Andalucía mira a Bruselas en el año preelectoral

Estrasburgo/Entre el paso de Despeñaperros y Bruselas hay unos 2.000 kilómetros, pero mucho de lo que pasa en Andalucía viene del corazón de Europa. Hacia allí llegan muchas de las mercancías entran en el continente por el puerto de Algeciras, pero lo hacen mucho más lento de lo que deberían. Al menos eso consideran unos señores trajeados que trabajan en el edificio acristalado de la Comisión Europea.

Fueron ellos quienes colocaron a las grúas del puerto algecireño como el punto de partida de su Corredor Mediterráneo, pero las vías que conectan los muelles con el resto del continente sólo permiten el paso de trenes lentos.el paso detrenes lentos Por esos trenes deben llegar también al resto del viejo continente los tomates de la huerta almeriense, pero a veces se encuentran con la competencia de sus vecinos marroquíes.

¿De quién depende la protección de la agricultura andaluza frente a la mano de obra más barata del otro lado del mar? De los que deciden en Bruselas cómo será el acuerdo de la UE con Marruecos a nivel agrícola, pero también el pesquero del que dependen los marineros de Barbate.

Además, los agricultores almeriense miran de reojo a los negociadores que, en Bruselas también, negocian la nueva Política Agraria Común (PAC), que influye poderosamente en las vidas de muchos productores agrícolas al sur de Despeñaperros. De Bruselas y de Estrasburgo, donde tiene sede el Parlamento Europeo, dependen el Corredor Mediterráneo y la PAC, pero también se decide en el corazón de Europa si la subasta de medicamentos de la Junta es viable o si el almacén de gas proyectado en Doñana puede llegar a construirse. Y el futuro de todos estos asuntos lo deciden unos señores a 2.000 kilómetros de Andalucía.

Corredor Mediterráneo

“No le vamos a pedir a Pedro Sánchez que haga en cinco minutos lo que no ha hecho el Gobierno anterior”, apunta Soledad Cabezón, una de las tres eurodiputadas andaluzas junto con la granadina Clara Aguilera, ambas del PSOE, y la también sevillana Teresa Jiménez-Becerril, del PP. Las dos socialistas apuntan directamente al impulso al Corredor Mediterráneo en su tramo andaluz como una de las prioridades que tiene Andalucía en política europea, pero es el Gobierno estatal quien decide el cronograma de las obras. “Al norte de Valencia está casi terminado”, cuenta Cabezón, que pone el foco en la conexión del Campo de Gibraltar con el resto de la línea a partir del tramo Algeciras-Bobadilla.

No es el único tramo andaluz de esta infraestructura que sufre retraso. “Llevamos más de mil días sin tren”, recuerda Clara Aguilera. El Corredor Mediterráneo también pasa por Granada y, ahora mismo, para salir de la ciudad hacia el oeste ni siquiera es posible hacerlo en tren, ya que las obras obligan a los pasajeros a hacer parte del trayecto en autobús. La previsión es que la alta velocidad llegue a Granada el año próximo, pero Aguilera duda de que la incorporación del tramo al Corredor Mediterráneo sea inmediata.

Ambas socialistas esperan que la conexión a la Red Transeuropea del oriente andaluz venga por Murcia. Por allí saldrán toneladas y toneladas de productos agrícolas hacia el mercado comunitario, pero el futuro de este sector en la región también depende de lo que se decida en Bruselas. Las tres eurodiputadas andaluzas coinciden en la importancia de la negociación de la nueva PAC, que expira este año. Aguilera, que fue consejera de Agricultura y está en la comisión del ramo en la Eurocámara, es pesimista sobre las negociaciones.

Política Agraria Común

La eurodiputada granadina no cree que el acuerdo vaya a estar listo antes del final de la legislatura. “Faltan diez meses y la negociación anterior duró dos años y medio”, rememora Aguilera. En su opinión, el escenario más probable es que se ponga en marcha una especie de prórroga, una “regla de transición”, que permita extender el modelo actual mientras sigan activas las conversaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento y los estados miembros.

Aguilera y Jiménez-Becerril alertan también del posible riesgo que tiene el cambio de modelo propuesto por el comisario Phil Hogan. “Las ayudas a los agricultores serán menos directas y eso perjudica a los andaluces”, asegura la eurodiputada del PP. Su compañera socialista abunda en esta idea al explicar que el modelo que propone la Comisión otorga a los estados la potestad de repartir lo fondos entre las distintas regiones. “Es como quitarle a la PAC la ce de comunitaria”, señala la parlamentaria granadina.

