"Rescataron los bancos, ahora hay que rescatar a la Seguridad Social"

Antonio Ramírez de Arellano (Sevilla, 1964) es el hombre fuerte de la gestión económica del Gobierno andaluz. Su llegada hasta esta Consejería de Economía y Hacienda no estaba prefijada, ya que las materias se han unido como consecuencia del nombramiento de María Jesús Montero como ministra. Hombre de ciencias, Arellano es catedrático de la Materia Condensada, fue rector de la Hispalense y su primer puesto en el Gobierno de Susana Díaz tuvo que ver con esa vocación. Quien también es economista se ocupa desde ahora de la gran consejería económica de la Junta. Y, a la vez, tramita su segundo carné: además de bético, se ha afiliado al PSOE.

–Cuando pase a este período político de su vida...

–Volveré a la Universidad encantado, esto me da una tranquilidad de espíritu tremendo. La vida con los alumnos, la investigación y la internacionalización me encantan.

–¿Se veía usted cuando dejó la Universidad como responsable de Hacienda?

–Jamás, pensaba que la Consejería a la que iba estaba marcada como un paso más de mi vida académica, era innovación, emprendimiento, universidad.

–Ahora es el policía del gasto, el guardián del Presupuesto.

–Qué va, no me siento así, soy la persona que debe ayudar al resto de mis compañeros de las otras consejerías.

–¿Sabes cuando os convocará tu antecesora en el cargo, ex compañera de Gobierno, y ministra de Hacienda a los consejeros autonómicos para los temas que se han dejado pendiente?

–No, ella está conformando su equipo, pero lo que es seguro es que sus prioridades como ministra son las que tenía como consejera. Lo sé porque lo ha explicado así, a los medios de comunicación, y porque ella misma me lo ha dicho. Así que antes del mes de agosto, habremos tenido más de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

–¿Por qué dos?

–Porque el nivel de diálogo con el Gobierno de España era mínimo. Si recuerda, el presidente Mariano Rajoy se comprometió con la presidenta de la Junta a que habría una reunión inmediata de ese consejo, y no se llegó a producir. Los temas se han ido acumulando, porque tenemos pendiente el nuevo modelo del sistema de financiación, pero también necesitamos conocer las perspectivas de 2019, las entregas a cuentas... Todo lo que nos permite a la Junta comenzar el Presupuesto de 2019.

–Antes del Consejo de Política Fiscal, el presidente del Gobierno va a recibir a los presidentes autonómicos. Con algunos de ellos ya ha hablado, como con el catalán y el canario. ¿También con Susana Díaz?

–No lo sé, lo que sí le puedo decir es que en el Consejo de Presidentes pasado se acordó retomar las conversaciones para el modelo de financiación.

–Usted recibe el encargo de la presidenta de seguir con el Presupuesto andaluz de 2019.

–La orden de inicio está emitida y el proceso está en marcha. Hay varias fases, algunas son muy automáticas, y después se entra en la fase política, interna, que es cuando hay que tomar decisiones sobre la petición de los departamentos. Y, después, quedaría la del Parlamento.

–¿Cree posible que Ciudadanos os apruebe las cuentas para 2019?

–No veo circunstancias distintas a las de otros años para aprobarlas.

–Pero se aproxima el final de la legislatura y, quizás, a Ciudadanos y a PSOE les convenga distanciarse de cara a la campaña.

–Eso no me corresponde a mí valorarlo. No veo el problema. Hay que esperar a la fase política, la del Parlamento, pero tampoco se me ha trasladado nada en un sentido negativo. Esto se suele producir a partir del mes de septiembre.

Elecciones anticipadas

–Si no hubiese acuerdo, ¿habría que ir a las elecciones?

–Eso es una competencia de la presidenta, lo cierto es que la legislatura está próxima acabarse, en ese caso no cabría hablar de modo estricto de adelanto electoral.

–La ministra Montero asume como agenda lo que ella defendió como consejera respecto a la financiación autonómica. 16.000 millones de euros como déficit para las comunidades. ¿Supongo que tampoco hay cambios por aquí con el relevo del titular?

–Claro, la agenda política respecto a la financiación se asume porque es objetivo del Gobierno y fruto de un amplio acuerdo parlamentario de amplio espectro. Aquí lo que se va a producir, y yo lo espero, es un cambio de concepción sobre el reparto de políticas en el Estado, porque el Estado no es sólo la administración central. Lo que procede es asumir que cada pieza del Estado debe contar con suficiente financiación para cumplir las competencias que tienen asignadas. El Gobierno de España, del PP en 2012, eligió el discurso de culpar a las comunidades autónomas y a los municipios de lo que ellos llamaron el despilfarro. Eso fue una decisión política, no había sustento para argumentarlo. El tiempo ha puesto cada cosa en su sitio.

–¿Cuál?

–Las corporaciones locales tienen superávit y no se les deja usarlos. Es más se utiliza para equilibrar lo que es el verdadero desequilibrio de este país, que es el déficit de la Seguridad Social. El Gobierno de España no puede echar las culpas ni a los ayuntamientos ni a las comunidades que están cumpliendo. La persona que está ahora en el Ministerio de Hacienda asumirá esta realidad, no ha sido justo echar la culpa a los demás. Lo que ha demostrado es que el problema del país estaba relacionado con la Seguridad Social.

Nuevos impuestos

–¿Estaría de acuerdo con una aportación extraordinaria a la Seguridad Social con otros impuestos?

–El problema de la Seguridad Social es financiero. Cuando España estuvo a punto de solicitar el rescate completo en 2012 a Bruselas, se hablaba de 100.000 millones de euros, no es una casualidad que el rescate bancario sea de 40.000 millones y que con el uso de la Caja de la Seguridad Social sumen 100.000 millones. El Gobierno lo ha hecho legítimamente, porque la caja estaba para eso, se han rescatado a los bancos y ahora toca rescatar la Seguridad Social.

–¿Nuevos impuestos, pues?

–A través de procedimientos que estén en los Presupuestos Generales del Estado. Y éstos se financian de muchos modos, también con los impuestos. También hay que hablar de cambios en el sistema, no sólo de resolver la coyuntura, las pensiones tienen que ser sostenibles. Y tiene que ver, por ejemplo, con la precariedad del empleo. O que la Seguridad Social sea quien pague a sus propios funcionarios. ¿Por qué no los paga el Presupuesto?

–Pero en cualquier caso hablamos de pasar la carga de un cajón a otro.

–Sí, pero debemos trabajar para dos cosas: reconstruir el fondo de la caja y para que la Seguridad Social sólo corra con el gasto de las pensiones.

–¿El Gobierno de España dejará salir a la Junta a los mercados de deuda?

–Estoy seguro que será así.

–¿Y que buscáis con ello, además de un interés más bajo si se encuentra?

–En principio, buscamos 1.000 millones de euros. Pero más allá de los intereses, lo que deseamos es ganar autonomía financiera. Porque el sistema de liquidez del Gobierno lleva acarreado una intromisión en las políticas de las comunidades. Se construye el discurso de que somos unos manirrotos y, después, se entre en sus políticas. La facilidad que nos daba para la tesorería llevaba a opinar sobre asuntos que no son de su competencia.

–¿No es posible salir del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica?

–Depende de las condiciones del FLA, lo que queremos es ir ganando autonomía.

–¿Es posible alcanzar un acuerdo de financiación en esta legislatura?

–Habrá que intentarlo, habrá que ponerse a ello, porque lo que ha quedado claro es que el Gobierno de España, el del PP, no ha querido.