Sánchez contempla con ERC una reforma de la malversación que beneficiaría a Griñán

El Gobierno de Pedro Sánchez estudiará la reforma del delito de malversación de fondos, tal como la que plantea ERC. Este cambio del Código Penal se llevaría a cabo mediante una enmienda que los independentistas catalanes presentarán a la supresión del delito de sedición, que ya se encuentra en el Congreso. Aunque el cambio busca beneficiar a algunos de los dirigentes del procès, también supondría un alivio para el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y otros ocho penados por la pieza principal del caso ERE.

El Gobierno viene negociando con ERC lo que ambos han denominado "desjudicialización" del conflicto en Cataluña, que se traduce en realidad en una corrección de las penas acordadas por los tribunales. Primero, llegó el indulto aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2021 y, ahora, una suerte de indulto escoba en forma de reforma del Código Penal que alivia penas presentes y futuras. Y esto es lo que puede terminar beneficiando a Griñán.

No obstante, los términos exactos de la enmienda y, por tanto, su repercusión en otros condenados aún están por concretar hasta que no se conozca el texto. Los ministros de Presidencia y de Defensa, Félix Bolaños y Margarita Robles, respectivamente, se han mostrado abiertos a este cambio.

La intención de esta reforma fue revelada en una entrevista que Oriol Junqueras concedió a El Periódico de Cataluña. Quien fuera líder de ERC abogaba por no considerar como malversación la organización de un referéndum. Se trataría de revertir una reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2015 en el delito de malversación para penar un referéndum como el que convocó Artur Mas el 9 de noviembre de 2014.

Malversación, con o sin ánimo de lucro

La malversación de fondos por parte de funcionarios o autoridades es un delito de corrupción para quien se apropia de manera indebida de dinero público o lo administra de manera desleal. Hasta la reforma del PP, era necesario que hubiese un ánimo de lucro. La pena establecida es de dos a cuatro años, pero que puede subir de cuatro a ocho sin hay condiciones de gravedad. Esto último fue lo que se aplicó a los condenados por los ERE y a los principales dirigentes del procès. No obstante, estos últimos fueron condenados por malversación en concurso medial de sedición; esto es, que fue necesario la apropiación para el segundo delito.

Félix Bolaños confirmó que el Gobierno estudiará la reforma si ERC presenta una enmienda a la proposición de ley. En una entrevista este lunes en la Ser, Bolaños ha declarado que "como pasa con cualquier enmienda, lo que se hará será estudiarla en profundidad". "Me resulta difícil opinar sobre nada", ha señalado al ser preguntado por si no descarta el Gobierno modificar también la malversación. Margarita Robles también se mostró favorable a dar otro trato a quienes pueden cometer la malversación actual sin que haya un beneficio personal.

Los partidos del Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- no presentarán enmiendas a la proposición de ley del delito de sedición, que se suprime y pasa a ser de desórdenes públicos agravados, con una pena más máxima de cinco años. ERC sí lo hará, pero su ejecución dependerá de cómo se resuelva esta negociación en el Congreso.

La supresión del delito de malversación se está tramitando como una proposición de ley, lo que evita tener que solicitar informes, entre otros, al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Será a lo largo del mes de noviembre cuando los grupos parlamentarios presenten enmiendas, de modo que podría aprobarse antes de finalizar 2022.

Varios de los penados por el procès fueron condenados por sedición y malversación de fondos por organizar el referéndum de independencia de 2017. Aunque algunos hayan sido indultados, la inhabilitación para ejercer cargo público sigue pendiente. Es el caso de Oriol Junqueras, que no podría presentarse hasta las elecciones catalanas de 2031. Una reforma le permitiría acudir a las de 2025.

Además, tanto ERC como Junts tienen otros dirigentes que esperan juicio con acusaciones de malversación, y algunos fugados, como Carles Puigdemont, tendrían que responder ante ese delito.

El delito de malversación es el que provocó penas de prisión a nueve condenados de la pieza principal del caso de los ERE. En el caso de Griñán, fueron seis años de cárcel, y en situaciones similares se encuentran otros siete condenados.

La reforma que busca ERC puede afectar tanto a la inhabilitación como a las penas de cárcel. No obstante, para que José Antonio Griñán se viera beneficiado la condena debería de pasar a menos de dos años de prisión, serían cuatro años de rebaja. Los condenados por los ERE no se lucraron de modo personal, que es una de las condiciones que se contemplaría en la reforma.