Zarrías defiende que había una "regulación" de las ayudas bajo sospecha

El ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha defendido este miércoles en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que existía una "regulación" para las ayudas bajo sospecha, que estaban contempladas en las leyes de Hacienda y de Presupuestos, en varios decretos y en la normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995 que tenían un "carácter supletorio" sobre la legislación autonómica.

El ex consejero de la Presidencia ha asegurado en su declaración que el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas bajo sospecha "nunca" pasó por la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como los "consejillos", ni por "ninguno de los órganos en los que participaba" y también ha negado que conociera un convenio al que el fiscal se ha referido como "convenio marco fantasma" del 28 de julio de 2000, previo al que suscribieron José Antonio Viera y Antonio Fernández como consejero de Empleo y presidente del IFA. Sin embargo, ha explicado que los convenios eran una "figura muy utilizada desde el punto de vista administrativo", aunque no puede asegurar su validez como "instrumento jurídico".

Zarrías ha afirmado que desconoce cómo se articuló el mecanismo de concesión de las ayudas en Empleo, pero en cualquier caso ha afirmado que era "público y notorio" que las mismas existían –"lo conocía yo y todo el mundo que se daban ayudas sociolaborales"-, puesto que las mismas figuraban en los programas electorales, en los discursos de investidura y en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Cuando el fiscal le ha preguntado a dónde podía acudir el ciudadano que estuviera interesado en esas ayudas, el ex consejero ha dicho que no podía concretarlo, aunque cree que sería a través de las centrales sindicales, y también ha destacado que la orden correspondiente se publicaba en el BOJA, aunque no recuerda que se hicieran campañas publicitarias para informar de las ayudas.

El proyecto de regulación de la ayudas mediante un decreto pasó en tres ocasiones por el consejillo entre diciembre y enero de 2001, pero no siguió adelante porque, según su opinión subjetiva, había una discrepancia sobre el rango normativo, al haberse considerado que debían fijarse mediante una orden y no por decreto, y había un "debate" en la misma Consejería de Empleo sobre el contenido del mismo, en el sentido de que había una "clara posición" de que debía establecerse mediante una "orden" que firmara el consejero. No obstante, ha indicado que era "muy normal" que algunos proyectos se retiraran o se quedaran sobre la mesa y así ha apuntado que en diez años fueron 130 los asuntos que no llegaron a aprobarse en la Comisión General de Viceconsejeros.

Pero el hecho de que no se aprobara el decreto, no implica que no hubiera una regulación de las ayudas. "Tenía clara conciencia de que había una regulación, que estaba en las normas y leyes: estaba en el título VIII de la ley de Hacienda Pública, en la ley de Presupuesto, en el decreto 254/2001, y además estaban las normas estatales que tenían carácter supletorio", en alusión a las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1994 y 1995. El acusado ha afirmado que ese decreto, que define las ayudas de carácter excepcional de forma similar a como lo hace la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, obligaba a las distintas consejerías a desarrollar órdenes para la concesión de las ayudas.

Zarrías ha subrayado que se trataba de ayudas "excepcionales", en la que se ponen en marcha los mecanismos "cuando surge el problema" y ha citado como ejemplo el terremoto de Lorca, una situación imprevisible ante la que se acuerdan ayudas excepcionales. En ese momento, el fiscal le ha puesto de manifiesto que si no cree que un total de 270 ayudas que han sido concedidas durante una década no deberían haber pasado a ser consideradas como "ayudas regladas", aspecto en el que ex consejero ha hecho hincapié en que las ayudas que él conoció trataban "situaciones excepcionales" ante problemas derivados por las crisis de empresas y que afectaba "zonas deprimidas" de Andalucía.

Además, ha asegurado que "en los 15 años" que estuvo en el Gobierno andaluz no ha recibido "ninguna indicación" para cometer ningún delito en relación con las ayudas que se investigan en esta causa.

De todas formas, el ex alto cargo ha indicado que "no le extrañó" que estas ayudas, cuya cuantía era importante en muchos casos, no pasaran por el Consejo de Gobierno, y ha señalado que tras el problema que surgió con el pago de las ayudas de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), en las que la UE planteó que podrían ser incompatibles por ser consideradas como ayudas a empresas, "el mecanismo que la UE determinó para poder dar estas ayudas fue la creación de asociaciones de ex trabajadores".

