Los abogados sostienen que la juez se afana con este auto en "apurar y depurar" la causa

La juez que investiga el caso ERE, Mercedes Alaya, no remitirá de momento la causa al Tribunal Supremo pese a haber imputado a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sino que antes "apurará y depurará" la causa, tal como le ordenó la Audiencia de Sevilla. Abogados personados en la causa explicaron que, al notificar "la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados" a Chaves, Griñán y cinco ex consejeros de la Junta, la juez cumple "estrictamente" lo que le ordenó la Audiencia de Sevilla el 8 de agosto, cuando dijo que antes de elevar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debía "apurar y depurar" la investigación.

La Audiencia le señaló entonces que también debía notificar la existencia del proceso a los aforados para que puedan "salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar". Según los citados abogados, el auto dictado ayer "permite a la juez retrasar durante un tiempo prudencial la elevación al Tribunal Supremo del informe razonado, que tendría como consecuencia la inculpación formal de los aforados, previa petición de suplicatorio a las cámaras legislativas correspondientes". De esta manera, según las mismas fuentes, los imputados pueden personarse en la causa, participar en la instrucción y ejercer su derecho de defensa, "excluyendo de este modo cualquier atisbo de nulidad de la causa por indefensión".

Al haber cumplido con lo ordenado por la Audiencia, Alaya se garantiza además que cualquier recurso contra su auto será desestimado.

Los letrados creen que Alaya no va a convocar de momento a los aforados imputados sino que dejará a su voluntad personarse en una causa que ya acumula 123 acusados, de los que 72 no han prestado todavía declaración judicial.

De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo, como Manuel Chaves y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, puesto que son diputados en el Congreso, mientras que el ex presidente andaluz José Antonio Griñán y los ex consejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos. No obstante, distintas fuentes jurídicas matizaron que el Tribunal Supremo "absorbería" la competencia del TSJA y se encargarían de instruir la causa contra todos ellos desde el momento en que la juez Alaya se la remitiera.

Existe también la posibilidad de que el Supremo no vea base para una imputación y acuerde devolver el caso a la juez de instrucción 6 de Sevilla para que continúe la investigación sin aforados.

Una situación peculiar es la de José Antonio Griñán, que dimitió como presidente de la Junta el pasado 27 de agosto para evitar precisamente la "erosión" del caso de los ERE y que mañana jueves va a ser propuesto por el Parlamento andaluz como senador por esta comunidad, en cuyo caso estaría aforado ante el Supremo. Con la imputación de la cúpula de la Junta de Andalucía durante una década, Alaya ha llegado a los "últimos peldaños de la pirámide" de los que venía hablando en sus autos desde hace años y cuya imputación preveía cuando terminase de "encajar las piezas del puzle".