La sequía amenaza otra campaña: la electoral

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se siente especialmente cómodo cuando debate sobre el campo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien también observa con atención la corriente de opinión que se está levantando entre los agricultores y ganaderos contra un Gobierno, el central, al que acusan de ecologismo. A la vez que avanza la sequía, se recrudece una guerra del agua que derivará en el enfrentamiento político entre el PP y Vox con el PSOE, una disputa a la que Andalucía ha sido ajena hasta ahora, pero que es la que viene marcando la agenda en comunidades como la Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.

Doñana, y todo lo que conlleva, es una avanzadilla de esta polarización entre derechas e izquierdas en torno al agua y al campo. Fuentes del PP andaluz creen que la sequía será "el talón de Aquiles" de Pedro Sánchez, porque su Gobierno "no quiere saber nada ni de embalses ni de trasvases". Si la falta de lluvias se prolonga después del verano y la sequía se agrava durante el otoño, éste será uno de los grandes temas de la campaña de las elecciones generales. Con un añadido, la merma de las cosechas se traducirá en una vuelta de tuerca a la subida de los precios de los alimentos, especialmente fruta, verduras y aceites vegetales.

Hace ya tres años, antes de la pandemia, que el ministro de Agricultura, Luis Planas, era consciente de ello. Este cordobés nacido en Valencia, ex consejero de Agricultura de la Junta, es el interlocutor del Gobierno de Sánchez con las tres grandes organizaciones agrarias -Asaja, Coag y UPA-, y conocen tan bien, o mejor, que Juanma Moreno o Manuel Gavira el estado de la agricultura española. No es un sector atrasado, sino puntero, aunque la sequía puede aguzar lo que Vox entiende como una guerra cultural de la que el PP no se quiere descolgar. Su Ministerio acaba de aprobar un plan para invertir 2.130 millones de euros en la modernización de regadíos, y es que su estrategia no trata de buscar nuevas fuentes de agua, que no las hay, sino de utilizar mejor el recurso.

Entre la razón y el pensamiento mágico

En la reclamación de obras para paliar la sequía hay algo de razón y también de pensamiento mágico. El presidente Juanma Moreno martillea casi todos los días con ese argumento, no falta agua, sino infraestructuras, un lema que es el que está esgrimiendo en su batalla por los nuevos riegos de Doñana, pero que extiende al resto del campo. El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se manifestó de este modo el jueves pasado: "Entender que el mayor o menor nivel de recursos hídricos está relacionado sólo con el nivel de precipitaciones supone no tener en cuenta los importantes instrumentos organizativos y tecnológicos existentes".

Tanto PP como Vox recurren a los ejemplos de Israel o de Egipto, pero lo que indica el primer país es que la solución a la carestía viene de una buena utilización del recurso, así como de su reutilización, y no tanto de una política masiva de construcción de embalses, de la que España ha estado en la vanguardia. A consecuencia de la sequía que sufrió Andalucía entre 1991 y 1995, la peor de todo el siglo XX, se construyeron pantanos en casi todas las provincias y se consiguieron reducciones importantes de pérdidas en la red urbana de abastecimiento. Si no fuese por ello, buena parte de la población andaluza estaría sufriendo cortes de agua en sus casas en estos momentos.

No obstante, quedan obras pendientes, como las de la provincia de Huelva, donde la presa de Alcolea se ha convertido en un símbolo de quienes defienden que sobra agua para nuevos regantes. Alcolea se paralizó al encontrarse una contaminación de metales pesados en sus aguas, pero aún se espera un estudio encargado por Transición Ecológica para decidir si es posible seguir adelante sin riesgo para la salud. Si Alcolea se construyese porque su agua fuera salubre, Huelva habría resuelto parte de sus problemas. Junto a Cádiz, es la provincia con menos hectáreas por regadíos de la comunidad.

