Tragaperras sin papeles

SEVILLA/Los cupones son muy similares a los de la ONCE. Incluso utilizan su sorteo diario para repartir unos premios que sí se pagan a los agraciados, pero que no cuentan con todas las garantías de los sorteos que cuentan con la autorización estatal. "No son una estafa, pero son rifas irregulares", explica Antonio Burgos, inspector jefe de la unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía. Se refiere a algunos de los 779.267 boletos sin autorización administrativa que este equipo formado por 527 policías intervino en todo 2017. Es el más del doble de las que requisaron el año anterior, lo que convierte a las rifas ilegales en el mayor foco de irregularidades que estos agentes detectan en el ejercicio de sus competencias en materia de juego y espectáculos.

"Los vendedores se colocan en las puertas de los hospitales y otras zonas concurridas por trabajadores de la ONCE", detalla uno de los agentes dedicados al área de juego ilegal, que señala especialmente a la OID -siglas de la Organización Impulsora de Discapacitados- como una de las entidades que generan una mayor cantidad de boletos irregulares. "Ellos mismos cuentan que quieren lograr la autorización estatal, pero, mientras tanto, no dan de alta a sus vendedores ni pagan a Hacienda", asegura este agente, que menciona a otras loterías ilegales como La blanquita, La paloma o La tira, algunas de las cuales tienen una distribución más localizada en provincias como Cádiz.

"Mucha gente les compra pensando que se trata de sorteos legales, pero también hay quien colabora de forma consciente", cuenta Burgos, que reconoce que su objetivo principal no son siempre los vendedores, sino que se fijan más en luchar contra los centros de distribución de los cupones. Destaca también el número cartones de bingo ilegales intervenidos, que ascendieron a 146.853, y que muchas veces son decomisadas en naves que hacen las veces de establecimientos fraudulentos.

Pese al enorme volumen de decomisos realizados en materia de loterías ilegales, la unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta tiene en el control de las máquinas tragaperras su labor de inspección de mayor envergadura. Actualmente, menos de un 1% los aparatos de este tipo que funcionan en la región presentan algún tipo de irregularidad. Cuando comenzó su labor la mencionada unidad, "el 60%" de las tragaperras no estaban en regla. Al menos no del todo. En 2017 los agentes de esta unidad decomisaron 43 unidades, precintaron otras 29 y destruyeron 88 después de realizar 2.908 inspecciones. Otras 20 máquinas recreativas presentaron algún tipo de irregularidad, "aunque a veces los propietarios de estos bares no son conscientes de que les falta algún papel en regla".

Como explican desde la Consejería de Justicia e Interior, de quien depende la unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, los locales y personas que organizan actividades ilegales perjudican a los establecimientos que sí cumplen las normas y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas correspondientes. Por eso los agentes no actúan contra los jugadores, sino contra los organizadores de las partidas fraudulentas. En 2017, fueron 18 las personas puestas a disposición judicial por motivos relacionados con el juego ilegal.

En el apartado de espectáculos, los policías de este departamento se encargan de comprobar la seguridad y el cumplimiento de las condiciones técnicas de las salas con aforos superiores a las 700 personas, mientras que los más pequeños son competencia de los ayuntamientos. "A veces tenemos que hacer labores de apoyo en pueblos pequeños", reconoce Antonio Burgos, que recuerda que, entre sus competencias, también está el control del cumplimiento de la Ley Antitabaco. "Después de doce años de aplicación, estamos detectando un mayor número de locales donde se permite fumar", asegura el oficial, que lo achaca a una relajación tanto de los clientes como de los dueños o responsables de establecimiento.