El alcalde accidental de Estepona declara dos horas como imputado

La atención que durante días despertaron los juzgados de Estepona por el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño, se trasladó ayer a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde prestaron declaración por orden de la instructora del caso, entre otros, el alcalde accidental de la localidad, Rafael Montesinos (PA), y la coordinadora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

También pasaron por las dependencias policiales el gerente de Urbanismo del Ayuntameinto, Juan Manuel Ramos, y el abogado Ignacio Pérez de Vargas, miembro de la Fundación Antonia Guerrero, que impulsa la puesta en marcha de la Ciudad del Conocimiento. El martes a última hora de la tarde también declaró en la comisaría el edil del PP Guillermo Galeote.

Montesinos, que asumió la Alcaldía en funciones tras la detención del socialista Antonio Barrientos, ahora en prisión por este caso, llegó a la comisaría a primera hora de la tarde y declaró durante aproximadamente dos horas ante los investigadores. Eludió en todo momento aclarar si acudía como imputado o testigo y se limitó a decir que estaba dispuesto a "colaborar con la Justicia en todo lo posible".

Por la mañana compareció ante la Policía Patricia Rojo, que prestó declaración como imputada en las diligencias, informa Efe. La coordinadora de Urbanismo permaneció más de cuatro horas en el interior de la comisaría, de donde salió sobre las 14:30. Abandonó las dependencias evitando en todo momento a los medios de comunicación que esperaban su salida.

Rojo fue propuesta por el PSOE en el anterior mandato de la Corporación, cuando los tres partidos integrados en el pacto de gobierno -PSOE, PES e IU- diseñaron una Gerencia de Urbanismo mancomunada con responsables de los tres partidos.

Los concejales socialistas expulsados del PSOE Asunción López, Mariví López, Marisa Rodríguez y Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza por la operación Astapa, emititieron ayer un comunicado conjunto para anunciar su decisión de mantener sus actas porque "somos inocentes de las hechos que se nos imputan".

De los imputados por la operación que quedan por abonar la fianza impuesta por la juez del caso, Mariví López (30.000 euros) lo hará mañana tras pedir una ampliación del plazo. El abogado Juan Simón ha solicitado una reducción de su aval de 300.000 eruos que fijó la instructora. En total, 18 de los 26 detenidos están en libertado con cargos y bajo fianza.