Acuerdo de Doñana: Un año de paz y pocos pero necesarios avances

Pasado mañana se conmemora el primer aniversario de una de las fotos más icónicas del año pasado. Después de dos años de enfrentamientos más que duros, en los que incluso se cruzaron descalificaciones personales (inolvidable aquel, “Juanma Moreno actúa con la arrogancia de un señorito andaluz”) Junta y Gobierno escenificaban frente a las marismas del Rocío, el denominado Acuerdo por Doñana. Doce meses después, valoraciones personales al margen, sí parece haber germinado un fruto esperanzador: el Parque Nacional, el espacio natural más importante de España y probablemente de Europa, ha dejado de estar en el centro de una polémica que no le beneficiada ni a él, ni a las generaciones que deben todavía disfrutar del mismo.

Habrá que recordar cómo se llegó a este pacto. Una proposición de ley que disfrazada de “mejora de ordenación de zonas agrícolas del Condado de Huelva” suponía un aumento de facto de la superficie regable, encendía la propicia mecha para el enfrentamiento entre las dos administraciones que incluso rebasó las fronteras nacionales. La Unión Europea respondía a través del comisario de Medio Ambiente con una virulencia poco diplomática y hasta la Unesco amenazó con desplazar a Doñana de cuantas listas estuviera presente. Una oportuna convocatoria electoral hizo decaer el primer intento de aprobarla. La segunda, ya con la mayoría absoluta del PP, fue presentada como el pago a una victoria en la provincia de Huelva con la que no se contaba y que quiso rentabilizar el ruido político. 

Las visiones de cada uno chocaban contra la pared del rival. Por un lado, el reconocimiento de unos “derechos adquiridos” por quienes llevan utilizando los recursos hídricos de un acuífero que ya no da más de sí. Por otro, la salvaguarda de los intereses económicos, de los puestos de trabajo, a veces parece que por encima de cualquier otra consideración. Meses de enfrentamientos y amenazas de plante. Por un lado, un hecho incuestionable: el acuífero estaba en situación crítica. Por otro, la determinación de cumplir con la promesa dada a los agricultores. 

Pocos apostaban en este ambiente por el Acuerdo anunciado entre ambas administraciones. Pero lo hecho es que se hizo. Quedaba el paso de convencer a quienes se aseguró que verían regularizada su situación. Esa fue tarea de la Junta y en ella se afanaron tanto el entonces consejero de Medio Ambiente y hoy de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, como el de Presidencia, Antonio Sanz, además de Moreno y Ribera. Ambos presentaron el acuerdo como la única alternativa posible. No obstante, conviene recordar, tal y como se encargó de hacerlo el ponente de la proposición y portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, que la iniciativa sigue en el cajón, probablemente en el suyo. Sólo se eliminaría en caso de presentarla y que los populares la rechazaran, algo que parece poco probable. Habrá que esperar al fin de esta legislatura para ir olvidándose de ella, aunque la amenaza de volver a debatirla, sigue presente.

En cualquier caso, las advertencias de instancias internacionales y la amenaza del Gobierno de recurrir la aprobación de la proposición ante el Tribunal Constitucional lo que, en la práctica, la paralizaría durante meses, surten efecto y a finales de noviembre se anuncia el Acuerdo por Doñana. En esencia supone la movilización de 1.400 millones de euros para fomentar la actividad económica y social del Parque Nacional y su entorno, así como para terminar con la sobreexplotación de un acuífero que ya no puede soportar una mayor presión.

Esa cantidad, que será puesta sobre la mesa durante los próximos cuatro años, será aportada a partes iguales por la Junta y el Gobierno central a través del Ministerio de Transformación Ecológica (Miteco) y en ella se incluyen a todos los sectores productivos. El Ejecutivo central lo vende como una victoria fruto de su presión política e institucional. La Junta se apunta también a la idea de “dar una solución a cientos de familias de la Corona Norte que se encuentran en un limbo jurídico desde hace años y que ven amenazado su futuro”. Y es que la parte sustancial de dicho acuerdo es la ayuda de 100.000 euros por hectárea a razón de 20.000 anuales a todos aquellos agricultores que dejen los cultivos para renaturalizar o reforestar esos suelos. De esa cantidad, el Ejecutivo central aporta el 70%, la Junta el 20% y la Diputación de Huelva el restante 10% aunque sólo para los agricultores onubenses. También sorprendió la ambición territorial del pacto, ya que ésta llega tanto a los municipios de la Corona Norte de Huelva, como a otros situados en el entorno del Parque en las provincias de Sevilla y Cádiz hasta contabilizar 14 localidades.

