Zapatero pide calma en el debate de la financiación tras el plante andaluz

Con una llamada a la "calma" intentó ayer el Gobierno central suavizar el enconado debate de la negociación sobre financiación autonómica, tras la pérdida de uno de sus principales aliados, el Ejecutivo andaluz, que se ha vuelto en su contra por el bloqueo al concepto irrenunciable de la deuda histórica. Al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no le quedó otra que pedir "tranquilidad" y recordar que fue el primero en reconocer a Andalucía la deuda histórica, para así intentar recuperar la sintonía perdida con una comunidad que avaló de principio a fin su propuesta por su alto nivel de coincidencia con su modelo de financiación.

Sin embargo, el intento tuvo su reverso. A Rodríguez Zapatero no pareció pesarle mucho la exigencia andaluza, formulada el pasado miércoles en el Parlamento autonómico por el propio vicepresidente segundo y consejero de Economía, José Antonio Griñán. Restó importancia al envite, situándolo dentro de la "normalidad" que supone que cada una de las regiones haga declaraciones "reivindicando" y "exigiendo" su postura cuando se está en la "recta final" de la reforma del modelo de financiación.

"La Constitución establece que los gobiernos de las comunidades autónomas tienen la obligación de defender su interés territorial, y eso es lo que hacen", apostilló, mientras recordó que la obligación del Estado es "lograr un proyecto y modelo de financiación equitativo, armónico y que permita el buen funcionamiento de los servicios públicos en todos los territorios".

Pese a la complejidad del proceso negociador, por la multitud de interlocutores y dificultades técnicas, el presidente confió en que este capítulo se resolverá de manera "satisfactoria". Y para que sea así, el Gobierno andaluz, que ayer no quiso ahondar más en este lance, tiene claro que antes del 20 de septiembre -límite que marca el nuevo Estatuto- deberá estar firmado el compromiso de que Andalucía recibirá entre 1.148 y 1.742 millones de euros.

Pero si en la cantidad no hay certeza, consecuencia directa de la crisis, tampoco parece haberla en el plazo temporal. El Ministerio de Economía no tiene ninguna reunión cerrada con la Junta en los próximos ocho días. Cabe recordar que ya existen antecentes. El Estatuto catalán fijaba en el 9 de agosto el límite para tener definido el sistema de financiación, y se espera cerrarlo ahora antes de que finalice el año, por lo que la misma suerte podría correr la deuda histórica.

Esta tesis también la manejó el PP-A. Su presidente, Javier Arenas, dijo estar convencido de que la deuda histórica no quedará zanjada en el plazo marcado, de ahí que anunciara su apoyo a la Junta si se mantiene "enérgico" ante el Gobierno de la nación, más aún ante la "muy preocupante" petición de calma Zapatero.

Arenas hizo hincapié en que esta cuestión es "conceptualmente distinta" a la financiación autonómica y a debatir sólo entre Andalucía y el Estado, por tanto, "diga lo que diga el Gobierno, la obligación es cumplir lo que marca el Estatuto", subrayó.

Pese a esta voluntad de apoyar al Ejecutivo autonómico, no ocultó que entre PSOE y PP existe mucha distancia numérica, ya que su máximo de 1.742 millones queda lejos de los 3.000 millones que ya percibió Cataluña y que para los populares son el tope mínimo.

Más lejos aún en cantidades estuvo IU. El coordinador regional de la federación de izquierdas, Diego Valderas, mantuvo en 7.500 millones el valor del déficit que arrastra Andalucía en servicios desde 1982, y constató las diferencias "sólidas" en criterios y cifras en su encuentro con el Gobierno andaluz.

También vio lejos la posibilidad de que se cierre el acuerdo el 20 de septiembre, y apuntó la posibilidad de llegar un acuerdo "parcial" con el Gobierno central. Según explicó, consistiría en cuantificar y empezar a cobrar en 2009 algunos conceptos, como sanidad y educación, y dejar para más adelante vivienda, ya que el plazo de liquidación es hasta el 31 de marzo de 2010.

Malos presagios también intuyó en las palabras de Zapatero, que interpretó como "frialdad y distanciamiento" respecto a una reivindicación histórica de una comunidad, y apuntó a que su valoración será "miserable".