Las adopciones internacionales en Andalucía caen a niveles de hace 25 años

En 1993 hubo siete adopciones de menores extranjeros en Andalucía. En 2018, fueron 44. De por medio, un cuarto de siglo que ha sido como una montaña rusa con un pico de 811 llegadas en 2004. Desde hubo una reducción paulatina que pareció estabilizarse en 2017.

¿Por qué? Los factores son, sobre todo, externos, pero en la Administración autonómica son optimistas. Hay menos adopciones internacionales porque los países que tradicionalmente eran emisores de menores en desamparo han mejorado sus sistemas de protección infantil. “Hay que entender esta circunstancia como positiva, pues se prioriza el interés superior del menor”, explican en la Junta.

Desde la llegada de los primeros niños, en 1993, hasta que se alcanzó el pico de 2004, las familias andaluzas vieron en la adopción internacional una alternativa para tener hijos. Hubo un verdadero boom se mantuvo incluso cuando las adopciones empezaron a complicarse. De hecho, el pico de solicitudes aprobadas por el servicio de Adopción Internacional de la Junta se alcanzó en 2006, con 1.384.

Las dificultades generadas en los últimos años han provocado que 2018 fuera el año con menos procesos iniciados desde que hay registros, con sólo 36 expedientes. “Hubo una revolución, que se ha modulado”, apuntan desde la consejería, donde todavía trabajan con los expedientes generados a mediados de la década pasada.

¿De dónde proceden los que llegan a Andalucía?

Lo que no ha cambiado es el país de procedencia de la mayoría de los menores que llegan a Andalucía. China, con 15 niños, encabeza la clasificación, seguida por India, con nueve. En el gigante asiático, por ejemplo, se endurecieron las condiciones para las familias, que debían tener un determinado nivel de formación, renta y patrimonio. Rusia también endureció las condiciones y en 2018 no hubo ni una solicitud de adopción en el país eslavo.

La dilación en el tiempo y los costes asociados a estos procesos son también motivos de peso para la reducción que han experimentado en los últimos 15 años. Hay estados que obligan a los padres interesados a convivir con el menor en el país de origen. El periodo puede variar desde 15 días hasta seis meses, que es el tiempo que, hace no tanto, tardaba en culminarse el proceso de adopción de una niña china.

La estancia y la manutención del menor tiene unos costes que no todo el mundo puede afrontar. Y a esa inversión hay que añadir los viajes y el precio de los trámites legales o el asesoramiento legal necesario. Según explican desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que gestiona las adopciones internacionales, la horquilla va desde los 7.500 euros de Colombia o China a los 19.000 de Rusia o Polonia.

No todos los países son emisores de menores en desamparo. De hecho, cada vez son menos y, en muchos casos, los niños que no pueden atender en sus sistemas de protección son los que tienen necesidades especiales o grupos de varios hermanos que no quieren separarse. Por ejemplo, en los países islámicos no existe la práctica de la adopción, apuntan desde el departamento de Rocío Ruiz, sino una suerte de acogimiento.

Además, no todas las familias son aptas. Sólo Brasil permite la adopción para parejas homosexuales. Por último, los países que acumulan menores en desamparo –porque han pasado por un conflicto bélico o han sufrido una catástrofe natural– no están abiertos, por ley, a las adopciones internacionales. En esos casos, explican en la Junta, no podría garantizarse la transparencia del proceso, que sería susceptible de ser corrompido. “No se puede pagar por una adopción”, zanjan las fuentes de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Un caso paradigmático de esta casuística es Haití, que tras el terremoto de 2010 tenía a unos dos millones de niños con necesidad de atención. La ley prohibía que esos niños se embarcasen en procesos de adopción, pero ahora, casi una década después, se las autoridades del país caribeño se están planteando volver a abrir el cupo. Los países americanos fueron los primeros emisores de menores susceptibles de adopción internacional, luego se incorporaron los de Europa del Este y, finalmente, China y los países africanos.

La Comisión Interautonómica de Directores Generales de Infancia es el organismo que decide con qué países se pueden tramitar adopciones y será también quien ponga en marcha el nuevo reglamento elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que entra en vigor el 4 de julio. La nueva norma, además de unificar criterios y precios de los trámites, dará más seguridad jurídica a las familias servirá para que la dilación del trámite no suponga un aumento de costes inasumible.