UGT-A pide a la juez un certificado de que tiene intervenida parte de su facturación

El sindicato UGT-A pidió ayer a la juez Mercedes Alaya un certificado de que la organización sindical tiene intervenida parte de la facturación y de la documentación contable, en el marco de la causa en la que se investigan las posibles facturas falsas y que la instructora mantiene bajo secreto de sumario. Un miembro de la actual ejecutiva de Carmen Castilla se trasladó ayer al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde recogió el certificado que acredita la intervención de parte de la documentación. Según explicaron fuentes sindicales, este certificado se ha solicitado porque, con la situación actual, la organización tiene que cumplir una serie de compromisos con la Administración, como por ejemplo la facturación trimestral del IVA, para lo cual resulta necesario disponer de la totalidad de la documentación que, a día de hoy, no tiene en su poder, como consecuencia de los registros judiciales ordenados por Mercedes Alaya en diciembre pasado en la sede del sindicato.

Otras fuentes próximas a la investigación apuntan, no obstante, que el sindicato podría además esgrimir este certificado en el marco de los expedientes de reintegros de las ayudas iniciado por la Junta de Andalucía para tratar de acreditar que no puede justificar los importes cuya devolución se exige al carecer precisamente de esta documentación por hallarse en poder de la instructora.

La Junta de Andalucía reclamó recientemente al sindicato la devolución de otras dos subvenciones concedidas al sindicato, por importe de 1,8 millones, correspondientes a los programas Orienta de 2009 y 2010, destinados a la formación de desempleados. Con estos nuevos expedientes, la Junta está reclamando ya al sindicato la devolución de 3,6 millones por las supuestas irregularidades en la justificación de los programas.