cabe la amnistía para personas concretas y por hechos penales determinados, y plantea cinco principios básicos.

Intromisión

Así, entiende que, en primer lugar, vulnera el artículo 117 de la Constitución Española ya que atenta contra la separación de poderes, que es un pilar del Estado de Derecho, porque el legislativo se arroga el derecho exclusivo de juzgar que tienen los tribunales de Justicia. “Hay una clara intromisión del legislativo en el poder judicial” en palabras de Antonio Sanz. “No se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes”.

También recoge la vulneración del artículo 14, el que consagra la igualdad ante la ley de todos los españoles. El Gobierno andaluz considera que por unos hechos ilícitos, “unos españoles deben responder y otros, por los mismos hechos y en el mismo ámbito temporal, quedan exonerados”. Es más, el Ejecutivo regional entiende que el Estado “pide perdón lo que crea un gran ámbito de impunidad”.

En el recurso que se está preparando también se detalla que la Ley de Amnistía rompe el principio de seguridad jurídica porque define un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, “ya que abre un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos no se aplican las leyes vigentes”.

Las víctimas

Los argumentos jurídicos recogidos en el recurso que está preparando la Junta también incluyen los perjuicios a las víctimas de los delitos que se cometieron. “Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que tenían las víctimas, entre las que se encuentra la propia administración”, aunque también los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resultaron heridos durante las manifestaciones en las calles.

Asimismo, la Junta alerta de que la amnistía supone la “extinción de las responsabilidades civiles y contables de manera que los menoscabos de fondos públicos quedarán impunes”.

El quinto principio que argumenta el recurso en el que trabaja el Gabinete Jurídico de la Junta, entiende que la Ley de Amnistía que ha aprobado el Congreso de los Diputados vulnera además “la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al resultar arbitraria e injusta en la medida en que los actos previos, simultáneos y posteriores a su aprobación tienen como única finalidad la de servir a los intereses políticos de los grupos que la han apoyado”.

Con todos estos argumentos, el Gobierno andaluz argumenta, además, que presentará todos los argumentos jurídicos que ha elaborado el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, “y todos los letrados que no dependen del Gobierno”. “Hubo un acuerdo para humillar al estado y doblegar la Constitución”, defendía Antonio Sanz.