La ventana
Luis Carlos Peris
Reventa y colas para la traca final
El Acuerdo por Doñana firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene como punto clave las ayudas ofrecidas a los agricultores con hectáreas en el entorno de hasta 14 municipios de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Según han señalado los firmantes, las ayudas a los productores llegarán a los 100.000 euros por hectárea. Hay que tener en cuenta que el precio por una hectárea de regadío en dicha zona ronda lo 30.000 euros y, si se tiene en cuenta que no se pierde la propiedad del terreno, hay que entender el entusiasmo con el que los productores recibieron el contenido del pacto.
Estas ayudas llegarán de común acuerdo entre todas las administraciones implicadas en el mismo, es decir, el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva que se ha sumado al mismo. Según el Ministerio de Transición Ecológica, la ayuda por hectárea en lo que se refiere a la renaturalización de los terrenos, es decir, la reversión de dichas superficies a uso forestal llegará a un importe de 7.000 euros por hectárea satisfecho a lo largo de diez años. A esa ayuda total (70.000 euros) se añaden 20.000 de la Junta y 10.000 de la Diputación, aunque en este caso se abonarán a lo largo de cinco años.
Esa al menos fue la intención anunciada en la rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy en Almonte. Posteriormente han surgido diferencias en cuanto a la forma y a la duración de los pagos, es decir si se paga en una década o en un lustro.
Entre los requisitos que hay que aportar para recibir estas ayudas, está el compromiso de "mantener el uso forestal de la superficie por la que reciben la ayuda durante un periodo no inferior a los 30 años", pero en ningún caso se pierde la propiedad de dichos terrenos.
Tal y como ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los agricultores afectados celebraron "en el día de ayer una asamblea en la que se aceptó por unanimidad la propuesta", por lo que ha querido "agradecerles su disposición". También la Plataforma de Regantes en boca de su presidente, Romualdo Macías, ha reconocido el "hito" que se ha conseguido ya que "por fin se han reconocido los problemas" del Condado de Huelva. "Estos meses y años atrás han sido muy duros. Los agricultores del Condado no nos merecemos pasar por lo que hemos pasado, por eso para nosotros hoy es un día importante, porque también se ha reconocido que había un problema y hemos demostrado que somos gente sensata y humilde y con capacidad de negociar".
No es la única línea de ayudas prevista en el Acuerdo alcanzado durante el día de ayer. También hay un capítulo para la conversión de los actuales cultivos de frutos rojos en otros de secano que no suponen afectación alguna sobre el acuífero. Éstos pueden ser vid, olivos, almendros y cultivos industriales, es decir remolacha azucarera, girasol o colza. En este caso, las ayudas procedentes del Ministerio llegarán a 2.500 euros por hectárea a lo largo de un periodo de 5 años, a lo que hay que añadir lo que aporten Diputación y Junta de Andalucía.
Por último, según el documento al que ha podido acceder este periódico, se contempla una línea de ayudas para la reconversión hacia modelos de producción ecológica. Estas subvenciones serían complementarias a las que ya reciben los agricultores de la comunidad autónoma por esa transformación, a las que hay que sumar ahora un complemento de 1.000 euros pro hectárea y año con un máximo de 5 anualidades.
Para estas ayudas no hay una limitación, y cualquier vecino con hectáreas en el área de influencia puede solicitar el acompañamiento para reforestación, cultivo de secano o agricultura ecológica.
Es obligatorio cumplir todas las normas de agua para acceder a las mismas, pero en cualquier caso, tampoco estarían excluidos, tal y como ha recordado la ministra, quienes tengan procesos sancionadores por el mal uso de los recursos hídricos. Ribera fue contundente: "para esto no hay amnistía", por lo que quienes estén en curso de ser sancionados o lo hayan sido ya, deberán satisfacer las multas por extracción de agua del acuífero.
También se ha especificado un plan de medidas en materia de infraestructuras hidráulicas dotado con 334 millones de euros, la partida más importante que la Junta de Andalucía invertirá en dicha zona y que igualan los 700 millones que el Gobierno central está dispuesto a poner sobre la mesa.
Las cantidades mayores de este capítulo son las cinco actuaciones en colectores de la provincia de Sevilla, las estaciones depuradoras de Huelva, La Antilla, El Rompido, Mazagón, Copero y Matalascañas que intentan que la presión sobre el acuífero no crezca; la mejora de conducciones en el embalse del Andévalo, los trabajos de mejora en el abastecimiento en la Sierra de Huelva o la agrupación de vertidos de Isla Mayor.
Además, hay 251 millones de euros con cargo a fondos Feaga y Feder de medidas vinculadas al sector agrícola y ganadero; 21,3 millones para el sector forestal y medio natural; 96,3 millones de euros para desarrollar el espacio natural de Doñana y 23,5 millones para el sector pesquero.
"Doñana es el humedal más importante de España y uno de los principales de Europa. No podemos pasar por alto las presiones que se ejercen sobre él", ha indicado la vicepresidenta tercera del Gobierno. Para la ministra "este paraje ya no es un lugar remoto, sino un espacio situado en una comarca densamente poblada, y mantener Doñana requiere poner límites a la presión humana" de ahí que la inversión prevista "tenga que ser bien invertida en las personas y los ecosistemas".
Con este acuerdo, "ponemos fin a presiones y nos compromete con vecinos y municipios", ha dicho, lo que "refleja nuestra convicción de que debemos responder a los mandatos de la ley que subraya la trascendencia que tiene que las generaciones de hoy velemos por los tesoros que tenemos y las leguemos para el futuro".
Entre este marco de actuaciones destacan los 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial; y 156,2 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas.
El acuerdo recoge la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana, por lo que se compromete a poner 30 millones para proyectos de energía renovable y eficiencia energética e impulsar con 70 millones iniciativas y proyectos de los catorce ayuntamientos del área de influencia de Doñana. También destina 32 millones a mejorar las condiciones de habitabilidad de los temporeros que cada año acuden a Huelva en época de recolección o crear la Marca Doñana como garantía de calidad y sostenibilidad para productos y servicios como el hotelero.
Uno de los efectos inmediatos que ha supuesto el Acuerdo de Doñana, es la consideración jurídica de la proposición de ley que hace dos años abrió un enfrentamiento entre la administración central y autonómica como no se recuerda. La medida todavía permanece en el Parlamento, en teoría activa mientras culminaban negociaciones y así permanecería hasta el final de la legislatura, tal y como sucedió con las dos que presentó el PP con Vox y Ciudadanos a comienzos del año pasado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido tajante al anunciar que "una de las primeras medidas de este Acuerdo es que la proposición de ley que estaba a la espera de la votación en el Parlamento para su aprobación definitiva. La iniciativa será retirada de manera inmediata", aunque falta por esclarecer la manera concreta de llevarla a cabo. También fue llamativa la respuesta que Juanma Moreno ha ofrecido cuando se le ha cuestionado sobre el clima de enfrentamiento que ha habido no sólo entre las dos administraciones, sino con las instituciones europeas: "se me ha olvidado todo lo que dije", concluyó.
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