Todos los estudios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir concluyen en que la capacidad de regulación de la cuenca está agotada. No hay motivos para nuevos embalses, aunque están en proyecto el recrecimiento del Agrio, en Sevilla, para impedir avenidas del Genil, y la construcción de Cerrada de la Puerta, en Jaén, y de San Calixto, en Córdoba. En la última década se ha incumplido el compromiso político de detener el aumento de las hectáreas en riego, hay 100.000 más en Andalucía. Las cifras que aporta el Guadalquivir son ingentes: hay 880.000 hectáreas de regadío, de las cuales 535.000 se riegan con agua de los embalses y el resto, con acuíferos. 560.000 de esta superficie regable es de olivar, que es tan extensa porque el árbol consume poco.

Si a los riegos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se suma las demarcaciones intracomunitarias que gestiona la Junta, la superficie total es de 1.100.000 hectáreas. La gestión del agua en la comunidad está dividida entre la cuenca del Guadalquivir, que es estatal, y las atlánticas de Huelva y Cádiz, que son autonómicas, junto a todas las mediterráneas.

El portavoz de Vox Manuel Gavira es mucho más duro que Juanma Moreno. El miércoles pasado. en una rueda de prensa en la Cámara andaluza, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "criminalizar" a los agricultores, de dejar al campo "sin agua, sin agricultores y sin ganadería". "Este Gobierno está destruyendo presas", aseguró Gavira en referencia a un plan de la Unión Europea que está derribando barreras fluviales, azudes inutilizados, viejas infraestructuras hidroeléctricas para que los ríos vuelvan a fluir. De momento, el Ministerio de Transición Ecológica lleva desmontadas 108 de estas barreras. Jorge Buxadé, que es quien marca los mensajes de Vox cada semana, aseguró hace unos días: "Este Gobierno quiere que los ríos fluyan, no queremos que los ríos fluyan, sino que garanticen la soberanía alimentaria, la agricultura, la industria y las ciudades, y si llega algo al mar, que llegue".

Muy malas perspectivas

Abril acabará en Andalucía sin que caiga una sola gota de agua en muchas comarcas de Andalucía, donde llueve desde la primera semana de marzo. El cereal está a punto de perderse y los cultivos de regadíos que se han declarado prioritarios son los de árbol, el resto también corre el riesgo de no llegar a la cosecha. Como en los primeros años de la década de los noventa, las grandes sequías suben cuatro escalones de gravedad: el primero lo sufren los agricultores de secano y los ganaderos; el segundo, los regantes, a quienes se les limita el recurso; el tercero llega cuando se prohíben todos los riegos y se limita el agua a la industria, y el cuarto supone el corte de agua diario en los pueblos y ciudades. Andalucía ya ha subido los dos primeros peldaños.

Basta cualquier fijarse en cualquier dato pluviométrico para certificar el estado de emergencia en el que se encuentra la comunidad. En Huelva, que es la provincia donde más llueve de Andalucía, ha llovido la mitad que un año hidrológico medio. Si la capital recoge 200 litros por metro cuadrado entre octubre y abril, ahora sólo suman 50. Sus embalses están al 42,8% de capacidad, pero el conjunto de los pantanos andaluces están al 29,08%. Córdoba, que es una de las provincias cabeceras del Guadalquivir, sólo llena al 19%; Almería, el 12,5%.

Estos son los datos que han llevado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que gestiona casi siete de cada 10 hectáreas de territorio andaluz, a reducir los riegos que da a los agricultores un 38%. Básicamente, para el olivar y otros árboles. El arroz no se podrá sembrar si no llueve lo suficiente antes de mayo.

El Gobierno central ha invertido en obras hidráulicas en Andalucía un total de 1.055 millones de euros desde 2018, que han incluido algunas obras de emergencia en el embalse de Martín Gonzalo, en Montoro; en la estación depuradora de Sevilla, donde invierte 93 millones de euros, y en la construcción de otras dos en Isla Mayor y Gerena. Pero el grueso de la inversión está recogido en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027, dotado con 4.000 millones de euros para modernizar la zona arrocera de Sevilla, ampliar el Canal del Bajo Guadalquivir, además de otras mejoras en riego de la zona Genil-Cabra y en el Alto Guadiana Menor.