No obstante, tal vez lo más importante del Acuerdo no está en los números, sino en el logro de haber conseguido alejarlo de la polémica política. Toca comprobar si es de una manera definitiva y a partir de ahora los actores implicados se centrarán en los más que graves problemas ambientales de la zona, o retornarán las disputas en favor de réditos electorales.

¿Cómo está la situación un año después? Depende a quién se pregunte. El Gobierno presentará en los próximos días el Marco de Actuaciones para Doñana correspondiente al pasado mes de octubre. Según el documento al que ha tenido acceso este periódico destaca como uno de los elementos más visibles el cierre de pozos ilegales que asciende a 66 tomas precintadas, si bien “hay otras 19 medidas provisionales de otros tantos invernaderos en los que no se pudo detectar la procedencia del agua de riego, por lo que a todos ellos se les prohibió el mismo”. La superficie ilegal estimada que surtían esos pozos llega a las 229 hectáreas y el volumen hídrico es de 1.274.881 metros cúbicos anuales. Además, prosigue el informe, “se ha ejecutado el cierre de pozos legales vinculados a la concesión de aguas trasvasadas para la Comunidad de Regantes del Fresno. A fecha actual, se cerraron 450 captaciones entre las que se incluyen 82 pozos de cuya existencia no se tenía constancia con anterioridad. Con todo, el número total de pozos legales e ilegales cerrados en octubre de 2024, es de 1.033”.

Estas medidas, así como un mayor control de la actividad agrícola han constatado que la superficie fuera de ordenación (ilegal), en el entorno del Parque, ha disminuido de una manera considerable. Mientras que en la primavera de 2017 era de 1.143 hectáreas, en la actualidad es de poco más de 704. El problema es que todavía quedan todas esas por eliminar, aunque el hecho constatable es que se extrae menos agua del acuífero. A partir de ahora, los sistemas de teledetección anunciados por el Ministerio, deben entrar en acción.

También es un hecho que, tal y como han constatado los grupos previos a la celebración del Consejo de Participación del día de hoy, la situación del acuífero es la peor de su historia. La causa es obvia: se extrae más agua de la que se incorpora. 

Una de las voces más autorizadas para hablar de la situación del Parque es el coordinador Doñana de WWF España, Juanjo Carmona. Suya es la frase que, tal vez, mejor define la trascendencia del pacto: “la Administración tiene sus tiempos. Lo importante es que se ha suscrito. A partir de ahora toca aplicarlo”. Suya es también la sentencia de que “a partir de ahora hay que ocuparse del verdadero problema y es que el acuífero se encuentra en una situación absolutamente crítica. No podemos normalizar lo extraordinario”. Hace referencia a que la laguna más importante de todo el sistema, la de Santa Olalla, “se ha secado por tercer año consecutivo. Esto no puede formar parte de la normalidad de la situación de Doñana”.

A su entender, hay que acometer los conceptos recogidos en él para aplicarlos y que la introducción del Marco de Actuaciones, no siga recogiendo el siguiente párrafo: “la intensificación agrícola ha supuesto el deterioro del acuífero. Tres de las cinco masas de agua subterránea asociadas a Doñana (Rocinas,Almonte y Marismas) se han clasificado como en mal estado y se han declarado como en riesgo de no alcanzar el buen estado. El abastecimiento de Matalascañas afecta a las laguras peridunares. El desvío del Guadiamar ha supuesto una desecación de las aguas superficiales, la alteración en la red de la Finca Los Mimbrales causa graves problemas de erosión en el arroyo del Partido y hay problemas con la deficiente depuración de las aguas en núcleos urbanos que aumentan las concentraciones de nutrientes”.

Junta: En marcha todas las líneas de ayuda

Uno de los participantes en las negociaciones que concluyeron con la firma del acuerdo, fue Ramón Fernández-Pacheco, entonces consejero de Medio Ambiente y hoy de Agricultura. Según señaló a este periódico “la Administración andaluza tiene en marcha el cien por cien de las líneas que dependen de ella para su inicio. En general, las líneas que son competencia del Gobierno andaluz superan ya el 25% de ejecución. Se encuentran por tanto muy avanzadas si se tiene en cuenta que el plazo inicialmente establecido para el desarrollo del plan es de cuatro años”.

En el caso de las medidas ligadas a política hídrica y agricultura, el porcentaje de ejecución “incluso supera lo previsto inicialmente”.Así, hasta junio, la Consejería que ahora dirige, ha gestionado más de 53 millones de euros en medidas relacionadas con agricultura y ganadería, y otros 5 millones de euros relativos a pesca y acuicultura.

