De Susana Díaz a Juanma Moreno, la renovación del Consejo Consultivo de Andalucía amenaza tormenta

El terremoto político en España por la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional puede tener su réplica a escala autonómica con el Consejo Consultivo de Andalucía. Al actual presidente del PP, Juanma Moreno, le toca ahora decidir el camino a seguir para elegir a los consejeros de este órgano, dado que se han cumplido cinco años de la última y polémica renovación llevada a cabo por su antecesora, Susana Díaz.

Hasta 2018 había una norma no escrita según la cual los gobiernos autonómicos solían consensuar los nombramientos con los partidos de la oposición, lo que en la práctica significaba un acuerdo entre PSOE y PP que se sustanciaba con una mayoría de consejeros progresistas, aunque en convivencia con otros designados por los populares. En enero de aquel año, en la recta final de su Gobierno, Susana Díaz se saltó esa fórmula tácita y llevó al Consejo de Gobierno una renovación unilateral, con el único apoyo de Cs. En aquel momento el PP calificó aquella decisión como el "mayor acto de despotismo", en palabras de Carmen Crespo.

Ahora es el turno de Juanma Moreno (la renovación de los consejeros electivos es cada 5 años) y tiene varios caminos. La primera opción para el presidente andaluz sería volver al pacto con la oposición, un camino que no le impediría cambiar la mayoría de este órgano, con más juristas de prestigio afines en el Pleno y en la Comisión Permanente. Pero, que se sepa, no ha habido aún acuerdo al respecto con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, de quien incluso el sector progresista del Consultivo echa en falta que tome algo de iniciativa.

Otra opción para Moreno es la de seguir el ejemplo de Susana Díaz y decidir de forma unilateral los nuevos nombramientos o las renovaciones, aunque quedaría en tela de juicio su mensaje de moderación y su interés por no aplicar el rodillo de la mayoría absoluta. Además, hay que tener en cuenta el calendario electoral, con unas municipales a la vuelta de la esquina y unas generales muy próximas.

Algunas fuentes apuntan a un posible camino intermedio, que sería el de incluir en su lista a algunos consejeros de cariz progresista, aunque lo bastante moderados como para que su permanencia en el Consultivo sea entendida y aceptada por el sector más conservador que rodea a Juanma Moreno.

El Consejo Consultivo de Andalucía fue creado en 1993, tiene sede en Granada y su función es emitir dictámenes sobre normativas impulsadas por la administración de la Junta y las entidades locales, entre otras. Para este Gobierno y en el actual contexto nacional, la labor del Consejo cobra especial importancia, dado que tiene que emitir informes que avalen los recursos de inconstitucionalidad que ha anunciado contra recientes leyes del Estado. Aunque no son vinculantes, el peso de esos recursos no es el mismo sin el visto bueno del Consejo Consultivo andaluz.

Los consejeros electivos se nombran por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección una sola vez para el Pleno y para la Comisión Permanente. Entre ellos, hay seis que tienen dedicación exclusiva. En este contexto es clave lo que ocurra con el expresidente andaluz Rafael Escuredo. Su posición política bastante señalada -preside la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia-, unida al hecho de que habría que buscar una rendija en la norma para alargar su presencia en el Consejo, alejan la posibilidad de que Moreno transija con su renovación. Aunque no se puede descartar porque hay voces que defienden su continuidad. Además de Escuredo, otra consejera electiva que cumple dos mandatos y no puede repetir es la granadina Begoña Álvarez Civantos, así que es uno de los nombres que será sustituido.

En 2018, tras aquella polémica renovación, se incorporaron también como miembros con dedicación exclusiva Ángel Rodríguez-Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga; María Jesús Gallardo Castillo, que ahora es la presidenta del Consejo; Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva, y la ex presidenta del Parlamento andaluz María del Mar Moreno. La menor implicación política que esta última ha mantenido durante los últimos años y su posición poco partidista mantenida estos años podrían ser un motivo de peso para que Moreno la incluyera entre quienes renuevan otros cinco años.