El Tribunal de Cuentas archiva la causa por las irregularidades de Invercaria

El Tribunal de Cuentas ha archivado la causa abierta por las presuntas irregularidades en las cuentas de Invercaria correspondientes al 2009, al estimar que no hay "responsabilidad contable" por los gastos del ex presidente de esta sociedad pública de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo en relación con los gastos en comidas por importe de 25.101 euros con su tarjeta Visa oficial y con la contratación de tres empleados.

Un auto del Tribunal de Cuentas del pasado 17 de septiembre, al que tuvo acceso este periódico, concluye que esas supuestas irregularidades en el abono de retribuciones y gastos de representación "han quedado plena y debidamente justificadas". La resolución, siguiendo el criterio expuesto en su momento por la Fiscalía, insiste en que no hay "menoscabo en los caudales públicos" ni tampoco un "perjuicio real y concreto" en los fondos públicos "imputable por negligencia grave a persona alguna".

El consejero de Cuentas José Manuel Suárez Robledano declara, por tanto, que no procede la incoación del procedimiento de reintegro de las cantidades y acuerda el archivo de las actuaciones.

Previamente a este auto de archivo, la delegada instructora del caso emitió un acta de liquidación provisional en el que advertía de la "ausencia de existencia de hechos susceptibles de generar responsabilidad contable por alcance", de acuerdo con la documentación obrante en autos. Respecto a los gastos de 25.101,09 euros realizados con la tarjeta Visa de Tomás Pérez-Sauquillo, el Tribunal de Cuentas considera que los mismos fueron realizados "dentro del ámbito de actuación de la empresa y acordes con su objeto social", ya que consta la correspondiente certificación de las razones determinantes de cada uno de los supuestos de gasto controvertidos.

También se dispone, añade el tribunal, de documentación que permite "fijar su cuantía, finalidad, el evento concreto que los motivó y su relación con la actividad desarrollada por la entidad, debiéndose entender, así, como debidamente justificados".

Entre las irregularidades denunciadas también se incluyen el caso de tres supuestos "mochileros", personas que cobraban de Invercaria pero no estaban en esta empresa. Una de las trabajadoras, Jamie L. M. -que Invercaria niega que fuese secretaria persona del ex presidente de la Junta Manuel Chaves-, fue contratada en la sociedad pública de capital riesgo a pesar de prestar sus servicios en el Observatorio para la Innovación y Participación -órgano asesor de la Consejería de Economía, accionista mayoritaria de Invercaria-. Sin embargo, esta "irregularidad forma" queda justificada, según el Alto Tribunal, porque el observatorio "carecía de personal propio y sus plantillas se integraban por empleados de distintas entidades de la consejería", retribuyéndose sus trabajos con fondos públicos y sin que conste que recibieran otros emolumentos distintos a los satisfechos por la empresa pública.

En cuanto a otro de los trabajadores que hacía labores de asesoramiento en una fundación sin ánimo de lucro, el auto señala que sus actividades no afectaban a su jornada de trabajo, a tiempo completo, en Invercaria. Y sobre un tercer empleado, que era director de uno de los Centros de apoyo al Desarrollo Empresarial (Cade), tampoco consta que recibiera otra retribución que no fuera procedente de Invercaria.

La Fiscalía consideró en su momento que las irregularidades señaladas en un principio "se hallaban documentalmente justificadas, y no se constataba la existencia de menoscabo alguno para los fondos de Invercaria, por lo que interesó" que no se incoara el juicio contable, como ahora ha decidido el Tribunal de Cuentas. Esta vía es independiente de la investigación judicial que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y en la que están imputados, entre otros, los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, así como representantes de las empresas que participaron en la sociedad Ferias Virtuales de Andalucía (Fiva), un proyecto fallido que costó 1,7 millones a las arcas públicas.

Pérez-Sauquillo aseguró al juez que investiga esta causa que los gastos con la Visa fueron realizados "cuando prolongaba la jornada de trabajo en comidas con indicación de los asistentes y motivos", y señaló que en la sede Invercaria "se perdieron facturas que justificaban esos gastos", si bien devolvió el importe antes de que se publicaran las informaciones sobre esos pagos.