Además, el Gobierno andaluz tiene en marcha proyectos en ejecución y licitación en la provincia de Huelva por un total de alrededor de 240 millones de euros. Entre ellos, destaca la obra de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Huelva. Licitada por 43 millones de euros, permitirá a la provincia contar por primera vez con aguas regeneradas uno de los proyectos que impulsan en Andalucía para tratar de paliar la dependencia de aguas superficiales. Estos recursos hídricos pueden aprovecharse, entre otros fines, para el riego de cultivos, liberando así agua de otras fuentes hídricas e incidiendo, de forma indirecta, en el buen estado hídrico del Espacio Natural de Doñana. “En el caso de otras líneas más complejas desde el punto de vista técnico y jurídico, las dos administraciones firmantes del acuerdo colaboran para ajustar las actuaciones a la casuística legal en la que se enmarca”, explican desde la Junta. 

El hito de veta la palma

El análisis sobre el Acuerdo de Doñana, no estaría completo sin detenerse en uno de los hitos fundamentales ocurrido apenas unos días después de formalizarse la firma del mismo. El Consejo de Gobierno aprobaba a mediados de diciembre la compra de más de 7.600 hectáreas de la finca Veta la Palma, en La Puebla del Río, por un montante de 72,6 millones de euros.

La finca Veta la Palma, con sus 11.300 hectáreas de extensión, constituye el corazón de las Marismas del Guadalquivir y forma parte del Parque Nacional de Doñana. Esta propiedad ocupa aproximadamente la mitad de la Isla Mayor del Guadalquivir y se encuentra rodeada por el río Guadalquivir y por un brazo del mismo río llamado Brazo de la Torre.

La finca ocupa una posición estratégica, no solo en su relación con las marismas naturales del Parque Nacional, sino también en la conexión con el río Guadalquivir, en concreto con el Brazo de la Torre, por lo que es “clave en la actualidad para cualquier propuesta de mejora tanto para Doñana como para el río”, según la Junta.

El Gobierno moviliza 298 millones de euros

Por su parte, Paca Baraza, Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, del Miteco, señaló a este periódico que “en el marco medioambiental, centrado en actuaciones de restauración y conservación de la biodiversidad, la gestión del agua y la mejora de las condiciones ecológicas de los ecosistemas del espacio natural de Doñana para recuperar el equilibrio ecológico, se han iniciado actuaciones por valor de 180 millones de euros”. Por lo que se refiere al “marco socioeconómico, ya están comprometidas ayudas directas por valor de 118 millones de euros que van a estimular el desarrollo sostenible de empresas, agricultores, ganaderos y ayuntamientos del entorno de Doñana”.

Los Marcos de Actuaciones del Ministerio, como es el caso de Doñana que se harán públicos en los próximos días, “se fundamenta en siete principios básicos: priorizar la restitución de la legalidad en relación con el agua; medidas que aborden el problema desde el origen; Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN); nuestra base es el conocimiento científico; medidas complementarias entre sí; alineamiento con el marco jurídico europeo, estatal y autonómico, con la Ley de la Restauración de la Naturaleza”, reconoció Baraza.

Hoy se celebra el Consejo de Participación de Doñana. El primero presidido por el nuevo presidente, Enrique Mateos, que sustituye a Miguel Delibes analizará los Marcos de Actuación para Doñana y el Plan Especial de Ordenación de Regadíos ubicados al Norte de la Corona Forestal de Doñana, conocido como el Plan de la Fresa.

Sobre la mesa el estado de un acuífero que no mejora. Todo lo contrario. En las reuniones previas, se constató que se sigue sacando más agua de la que se reintegra. Toca pasar del papel a los hechos y no sólo en cuanto a las ayudas previstas para materializarlo. El objetivo principal sigue siendo recuperar unos recursos hídricos escasos y que no parece que mejorarán en el futuro si no se ponen a la tarea de recuperarlos. Esa será la prueba del éxito o la constatación de su fracaso.

Nombramiento de Ribera

El veto que desde las filas nacionales de su partido impusieron al nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea fue un quebradero de cabeza para Juanma Moreno. A pesar de las discrepancias iniciales derivadas de la proposición de ley de regadíos, la relación entre ambos se plasmó en una de las fotos más reconocibles del año pasado. El posado ante las marismas de El Rocío establecía una relación política más que cordial. Ahora, superado el trámite europeo, el presidente de la Junta tiene en lo que queda de legislatura una aliada en las políticas ambientales que se aplican en Doñana. No en vano, ella misma formó parte de una solución que debe contar con el respaldo de las instituciones europeas.