El abogado de Griñán califica el escrito de la Fiscalía de "chapuza"

José María Mohedano, el abogado defensor del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, calificó ayer de "chapuza" el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide para el que fuera jefe del Gobierno andaluz una pena de seis años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación debido a su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Según el abogado de Griñán, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción "ignora toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo", lo que lo convierte en un mal trabajo judicial, que perjudica en gran medida a su cliente.

Mohedano incidió que el escrito está "hecho deprisa y mal" por parte de "unos fiscales de cuyo nombre prefiero no acordarme, si es que lo han hecho ellos", que en todo caso "ignoran toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo". El letrado indicó que en el escrito "faltan cosas esenciales", como "la prueba que la Fiscalía propone articular para apoyar su tesis acusatoria". Por este motivo, Mohedano tachó de "barbaridad desde el punto de vista penal" la petición de 6 años de cárcel de Anticorrupción, ya que "no tiene soporte ni sustento ninguno".

Igualmente, Mohedano apuntó que el ex presidente ha encajado el escrito "con una gran consternación". En este sentido, el abogado indicó que su cliente es una persona que "todo el que lo conoce, y lo conocen muchas personas, sabe que es de una gran integridad".

El letrado de Griñán ya recurrió hace unos meses ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto en el que el juez Álvaro Martín procesó al ex presidente por delitos de prevaricación y malversación dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE irregulares. Además, negó la existencia de "una trama criminal construida por la Administración".

El letrado pidió el archivo de la causa respecto a Griñán al entender que las imputaciones realizadas por el magistrado a su cliente "se basan en indicios inexistentes o equívocos sin solidez fáctica ni jurídica o en convicciones íntimas" y porque las infracciones atribuidas "no se pudieron producir ni por el desarrollo de los hechos ni por razones técnicos-jurídicas".