Los acusados en el caso Nevada se muestran convencidos de su legalidad
El ex alcalde y el ex edil de Urbanismo defienden que las "observaciones" de Obras Públicas al centro comercial de Armilla fueron subsanadas antes de su aprobación
La primera sesión del juicio del caso Nevada se desarrolló ayer sin grandes sorpresas. Y durante los interrogatorios ocurrió también lo esperado: los principales acusados negaron haber actuado fuera de la legalidad. Sólo fueron interrogados el ex concejal de Urbanismo de Armilla Gabriel Cañavate, el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara y el promotor del centro comercial, Tomás Olivo, como propietario de la empresa General de Galerías Comerciales.
Los dos primeros aseguraron de forma tajante que cuando se aprobó el Plan Parcial del Nevada nunca creyeron que pudiera haber ninguna disposición contraria al ordenamiento jurídico. Ambos recordaron que la aprobación de dicho plan para levantar en el pago de la Cerraca la construcción promovida por Olivo "no fue recurrida a posteriori" en la vía contencioso administrativa por la Junta.
Tras la aprobación inicial del plan, en enero de 2005, se solicitó el preceptivo informe, "pero no vinculante", a la delegación de Obras Públicas, que lo emitió el 25 de mayo de ese año. En él, según el fiscal, se ponían bastantes "reparos" a la obra proyectada y se advertía de la posible ilegalidad del proyecto. Sobre este punto, tanto Morales como Cañavate precisaron que no se trataba de reparos, sino de "observaciones", que fueron subsanadas antes de la aprobación definitiva del plan.
En una reunión con Obras Públicas, "se aclararon prácticamente la totalidad de las observaciones, que desde mi punto de vista eran erróneas", afirmó Cañavate. Morales concretó algo más y explicó, por ejemplo, que Obras Públicas advertía en ese documento que el plan parcial podía afectar a un cauce público, cuando no había ningún río afectado. La aprobación definitiva se realizó condicionada a tres puntos: que la calle posterior del centro pasara de 11 a 12 metros; que todos los aparcamientos fueran públicos y que toda la construcción por debajo de rasante fuera de aparcamiento público.
El ex alcalde declaró que estuvo en todo momento convencido de que el plan parcial "respetaba las normas subsidiarias de Armilla y la legalidad vigente". Negó así que la edificación vulnerase alturas y recalcó que el proyecto se aprobó "por el interés general" del municipio y sin ningún tipo de urgencia, y recordó además que empezó a tramitarse en 1996.
El ex edil y el ex alcalde admitieron que en el expediente del Nevada no existía un informe del letrado municipal "porque no se emitió".
Morales dejó claro, al igual que el ex concejal de Urbanismo, que durante la tramitación del Nevada, el secretario municipal -que era según ellos quien custodiaba el expediente- nunca les advirtió de "ninguna ilegalidad", sino que tan sólo les hizo una "advertencia verbal" de que faltaba el informe del letrado municipal. "En otros expedientes ha faltado también el informe del letrado y no ha conducido a donde estoy yo ahora", se quejó Morales.
En cuanto a un informe calificado por el fiscal como "fantasma", elaborado por el abogado del Ayuntamiento, no incluido en el expediente y por lo visto contrario al Nevada, ambos acusados afirmaron haberse enterado de su existencia durante la instrucción del caso, que fue realizada por el juez de Instrucción 6, Miguel Ángel del Arco. "Me hubiera gustado que hubiera sido incorporado al expediente, por entender que eran apreciaciones subsanables", confesó el ex alcalde, que por dicho documento está procesado, como Cañavate, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Además está encausado por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. Ambos se enfrentan a dos años de cárcel y 20 de inhabilitación. Por su parte, Tomás Olivo, que se enfrenta a 26 meses de prisión, indicó que lo construido se adapta a lo proyectado inicialmente. Agregó que la Comisión Asesora de Comercio Interior de la Junta les sugirió, para concederles la licencia comercial, que hicieran unas instalaciones que dieran asistencia a todo el área metropolitana, de ahí, dijo, que compraran más suelo, y ha recordado que en la puesta de la primera piedra la clase política y económica "dio sus bendiciones al proyecto".
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