Susana Díaz defiende el "combate" de la Junta contra la pobreza frente a la actitud "insensible" del PP

La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha defendido este jueves el decreto ley contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía como la forma más oportuna de hacer frente a la "siempre vergonzante pobreza" y ha criticado que el PP, tras conocer las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz para "combatir y no resignarse" ante ella, haya tenido una actitud "insensible" y unos comentarios "fuera de lugar" como el hecho de comparar Andalucía con Etiopía.

Así lo ha dicho en el transcurso de una entrevista en la red de emisoras EMA donde ha insistido en que frente a la pobreza "solo hay dos maneras de actuar": o intentar "ocultarla y resignarse" o lo que "hace el Gobierno andaluz", que es intentar "hacer frente a las consecuencias de la crisis con este decreto". Tras rechazar por tanto estas críticas y algunas de las "comparaciones" con otras regiones en desarrollo que "no son comparables" con Andalucía realizadas desde las filas del PP, Díaz ha explicado que el decreto ley contiene "un paquete de medidas importantes con una inversión de 120 millones de euros adicionales a lo que viene gastando la Junta y que va contra las consecuencias de lo que la crisis está generando".

En este sentido, ha recordado que el decreto tiene tres ejes fundamentales destinados, en primer lugar, a crear empleo "de manera inmediata" a través de la "participación y colaboración" de los Ayuntamientos; en segundo lugar, a garantizar la solidaridad alimentaria tanto para los escolares como las personas de mayor edad y, en tercero, a ayudar a las familias "que ya no tienen nada" y tienen que solicitar el denominado Salario Social, para el que la Junta se compromete a "resolver en un plazo máximo de tres meses" las peticiones que reciba.

Díaz ha destacado el importante papel que jugarán los Ayuntamientos en el desarrollo del decreto, sobre todo, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como la posibilidad de "recuperar en torno a 2.000 o 2.500 cuidadoras que se habían quedado fuera del sistema" de Atención a la Dependencia después de que "el Gobierno de la Nación suspendiera el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que les daba cobertura".

Sobre la polémica generada en torno a las tres comidas al día para escolares, la consejera ha advertido de que el eje de la solidaridad alimentaria que contiene el decreto es más amplio que esta medida y que, en todo caso, otros países como Francia, Reino Unido, Suecia o Finlandia tienen programas similares de comida gratuita. "Ahí es adonde mira Andalucía y es lo que Andalucía refleja en este decreto, pero lamentablemente la derecha ha mostrado su lado más duro y su rostro más insensible con las familias que lo están pasando mal y que hace dos días eran clases medias", ha recriminado al PP.

En cuanto a la efectividad del decreto ley, Díaz ha señalado que algunas medidas van a tener "vigencia automática" en tanto en cuanto este mismo jueves se va a comunicar a los Ayuntamientos y Diputaciones "la decisión del Gobierno andaluz de hacer frente a asistencia a domicilio y al servicio de teleasistencia". El resto de medidas se pondrán en marcha en un plazo de 20 días de manera que, según los cálculos de la consejera, "en un plazo de 45 días la inmensa mayoría del decreto" está vigente "y, antes de verano, el decreto en su conjunto".

Pide colaboración al Gobierno

Con todo, para que la lucha contra la exclusión social sea a nivel nacional, Díaz ha insistido en que sería necesaria una estrategia estatal contra ella en la que todas las comunidades "aportemos lo que tengamos". Así, y tras insistir en que "lógicamente también necesitamos la colaboración de Gobierno de la Nación porque las comunidades estamos sosteniendo el mayor coste de la crisis y de los servicios que garantizan el Estado del Bienestar", la consejera ha deseado que el Ejecutivo de la Nación dé una respuesta positiva a la solicitud del Gobierno andaluz de que "bonifique" las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos que genere este decreto. "Para que ese dinero que ahorremos ahí nos permita crear más empleo", ha justificado.