TSJA imputa a la parlamentaria del PP por alterar el censo en Lanjarón

Las reacciones en Lanjarón respecto a la apertura de diligencias del TSJA en el caso del presunto fraude electoral en el municipio, que implica a la diputada autonómica del PP Carmen Lydia Reyes y a tres compañeros de partido, no se hicieron esperar. Desde el PP, para destacar que están "convencidos de que no se cometió ningún delito". Su candidato, Eric Escobedo, aseguró que confía en que la justicia se pronuncie pronto y recordó que no es ésa la única denuncia que el alcalde y candidato socialista de Lanjarón, Mariano Ruiz, les puso. "Nada más llegar al Ayuntamiento puso otras tres denuncias al PP por delitos urbanísticos, delitos que la justicia archivó. Esperemos que dentro de cuatro años no saquen el mismo tema en campaña, aunque desgraciadamente seguro lo harán", defendió Escobedo.

Por el contrario, el denunciante expresó su satisfacción "porque se siga adelante con el proceso" y deseó que "de una vez por todas se dicte sentencia, porque nosotros valoramos que intentar robarle a un pueblo su voluntad y la libertad de decidir quién quiere que gobierne en su municipio es el peor de los fraudes que se puede cometer en una democracia. Esperemos que el castigo sea ejemplarizante para que a nadie se le ocurra hacer una fechoría de este calibre".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Entrena, exigió a la dirección del PP que aclare cuál es su postura ante el supuesto fraude registrado en el censo de Lanjarón. El dirigente socialista dijo sentir "tristeza" ante un caso que a su juicio "evidencia cómo el PP es capaz de recurrir a cualquier método, a cualquier procedimiento para alcanzar mediante apaños y chanchullos lo que no pueden alcanzar en las urnas". Entrena llegó más lejos y aseguró que actuaciones como ésta "despiertan el recuerdo de otras épocas en las que el cacique subyugaba los derechos de los ciudadanos y de los pueblos". Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, exigió al presidente del PP-A, Javier Arenas, que reclame la dimisión de la parlamentaria autonómica porque es "intolerable que una diputada andaluza por el PP haya podido participar en una manipulación de la democracia de ese calibre".

Los hechos se remontan a 2007, antes de las últimas elecciones municipales, cuando el PSOE interpuso una denuncia en la que acusaba al ex alcalde José Rubio, a dos de las entonces concejales -entre ellas Carmen Lydia Reyes- y a la secretaria local del PP, Sonia Gutiérrez, de dar de alta en el censo electoral del municipio a 119 personas entre el 29 y el 31 de enero de ese año.