SAS, una joya en peligro

El golpe constante a la sanidad pública y a sus profesionales ha generado un profundo malestar entre médicos, enfermeros y personal administrativo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se traduce en protestas permanentes en todos los centros andaluces. Mientras el afán de privatizar se extiende por comunidades como Madrid y Valencia ante el estupor del personal sanitario, la Junta se resiste a dejar en manos privadas un modelo público que muchos no dudan en calificar de ejemplar y que es halagado en foros internacionales por su eficacia y sus logros. El Ejecutivo autonómico intenta que el brillo de su joya -el SAS- no se apague, pero ésta empieza a mostrar signos de desgaste, motivado sobre todo por los recortes a los profesionales. Esos estragos en las plantillas sanitarias han generado una espiral de crispación que deriva en el grave deterioro de la atención que reciben los pacientes, principales víctimas de la crisis.

La tensión estalló el 19 de noviembre entre los médicos más jóvenes, los residentes en proceso de especialización, que iniciaron una huelga indefinida. El paro sólo se suspendió 16 días después, el pasado martes, para iniciar negociaciones con los representantes del SAS. Los MIR exigen calidad en la formación que reciben y un freno a los recortes salariales.

El malestar se ha extendido ya por todos los hospitales andaluces. Médicos veteranos del Virgen del Rocío, el buque insignia de la Sanidad andaluza, han elaborado un calendario de protestas y huelgas intermitentes cada mes, que comenzarán el próximo año. Se sienten agotados, ultrajados y discriminados frente a otros empleados públicos. Estos profesionales entienden que tienen que sufrir recortes para contribuir así en la lucha contra la crisis persistente, pero exigen acuerdos e igualdad de condiciones con el resto de los empleados públicos en la aplicación de los ajustes. Desde distintas plataformas profesionales y desde sindicatos como CSIF o Satse se critica la falta de diálogo por parte de la Consejería de Salud y la imposición desigual de los ajustes que aplica el SAS.

Los recortes comenzaron se dejaron sentir en 2010 con el conocido tijeretazo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que disminuyó un 5% el sueldo a todos los empleados públicos (Ley 8/2010). Desde entonces, los recortes en Sanidad no han parado y provocan un estrangulamiento sin precedentes en las plantillas, así como en el bolsillo de los profesionales sanitarios: reducciones en los Presupuestos Generales del Estado 2011 y 2012; en Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía 2011 y 2012; Real Decreto Ley 20/2012; decretos ley 1/2012, 3/2012 de la Junta; y Ley 3/2012.

La sanidad es un sector al que cada vez miran con más avidez las empresas privadas como posible mercado productivo. Y un mensaje de muchas protestas de los profesionales es éste: el Sistema Nacional de Salud y el modelo público están en peligro.

El guante de las movilizaciones ha sido recogido por los ciudadanos. El calado de las protestas se mide ahora, también, en Twitter. Esta semana, el hashtag (tema más comentado) graciassanidad pública movilizó a miles de usuarios de la red en defensa de la gratuidad y universalidad de la sanidad española, un coloso cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas y que tiene en el SAS uno de sus pilares más laureados. No en vano, la eficiencia de la sanidad pública andaluza ha sido reconocida por el Consejo Económico y Social de España, que sitúa a Andalucía como la comunidad con menor gasto sanitario por habitante -985,6 euros por persona- y la única de las cuatro grandes regiones que tiene un crecimiento del gasto sanitario inferior a la media.

Sin embargo, el endémico déficit de las plantillas de profesionales se ha evidenciado de manera radical durante la huelga de los MIR. La ausencia de los 5.000 residentes en Andalucía ha disparado las listas de espera y las demoras, además de ahondar aún más en la sobrecarga de los médicos más veteranos. Según los últimos datos de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de Andalucía (Semes), la espera en esta área ha pasado de 30 minutos a las cinco horas, un tiempo demasiado valioso en los casos de riesgo vital.

Sobre las jornadas de huelga de los residentes fuentes de la Consejería de Salud sostienen que "es comprensible el malestar de los profesionales que han visto modificada su jornada laboral y el consiguiente impacto en las retribuciones económicas". Pero, pese a todo, dicen, "es elogiable el compromiso de los profesionales con la sanidad pública". Y es la defensa de lo público lo que enarbola el Gobierno de Griñán frente a los ataques del PP: "Cuando se observa a comunidades como Cataluña o Valencia, donde tradicionalmente se ha dado mayor peso a la iniciativa privada, se concluye que estas son las de mayor gasto. Y es que los centros privados realizan una selección de riesgos, de forma que los pacientes más complejos son derivados a los recursos públicos, con lo que las entidades privadas mejoran sus resultados pero las cuentas del sistema público en general, evidentemente, empeoran".

La disparidad de modelo y la bronca por la deuda que arrastra el SAS han sido esta semana motivo de enfrentamiento entre la consejera de Salud, María Jesús Montero, y la diputada del PP Ana Corredera. La portavoz popular cifra la deuda de la sanidad pública andaluza es no menos de 1.315 millones de euros, "una bola que sigue creciendo".