Los VTC en Andalucía no podrán parar o circular sin clientes por los centros urbanos

La Consejería de Fomento presentó ayer el proyecto de decreto que permite el servicio de los VTC en las ciudades, confirmando el mantenimiento de la ratio de licencias del decreto estatal de 30 permisos de taxis por uno de VTC, y regula los perímetros de captación de usuarios, estableciendo zonas de especial protección. En la práctica, esta medida impedirá a los VTC captar a clientes en los centros de las ciudades. Los taxistas habían pedido fijar la contratación del servicio de los VTC con un período de antelación de 15 minutos, pero la consejera, Marifrán Carazo, ha avisado de la inseguridad jurídica de esa medida.

El decreto andaluz tendrá un futuro desarrollo reglamentario que, entre otros asuntos, regulará las reclamaciones de los clientes a los vehículos sin conductor. Además, los ayuntamientos tendrán que modificar sus ordenanzas para poder aplicar medidas de vigilancia del cumplimiento de la norma y ejecutar la potestad cedida de sancionar las irregularidades. Los consistorios, además, negociarán una vez al año la planificación de sus festivos para no dejar sin servicios a los usuarios, como sucede con los taxis, y acordarán con los conductores de los VTC un descanso máximo de 52 días al año.

"No ha habido ganadores ni perdedores", resumió Carazo, quien insistió en que el texto al que dio luz verde el Consejo de Gobierno es una regulación "sensata" y que busca la "seguridad jurídica". "Son medidas proporcionadas que persiguen atender el servicio de los usuarios, siendo los VTC un complemento en armonía con el taxi y priorizando la seguridad jurídica", dijo la consejera, que proclamó que "el taxi no desaparecerá en Andalucía, pues no sólo mantiene su posición sino que lo mejora". La consejera se mostró abierta en cualquier caso a un diálogo que asegure la correcta aplicación del decreto ley tanto con el taxi como con los ayuntamientos.

La medida de los 15 minutos de antelación, sin seguridad jurídica

Carazo explicó en la rueda de prensa celebrada ayer en el Palacio de San Telmo que ha sido un decreto complejo de elaborar y que el Gobierno central lo ha evitado acometer, actuando con "cobardía" y dando carta de naturaleza de 17 normas autonómicas diferentes. Han sido, según ha informado la consejera, más de 100 horas en 20 días de reuniones durante las últimas semanas, aparte de lo hablado desde 2019. Pese a la dificultad del texto, el sector del taxi lamenta que no se haya eliminado la contratación previa del servicio en los VTC, con un margen de 15 minutos de antelación.

Ésa es una de las dos únicas reivindicaciones de los taxistas que no contempla el texto legislativo definitivo, afirmó Carazo, quien argumentó que la medida de contratar el servicio con 15 minutos previos ha generado en otras comunidades autónomas que así lo regularon reclamaciones millonarias y respuestas variopintas de los tribunales superiores de Justicia. "Ha sido por seguridad jurídica", subrayó Carazo.

Una licencia de VTC por cada 30 de taxis

La Consejería de Fomento sintetizó el contenido del decreto que regula el servicio de los VTC en el ámbito urbano en un decálogo. De un lado, se mantendrán como hasta ahora las autorizaciones que concede el Estado para los VTC: las nuevas licencias sólo se concederán sólo cuando las licencias sean de un VTC por cada 30 taxis. Esa ratio de licencias en Andalucía es ahora de un VTC por 2,7 taxis.

Habrá zonas de protección en donde los VTC no podrán estacionar o circular. El decreto andaluz establece zonas con gran concentración y generación de demandas de servicios de transportes de viajeros, entre las que se recogen los aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, centros comerciales y de ocio con más de 500 plazas de garaje, hospitales, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas y cualquier otro lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural o social que tenga gran potencialidad de generación de viajes.

Los VTC no podrán estacionar a menos de 150 metros de las zonas de especial protección cuando no estén contratados previamente o prestando un servicio, ni en circulación continuada, salvo para aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses, que será como mínimo de 300 metros. La excepción a esta regla consistirá en los servicios que deban prestarse como consecuencia de casos de urgencias, emergencias o asistencia en carretera.