Regreso al banco marroquí

Los pescadores andaluces ya pueden volver a faenar en aguas marroquíes. El acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que se firmó el pasado diciembre, ha sido ratificado por el rey Mohamed VI y se ha publicado en el boletín oficial marroquí la semana pasada. Su entrada en vigor, que supone un aumento de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria del 33%, es "inminente", según informaba la Comisión Europea en Rabat. El regreso a la costa de Marruecos no ha estado exento de polémica, después de que la Eurocámara rechazara el acuerdo en diciembre de 2011.

"Es una grandísima noticia que se aprobara", juzgó Javier Garat, secretario general de Cepesca, la Confederación Española de Pesca. El acuerdo prevé 120 permisos, de los que 44 corresponden a Andalucía, además de la ampliación del caladero. Pero quedan flecos sueltos, como el de la situación de los tripulantes. El nuevo acuerdo obliga a contratar trabajadores de nacionalidad marroquí y a saharauis con DNI español. "Tenemos a marroquíes trabajando con nosotros y eso debería computar", apuntó Garat, "sino tendríamos que despedirlos cuando ya forman parte de la tripulación".

La situación de Marruecos con el Sáhara Occidental es uno de los escollos que hizo naufragar el acuerdo en 2011. Una de las razones que adujo entonces el Parlamento Europeo era la falta de pruebas de que fuera beneficioso para la población saharaui. El rechazo "era demagógico", en palabras del secretario general de Cepesca, que consideró que en otros acuerdos, el conflicto con la región no centre el debate. "Con un "no" al acuerdo no se solucionan los problemas", agregó Garat, que estimó que el conflicto debe tratarse en la ONU y no en las relaciones bilaterales entre Marruecos y la Unión Europea.

Raúl Romeva, eurodiputado de Iniciativa per Catalunya els Verds y miembro de la Comisión de Pesca en la Eurocámara, recela del acuerdo con Marruecos. Explicó que cuando el pleno lo rechazó, la situación de los caladeros era "delicada y frágil", la inversión era poco rentable para Europa y no se cumplía con la legalidad internacional respecto al Sahara Occidental. Ahora, la situación de los stocks ha mejorado y es "menos mala", según Romeva, la inversión europea se ha reducido -de 36 a 30 millones- y ha aumentado la aportación de los armadores. Sin embargo, respecto al Sahara el problema sigue siendo "el de siempre". El eurodiputado opina que la Comisión debería excluir las aguas de ese terreno del acuerdo.

Bruselas ha repetido en varias ocasiones que el acuerdo debe beneficiar a la población saharaui y el Reino de Marruecos asegura que lo hace. Pero Romeva denunció que nunca se ha consultado al pueblo saharaui. En este sentido, el secretario general de Cepesca puso de manifiesto las dificultades para discernir quién forma parte del pueblo saharaui, al estar integrado como región del país árabe.

La solución que popone la Eurocámara es la vigilancia. Dolores García-Hierro, del PSOE, recordó que la UE puede suspender el acuerdo "en cualquier momento" si observa que no se están cumpliendo los derechos de la población de la excolonia española. Para Hierro el acuerdo ha mejorado "sustancialmente" y cree que negarse hubiera sido un error que no ayudaría a la resolución del conflicto. Sospecha que hay otros países con los que la UE ha firmado acuerdos, como Mauritania, que no respetan más los derechos humanos que Marruecos. "Y si no pescamos nosotros, lo harán los chinos que no tienen reglas", adjuntó para justificar la firma.

Más allá del acuerdo con el vecino del sur, algunas organizaciones cuestionan la sostenibilidad de los caladeros fuera de las fronteras europeas. Béatrice Gorez, de la Coalición por Acuerdos Pesqueros Justos, está contenta con la reforma de la política pesquera común en lo que concierne a los caladeros comunitarios, pero tiene dudas de la actividad pesquera allende los mares europeos. "Cuando se cumpla la sostenibilidad fuera de nuestras fronteras, la reforma estará completa", advirtió.

La reforma de la política pesquera común ha sido otro de los grandes debates en Bruselas. A finales de enero se aprobó el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que cuenta con 6.500 millones de euros entre 2014 y 2020. El fondo será fundamental para aplicar una reforma pesquera con la que, en general, todas las partes están satisfechas. El objetivo último es reducir la sobrepesca y cooperar en la recuperación de poblaciones marítimas.

