La UE tramita una infracción por la falta de tratamiento de las aguas residuales

Andalucía acumula lustros de retrasos en el cumplimiento de las leyes europeas en materia de aguas residuales y Bruselas avisa. Después de la multa millonaria impuesta a España en 2018 por el incumplimiento de la directiva comunitaria que establecía que antes de 2001 debía asegurarse la correcta depuración de las aguas residuales en todos los municipios de más de 15.000 habitantes, la Comisión Europea tramita un procedimiento de infracción relacionado con el "presunto incumplimiento" de las obligaciones básicas en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales para aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes en España.

Las incorrecciones en la gestión de estas aguas se producen en numerosas localidades españolas. En Andalucía se registran en las áreas urbanas de Morón de la Frontera (Sevilla), el Bajo Guadalhorce (Málaga), Úbeda (Jaén) y La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Según la relación incluida en el expediente de la Comisión Europea, los incumplimientos existen también en aglomeraciones urbanas de provincias de Castilla y León, Extremadura y en Madrid hasta hacer en total de 133 núcleos urbanos en todo el país.

Fuentes de la Comisión Europea aseguran a este periódico que el nuevo procedimiento de infracción se debe al retraso en la finalización del mapa del saneamiento en poblaciones de más de 2.000 habitantes, que debía haber culminado el 1 de enero de 2006. El proceso de infracción, aclaran las fuentes del Ejecutivo comunitarias, "se encuentra actualmente en la fase de dictamen motivado y no podemos especular si llegará a los tribunales".

La Comisión Europea no solicita todavía una nueva sanción, aunque ha pedido a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncien sobre el incumplimiento del tratamiento de las aguas residuales que acumula una demora de 16 años. En el caso de que hubiera una sentencia condenatoria, la Justicia comunitaria podría imponer una sanción al Reino de España como la registrada en 2018. El Gobierno central hizo repercutir la multa al Gobierno andaluz.

La Comisión Europea concluye de este modo el cauce administrativo de un proceso de infracción que dio inicio poco antes de comenzar 2017 con el envío de una notificación de emplazamiento a España. La contestación del Gobierno central no satisfizo en Bruselas, de modo que el Ejecutivo comunitario dio un segundo paso mediante el envío de un dictamen motivado exigiendo la aceleración del cumplimiento de la directiva europea. "A pesar de los avances", indica la Comisión Europea, "no se prevé que España cumpla sus obligaciones en un futuro próximo", advirtiendo de la remisión del caso al Tribunal de Justicia de la UE.

En esta nueva resolución, Bruselas no sólo pone el acento en la ausencia de saneamiento en las citadas aglomeraciones urbanas sino que insta a "redoblar los esfuerzos" con el fin de asegurar los tratamientos de las aguas residuales mediante la inversión de nuevas infraestructuras y la "mejora de las instalaciones ya existentes".

La Directiva 91/271/CEE, informa la Comisión Europea, tiene como objeto proteger el medio ambiente de los efectos perjudiciales de las aguas residuales urbanas procedentes de los sectores doméstico e industrial. Conforme a la Directiva, los municipios están obligados a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar las aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo así los efectos no deseados cuando se vierten en los ríos, mares y el resto de masas de agua. Las aguas residuales no tratadas –explican fuentes del Ejecutivo comunitario– pueden estar contaminadas con bacterias y virus, por lo que suponen un riesgo para la salud humana y pueden contaminar lagos, ríos, suelos, costas y aguas subterráneas. Contienen asimismo nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, con capacidad de dañar las aguas dulces y el medio marino al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida.

En una respuesta por escrito registrada en el Senado el pasado 13 de mayo, el Gobierno central informó de la existencia de un reparto de 100 millones de euros para las comunidades autónomas para que inviertan en el saneamiento y la depuración en las aglomeraciones urbanas que no han sido declaradas de interés general de Estado y que distribuirá este año otra partida de 200 millones con el mismo fin.