EL SUP exige a la Junta de Andalucía que pague las dietas atrasadas a los policías autonómicos
El sindicato recuerda que los agentes todavía no han cobrado el dinero que les corresponde por el plan Romero de 2022
La Policía Autonómica perdió 250 agentes en una década
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció este martes la "situación que vienen padeciendo y sufriendo" los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, la llamada Policía Autonómica. La organización recuerda que depende orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de la Junta, que es la que ha de hacer frente al abono de las diferentes indemnizaciones a los agentes que se susciten por motivos del desempeño de las funciones propias del trabajo policial.
"Desde hace bastante tiempo se vienen observando disfunciones e irregularidades en el procedimiento de pago a la que debe hacer frente el departamento de Gestión Económica de la Junta de Andalucía con respecto a los funcionarios policiales, disfunciones éstas basadas principalmente en la demora y dilación para llevarlas a efecto en tiempo y forma, provocando con ello un malestar evidente y palpable entre los mismos", asegura el SUP en una nota de prensa.
Por parte de esta organización sindical se han elevado escritos en el que se plasman las circunstancias que dan lugar a la presente denuncia, tanto a la jefatura de la Unidad como a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, "de la cual no hemos sido merecedores de su atención y por tanto de una respuesta al respecto".
"Hemos solicitado en dos ocasiones recientemente una reunión con el responsable de la Secretaría General de Interior, no obteniendo respuesta alguna a nuestra solicitud, mientras se siguen produciendo casos entre los compañeros que lo único que creemos que merecen es que se les abone lo que les pueda corresponder por el desempeño de su trabajo, pero no al cabo de largos meses, sino en tiempo y forma al igual que cuando ellos se disponen a cumplir con sus obligaciones profesionales, lo cual no da lugar a demora alguna", añade el sindicato.
Actualmente aún existen casos de algunos policías que de forma forzosa fueron obligados a trabajar en el Plan Romero 2022 (en el mes de junio del año pasado) en unas "condiciones lamentables, fuera de sus domicilios y lejos de sus familias, adelantando el dinero de sus bolsillos, y todavía no han sido merecedores
del abono de esas dietas por razón del servicio, transcurridos 8 meses, algo cuanto menos injusto y que denota una falta de seriedad y de respeto hacia estos trabajadores de la seguridad pública".
"No nos parece de recibo, siendo lo preocupante que parece ser, que a nadie le interese lo más mínimo desde los órganos administrativos de la Junta de Andalucía para cuanto menos intentar subsanar estas situaciones", incide el SUP. El sindicato recuerda que lleva bastante tiempo haciendo alusión a este problema y que "el procedimiento de gestión económica es a todas luces ineficiente e ineficaz".
Prueba de ello, asegura el SUP, "es que a día de hoy se siguen produciendo retrasos considerables en el abono del complemento trimestral del que son acreedores, así como de los conceptos correspondientes por la realización y participación en cursos de formación de los funcionarios policiales".
La versión de la Junta
La Consejería de la Presidencia aseguró este martes que ha cumplido sus trámites y no existe gestión atrasada en la tramitación económica de los expedientes relacionados con la Unidad de Policía Adscrita. La consejería está pendiente de los últimos trámites administrativos para abonar la totalidad de los importes a los que alude el sindicato y que se solventarán en los próximos días, apuntaron fuentes de este departamento.
Debido a la prórroga del presupuesto del año correspondiente al ejercicio económico de 2022, se dotó de una partida presupuestaria inferior a la que hubiera deseado el gobierno andaluz, añadieron las fuentes. Para solventar esa situación, se realizó una modificación presupuestaria –en octubre de 2022- por importe de 1.425.000 euros, lo cual ha interrumpido el trámite correspondiente, que se está resolviendo con la mayor celeridad posible.
Las mismas fuentes explicaron que el volumen de tramitación de pagos extraordinarios se ha visto incrementado "debido a la falta de personal a la que nos tiene abocado el ministerio del Interior, que nos viene negando la firma del necesario convenio" desde la legislatura pasada. "Además, se niega a concedernos más efectivos en comisión de servicio. A buen seguro, de contar con un número de efectivos adecuado, el volumen de estos expedientes descendería y la carga de los funcionarios que tramitan estos pagos también", concluyeron.
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