Salud plantea la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación

Sevilla/La sexta reunión de la mesa técnica de Atención Primaria que se reúne desde las 10:30 de esta mañana ha tenido un giro inesperado en los acontecimientos. En ella, los responsables de la Consejería de Salud ha planteado a los sindicatos la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación. Se cumple así, la condición impuesta por UGT, CCOO y CSIF que han expresado a lo largo de todas las reuniones que han mantenido con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el mes de enero para conseguir un pacto en todo el ámbito sanitario. La orden fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a comienzos del mes de marzo y durante ese mismo mes fue rectificada después de las protestas sindicales y su exigencia de retirada para lograr un acuerdo.

Esta rectificación de la postura inamovible del SAS, llega después de que a lo largo del día de ayer tuvieran lugar encuentros por separado de cada sindicato con el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas y la directora de Personal, Carmen Bustamante. En todos ellos, los representantes de los trabajadores del sector sanitario, expusieron a los dos responsables de la Consejería la innegociable retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación, como condición para conseguir un acuerdo.

Esa condición se ha hecho efectiva esta misma mañana tan pronto comenzaron las conversaciones entre las partes. Al fin, el camino está allanado de cara a conseguir que los sindicatos entren a valorar los distintos aspectos que están también sobre la mesa. La retirada de la Atención Primaria de la orden, era un paso que, desde la propia Consejería, presionada desde todos los ámbitos y, no lo olvidemos, en plena campaña electoral, sabía que tenía que considerar.

La retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación deja traslucir también las presiones que llegaron a los responsables de Salud de cara a cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de la celebración de las elecciones municipales. Éstas se hicieron más que evidentes después de que este periódico adelantara que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no era conocedor de la inclusión de la Atención Primaria en la orden de tarificación.

Y es que la medida también ha puesto sobre el tapete un problema de credibilidad de la propia titular de la Consejería y amenazaba con extenderse a todo el Gobierno de la Junta, de quien los sindicatos manifestaron en repetidas oportunidades que "no se fiaban de sus intenciones de privatizar el servicio".

Ayer mismo, el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, aseguraba ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno que "apuntan a avances importantes" algo que a su juicio "demuestran la predisposición del Gobierno en alcanzar un acuerdo, ya que siempre hemos hecho gala de tener voluntad de consenso y diálogo, especialmente en un tema tan delicado como es la salud". Para el consejero "la voluntad del Gobierno es conseguir un acuerdo lo antes posible, aunque eso depende de la voluntad de dos partes, no sólo de una".

Otro de los aspectos a valorar en los próximos días es el papel que desempeña la titular de la Consejería. Catalina García ha sido a lo largo de los últimos cuatro meses, desde que comenzaron las negociaciones una de las más firmes defensoras de la inclusión de la Atención Primaria en la orden de tarificación. Su perseverancia hizo que pocos días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se incluyera una rectificación en el que se acotaba los supuestos en los que se aplicaría la prestación de servicios de Atención Primaria en centros privados.

García recordaba el mismo día que se publicó esa rectificación que el PSOE también había publicado "más de 15 órdenes de tarifa había órdenes para terapias oncológicas, para diálisis, que permitía que en un centro de diálisis pudiera haber personal público y privado", por lo que quiero poner de manifiesto que "igual que de aquí para atrás creo firmemente que ningún gobierno ni presidente tenía en mente privatizar la sanidad con esas órdenes de tarifa, este gobierno no va a privatizar nada, es simplemente un marco normativo".

Ese "no se va a privatizar nada" se convirtió en el argumentario central de cualquier cargo de la Junta que salía a defender la inclusión de esa Atención Primaria en la orden, así como el recuerdo de la cantidad de inversiones que se destinaban a sanidad en comparación con otros gobiernos, así como el del personal asignado al mismo.

No sirvió de nada, como tampoco los varios folios que en una de las últimas reuniones se presentaron ante los sindicatos para tratar de definir lo que era una emergencia sanitaria y que incluía una prolija definición de lo que se conoce como "estado de alarma", o un "ataque de bioterrorismo", situaciones en las que se aplicaría esa prestación de servicios a precios tasados fuera del sistema público.

Las presiones también se acrecentaron después de que empresarios, Junta y CCOO y UGT firmaran el Pacto Social que incluía la medida de destinar un 25% del presupuesto del sistema sanitario público a la Atención Primaria, una de las primeras medidas que cerraron ambas partes . El Lunes de Pascua esa medida entró a formar parte de las 19 medidas que la Consejería presentó a los sindicatos y que, de nuevo, pasaba por alto tanto la orden de tarificación, como los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos vencen en breve y que fueron prorrogados después de enconadas batallas parlamentarias por conseguir que los contratados con motivo de la pandemia, entraran a formar parte de los profesionales del SAS.

Sea como fuere, la inclusión de la Atención Primaria en esa orden de tarificación supuso el llegar a un terreno en el que ninguno de los representantes sanitarios estaba dispuesto a transigir. La posibilidad de privatización del primer acceso de los ciudadanos a la sanidad pública, junto con la falta de credibilidad de los responsables de la Consejería de Salud, supuso el cruzar una línea roja que ha derivado en la cronificación de un problema que amenazaba con romper esa paz social por la que el Ejecutivo de Juanma Moreno apostó desde el comienzo de la legislatura.

También hay que tener en cuenta el momento en el que se produce, con unas elecciones a pocos días vista en las que el presidente de la Junta se ha implicado para conseguir llevar la mayoría absoluta de la que disfruta en el Parlamento, al nivel local de la administración.