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El abogado de Guerrero no ve bien que la Junta pague la defensa de Rivera

El letrado del ex director de Empleo imputado en los ERE cree que existe arbitrariedad.

Efe / Sevilla

03 de julio 2012 - 05:04

Fernando de Pablo, abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo encarcelado por los ERE falsos, dijo ayer que cree "injusto y arbitrario" que la Junta pague su defensa a su sucesor también imputado, Daniel Rivera. De Pablo explicó a Efe que se reserva el derecho, llegado el momento, de reclamar el pago de sus honorarios igual que ahora hace la Junta al hacer frente a la defensa de Rivera, que ejerce el abogado malagueño Pedro Apalategui.

Se trata de "una decisión injusta y arbitraria, que tiene su nombre en el Derecho Penal", dijo el Defensor de Guerrero, quien se preguntó quién ha tomado esa decisión dentro de la Junta y por qué se ha decidido pagar a unos imputados sí y a otros no. Al discernir entre imputados "se prejuzga a priori sobre su culpabilidad", a juicio del abogado.

Guerrero está encarcelado desde marzo como presunto responsable del pago de cientos de millones de euros en ayudas irregulares de la Junta entre 2001 y 2010, en una causa por la que también está encarcelado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández e imputados el ex viceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Rivera.

De Pablo recordó además que la Junta ejerce la acusación particular en el caso de los ERE mediante querella criminal, lo que significa que en caso de absolución será condenada a pagar las costas y por ello el abogado "supone que habrán valorado que ello equivaldrá a unos honorarios de letrado de varios millones de euros". Por otra parte, De Pablo destacó que uno de los hechos que la juez Mercedes Alaya imputa a Juan Márquez es que, al ser nombrado director general en 2008, siguió aplicando el sistema de ayudas pese a que había pedido un informe jurídico al bufete Garrigues y éste le advirtió sobre el procedimiento irregular. Guerrero -director general entre 1999 y 2008- no disponía de dicho informe y por tanto no podía conocer sus aspectos irregulares, según argumentó su letrado.

Precisamente, hoy está previsto que la juez Alaya tome declaración como imputado a Juan Márquez.

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