El TSJA abre una nueva vía en los ERE al pedir más imputaciones

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una nueva vía en la causa de los ERE fraudulentos, al deducir testimonio y pedir que se investiguen las "posibles responsabilidades penales" en las que hubieran podido incurrir, en relación con las ayudas a la empresa pública Mercasevilla por el ERE de 2007, el ex director general de Trabajo y Seguridad Francisco Javier Guerrero Benítez, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas, y el que fuera viceconsejero de Empleo hasta junio pasado Justo Mañas.

Los dos primeros ya están imputados formalmente por la juez Mercedes Alaya, que instruye la causa aunque continúa de baja por enfermedad, mientras que sobre Mañas no pesa ninguna imputación, si bien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe remitido en junio pasado al juzgado que Mañas conocía la situación creada con las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo.

El TSJA ha pedido ahora, en una sentencia que anula la decisión de la Consejería de Empleo de dar por acreditada la "inclusión no regular" en una póliza de uno de los imputados, que se investigue la actuación de los tres altos cargos.

La sentencia señala que en el caso de las ayudas para el ERE de Mercasevilla de 2007, las irregularidades son "manifiestas y se desprenden de la propia resolución impugnada, porque por una parte la autoridad laboral [el delegado de Empleo] habría eludido el control de legalidad del ERE, al permitir en su caso la inclusión de trabajadores que no reunían los requisitos exigidos" y por otra, porque para la concesión de las ayudas se ha prescindido "total y absolutamente" del procedimiento, ya que no existe el más mínimo "indicio documental que la justifique, ni solicitud, beneficiario, cantidad, resolución de la concesión, etc".

De esta forma, el Alto Tribunal andaluz concluye que la ayuda socio laboral para financiar las obligaciones asumidas por Mercasevilla derivadas del ERE "es nula de pleno derecho al prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

El TSJA añade asimismo que debe deducirse testimonio para "depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir el delegado provincial Antonio Rivas, que aprobó el ERE; el director general Francisco Javier Guerrero, que dio la ayuda consistente en el abono de las primas del seguro colectivo suscrito por Mercasevilla; y el ex viceconsejero Justo Mañas, que en una resolución de 13 de mayo de 2011 "autorizó la refinanciación de la póliza a cargo del erario público, pese a la ausencia de resolución de concesión y compromiso de pago".