Tanto Jiménez Becerril como Aguilera prevén un escenario de reducción de fondos. La popular confía en que se pueda compensar un posible descenso con la parte de las ayudas dedicadas a desarrollo rural, “que son el 30%”. La ex consejera andaluza, recuerda que la reducción propuesta por la Comisión es de un 5%, pero su grupo no está por la labor. “Los socialistas no podemos permitir esa reducción”, insiste la parlamentaria socialista, que es optimista por el reciente nombramiento de Luis Planas como ministro de Agricultura. Aguilera se congratula de que el responsable de negociar la nueva PAC sea un experto en el ramo y tenga buen cartel en Bruselas.

Nuevo marco presupuestario

Sin embargo, las tres eurodiputadas son conscientes de que el dinero que llegue desde Europa a la PAC depende del nuevo marco presupuestario de la Unión Europea, que definirá las políticas comunitarias en el septenio 2021-2027. Habrá menos dinero para repartir, entre otras razones por la marcha del Reino Unido de la UE. Los británicos son contribuyentes netos al presupuesto comunitario, por lo que ahora habrá menos fondos para casi todo.

El recorte afectará también a los fondos de cohesión, entre otras razones, porque Andalucía dejará de ser Objetivo 1, es decir, abandona el grupo de cola de las regiones cuyo PIB es inferior al 75% de la media de la unión. Sin embargo, las socialistas todavía confían en los nuevos criterios de reparto de fondos para paliar una posible reducción. “El objetivo es que se tenga en cuenta, entre otros criterios, el desempleo juvenil”, cuenta Cabezón, aunque su compañera de partido reconoce que hay otras regiones, tanto a nivel español como europeo, que defenderán la aplicación de otros criterios, como la despoblación.

Medio Ambiente

Otro tipo de fondos, según la eurodiputada sevillana, deberían haber llegado a Andalucía cuando, tras el virulento incendio del año pasado en el entorno de Doñana, se quemaron más de 8.000 hectáreas en la provincia de Huelva. “Este dinero ha llegado a Portugal y también a Galicia por ser limítrofe con un país azotado por los incendios”, relata Cabezón, que apuesta por que se tenga en cuenta el nivel de protección medioambiental del terreno afectado por el fuego y, también, el PIB per cápita de la región afectada y no el bruto. “Haylugares muy ricos de Alemania que han recibido estos fondos porque se trata de regiones pequeñas”, revela la eurodiputada socialista, que, sobre la provincia de Huelva, también destaca un proyecto para mitigar los efectos perjudiciales de las balsas de fosfoyesos del polo químico anexo a la capital onubense.

La influencia de Bruselas en Andalucía no sólo se deja ver en la llegada de fondos a la región. Muchas de las reglas medioambientales que se aplican en la comunidad son transposiciones de legislación comunitaria y la UE tiene mucho que decir en el futuro de proyectos tan polémicos como el proyecto de almacén de gas de Doñana. Hace unos meses, el Parlamento Europeo decidió enviar al espacio protegido una delegación para conocer sobre el terreno el impacto de la instalación de Gas Natural Fenosa. Esta visita, organizada por la Comisión de Peticiones, será entre el 19 y el 21 de septiembre.

“Hay que hacer del asunto de Doñana un problema europeo y no sólo español”, explica el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi. Este parlamentario ecologista explica además que, tras la visita, la Eurocámara realizará un nuevo informe en el que podrá instar a la Comisión Europea y al Gobierno español a tomar nuevas decisiones. El objetivo compartido por todos los partidos con presencia en Bruselas, menos el PP, es que se realice una nueva declaración de impacto ambiental conjunta y, de esta manera, se tengan en cuenta todos los riesgos sísmicos y ecológicos.

Inmigración y Brexit

Son muchas las voces que inciden en que el Reino Unido sólo tiene dos fronteras terrestres con el resto de países miembros de la UE y una de ellas está en Andalucía. Es cierto que Gibraltar no es Irlanda del Norte, pero son miles los andaluces que cruzan la Verja a diario para trabajar en el Peñón. Teresa Jiménez-Becerril, que está en la Comisión de Interior del Parlamento Europeo, reconoce la importancia de proteger los derechos de los trabajadores andaluces en Gibraltar, pero llama la atención también sobre la posible pérdida de derechos políticos que sufrirán los ciudadanos británicos. Una vez que se formalice el Brexit, esta colonia extranjera “perderá su potestad de votar en las elecciones municipales”, un derecho que tienen ahora como ciudadanos europeos.

La parlamentaria europea del PP es también una de las portavoces de su partido en materia de inmigración. El miércoles fue la encargada de pronunciarse sobre la crisis desatada por el rechazo de Italia a acoger a los más de 600 migrantes que estaban bloqueados a bordo del buque de rescate Aquarius. “El proyecto de la UE se puede hundir en el Mediterráneo”, alerta Jiménez-Becerril, quien solicita a las instituciones comunitarias una respuesta común ante la crisis migratoria que, como recuerda la política sevillana, afecta de lleno a Andalucía. Para muestra, el millar de inmigrantes rescatados en las costas andaluzas en poco más de dos días.