Aguayo: condena anulada, tras un año y medio en la cárcel de Alcalá de Guadaíra

Ni indultada ni amnistiada ni perdonada, la condena que envió a prisión a la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo no fue justa porque no se respetó la presunción de inocencia ni el principio de legalidad penal y, por tanto, decae en su integridad. Ésa es la tesis que la magistrada Inmaculada Montalbán defenderá la semana próxima en el pleno del Tribunal Constitucional, una ponencia que anula la condena por malversación, aunque Martínez Aguayo ha cumplido un año y medio de prisión en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. En la actualidad, la ex consejera se encuentra en el tercer grado y debe ir a dormir todas las noches al Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa, un edificio de Sevilla I. La publicación de la sentencia también dejará sin efectos este castigo.

Carmen Martínez Aguayo (Madrid, 1953) fue la primera condenada de la sentencia de los ERE que ingresó en prisión. Una vez que se hizo efectiva la condena de la Audiencia de Sevilla, decidió entrar en Alcalá de Guadaíra antes de agotar el límite marcado por los jueces, ingresó el 28 de diciembre de 2022, y allí estuvo hasta el pasado 10 de junio, cuando consiguió el tercer grado. Pocos días después, la prisión fue clausurada y las presas, trasladadas, aunque Aguayo ya pasba las noches en el centro de inserción social.

Durante estos meses, la ex consejera ha estado colaborando en la enfermería de la prisión, y es que quien también fuese la gerente del SAS en los años noventa era auxiliar de clínica, después se graduó como ATS y, finalmente, como médica con dos especialidades de MIR aprobadas. Cuando dejó la consejería con el primer Gobierno de Susana Díaz, no solicitó la excedencia a la que tenía derecho y ejercía como médico de Atención Primaria en el centro de salud del Cachorro, en Sevilla.

Martínez Aguayo fue una de las personas del entorno de José Antonio Griñán que fueron protagonistas cuando se produjo el relevo de Manuel Chaves. Ella había participado en el Informe Abril, un estudio sobre la sanidad pública que Felipe González encargó a un grupo de expertos en homenaje al ministro de Adolfo Suárez. Griñán fue ministro de Sanidad, y fue entonces cuando conoció a Aguayo.

Desde 2004 a 2009 fue la viconsejera de José Antonio Griñán en el deparlamento de Hacienda. Después, de 2009 a 2013, fue la titular de la consejería, ya con Griñán de presidente. En marzo de 2011, cuando se conoció que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, había enviado a Griñán varios informes en los que se advertía de riesgo de irregularidades en las ayudas de los ERE, Aguayo dio una rueda de prensa en la que aseguró que nunca comentó estos requerimientos con su jefe. Mantuvo la misma versión durante el juicio que se celebró en la Audiencia de Sevilla.

Aquella confesión de la consejera causó bastante sorpresa entre los periodistas que fueron convocados a la sede de Hacienda, ya que se podía vislumbrar por entonces que le acarrearía consecuencias penales. Aguayo era conocida en la Junta y en el PSOE por su rigor técnico, incluso por una dureza en un modo de gestionar que ya la hizo muy conocida en sus tiempos de la gerencia del SAS, que es el departamento que más dinero y contratos maneja de toda la administración autonómica. Durante sus años de consejera, fue una mujer poco dada a las excentricidades dialécticas y a la crispación.

La ponencia del Constitucional sostiene que esos informes suponían una alerta pero no advertían de las ilegalidades de la gestión, que fue casi el mismo argumento que ella ha venido esgrimiendo desde 2011. "Una controversia", había sostenido sobre ello. En este desenlace judicial también ha contado que el interventor fue declarado inocente por la Audiencia de Sevilla casi por los mismos motivos esgrimido por los responsables de Hacienda.