Gaspar Zarrías, que consejero de la Presidencia entre 1996 y 2009, ha comentado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga que cuando surgía una crisis, los planteamientos que hacía en los Consejos de Gobierno el presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran similares y consistían en que había que "salvar y reflotar la empresa de la crisis, manteniendo los puestos de trabajo directos e indirectos" y tratando de salvar el tejido industrial.

El papel principal cuando se producía una crisis en una empresa, ha proseguido, era que la empresa "no se cerrara" y la concesión de ayudas a los trabajadores era una medida secundaria, cuando se había "fracasado" en el salvamento de la empresa. Así, ha explicado que en 1994 "cuando se van los japoneses" de Santana Motor, la prioridad era que se siguieran fabricando los vehículos, "manteniendo la actividad y los puestos de trabajo".

Durante el interrogatorio, que se prolongó en sesión de mañana y tarde durante unas cuatro horas, el fiscal preguntó al ex consejero si el presidente de la Junta, Manuel Chaves, o miembros de su gabinete le habían dado instrucciones o indicaciones para que "no se hiciera visible un conflicto laboral" antes de una visita del presidente a una localidad, a lo que el ex consejero contestó diciendo que "nunca ha recibido una comunicación de estas características". La pregunta del fiscal está relacionada con la afirmación que en su día realizó el ex director de Trabajo Javier Guerrero, cuando dijo que en 2003 recibió una directriz por escrito del gabinete de la Presidencia de Chaves diciéndole que tenía que solucionarse "sí o sí" el problema de Bilore porque al día siguiente el presidente de la Junta iba a visitar la localidad de Lucena (Córdoba).

Zarrías ha declarado que "nunca" despachó con Javier Guerrero y también ha añadido que "no le consta" que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández fuese incluido en la póliza de prejubilaciones de González Byass.

El fiscal le ha preguntado cómo se articulaban esas ayudas sociolaborales y Zarrías ha precisado que no recuerda el "procedimiento" por que el que se concedían, dado que la Consejería competente era la de Trabajo, pero sí ha defendido que esas ayudas eran conocidas por el "Consejo de Gobierno, el Parlamento y el conjunto de la sociedad".

El ex alto cargo ha afirmado que "nunca" tuvo conocimiento de "ningún reparo" por parte de la Intervención General de la Junta, y ha dicho que los informes de este órgano de control "no eran objeto" de los asuntos que se trataban ni en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como los "consejillos", ni en el Consejo de Gobierno. "Ni formal ni informalmente" le trasladaron los responsables de las tres consejerías implicadas (Empleo, Innovación y Hacienda) el informe adicional al de cumplimiento de 2003 donde la Intervención advertía de las deficiencias.

Tampoco vio ni leyó ninguna memoria de la Intervención, aunque ha añadido que cada año se iban "ampliando el número de empresas" públicas que eran sometidas a Control Financiero Permanente.

En los consejillos, según Zarrías, no le consta que se debatiera la posibilidad de adoptar un procedimiento más ágil para conceder las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y para él había ayudas "normales y otras de carácter excepcional", al tiempo que conocía que "todo gasto se fiscalizaba" y había dos tipos de fiscalización: la previa y la posterior, el Control Financiero Permanente.

El acusado ha reconocido que tenía conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas pero desconocía la nomenclatura, es decir, si se daban conforme a los programas 22E o 31L, conocida como el fondo de reptiles. El concepto de transferencia de financiación lo ha conocido con motivo de la causa judicial, aunque sí sabía qué era un transferencia para allegar fondos a la RTVA para la realización de diferentes programas.

Sobre las modificaciones presupuestarias, Zarrías ha aclarado que ninguna era elevada desde los consejillos al Consejo de Gobierno sin el informe previo favorable de la Dirección General de Presupuestos, de la Intervención General de la Junta y en alguna ocasión hasta de la Dirección General de Planificación o de Fondos. A los consejillos, llegaban simplemente "dos hojas" con un extracto en los que se resume la "filosofía de los programas electorales", aunque ha admitido no leía los textos de dichas modificaciones, sino que conocía la explicación que realizaba "muy someramente" el viceconsejero de Economía y Hacienda.

Zarrías se ha referido también a los Consejos de Gobierno que ha tildado de "movidos", aquellos en los que se repartía la cuantía presupuestaria para cada Consejería, dado que "todo el mundo quería más", pero las partidas presupuestarias prioritarias "siempre eran las de Salud y Educación".

El ex consejero de la Presidencia, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha ratificado "en términos generales" la declaración que prestó el 16 de abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, donde defendió la "legalidad" del sistema y afirmó que desconocía los reparos de la Intervención General de la Junta.