Una de las medidas para contribuir a la sostenibilidad de los caladeros es la política de descartes. España presionó para introducir cierta flexibilidad y suavizar la progresividad con la que se prohibirán los descartes. Entre 2015 y 2020 estarán permitidos hasta el 5%, un porcentaje medio entre el 7% que pedían los Estados miembros y el 3% que exigía el Parlamento Europeo.

La patronal pesquera consideró que la política de descartes "no se ha pensado lo suficiente". Garat añadió que deberían haberse establecido mecanismos de mayor flexibilidad y que si no ha sido así se debe a "la obsesión de la comisaria" por reducir drásticamente la sobrepesca. Excusa a los pescadores y advierte de que los descartes se deben a razones políticas: "En la mayoría de las ocasiones, la normativa obliga a descartar por tener una cuota insuficiente o porque el tamaño de lo que se captura es inferior a la talla legal". Cepesca está preparando los planes para cumplir con las exigencias en materia de descartes y pide a la UE que la flexibilidad sea "lo más amplia posible". De no ser así, Garat alertó de que en abril muchas embarcaciones tendrán que cerrar su actividad.

La prohibición de los descartes va encaminada a evitar las paradas temporales. Romeva fue más allá y defendió que el objetivo final de la reforma pesquera debería ser un cambio en las artes de pesca "que promueva las más selectivas". Reconoció que en el Mediterráneo los descartes no son un problema tan grave como en el mar Báltico o el del Norte, ya que, según los expertos, "el pescado muerto que se devuelve al mar sigue siendo energía".

Los criterios para el reparto de las cuotas también han sido objeto de discusiones. Cepesca reclamaba que se tuviera en cuenta la tradición pesquera de cada país a la hora de decidir los derechos para faenar, lo que supondría una ampliación para las embarcaciones españolas y andaluzas. "Las cuotas se fijaron antes de que España entrara en la Comunidad Económica Europea -la organización previa a la actual UE- y cuando entró a formar parte le tocaron las migajas", agregó Garat.

A Romeva, la tradición pesquera de los países no le parece un criterio justo para repartir las cuotas. El criterio, para el eurodiputado catalán, debe ser la sostenibilidad y no el tamaño de la flota: "El problema es que hay demasiados barcos para tan poca pesca". "Si la situación de la pesca es tan mala es porque quienes han pescado hasta ahora lo han hecho en grandísimas cantidades", afirmó.

El gran reto a partir de ahora es la implementación de la reforma, como señaló Markus Knigge, asesor de The Pew Charitable Trusts, una ONG que promueve la sostenibilidad en la pesca. "La reforma es un gran paso en la buena dirección, pero ahora hay que vigilar que se pone en marcha correctamente", sentenció.

El 60% del pescado que se consume en Europa es importado. La eurodiputada García-Hierro acogió las ayudas que plantea la reforma a través del FEMP y que serán determinantes para hacer sostenible también el empleo en el sector de la pesca. "Incluido el de las mujeres", añadió satisfecha de que la Eurocámara aprobara su informe, que busca equiparar en derechos a las mujeres que durante años se han dedicado a las artes relacionadas con la pesca y no habían sido reconocidas como sus compañeros varones. El fondo también destinará ayudas a la formación, la jubilación o las enfermedades específicas del sector, además de a la compra de barcos hasta 80.000 euros. Por primera vez, el apoyo incluye a las almadrabas, que se podrán beneficiar de los fondos.

Aunque la reforma es bastante completa, opinan las fuentes consultadas, quedan retos por afrontar de cara a la próxima legislatura. García-Hierro lamentó que la regulación del etiquetado se haya quedado en el tintero. El sector andaluz saldría beneficiado de esta medida porque el pescado que comercializa es en su mayoría fresco. El problema que apuntó la eurodiputada es que en muchos países se cometen fraudes en el etiquetado y "se vende como fresco pescado que se ha congelado". Ella misma ha coleccionado etiquetas en las que puede observarse un intervalo medio de 15 días entre la fecha de captura y la de caducidad. "Era un paso importante para la pequeña pesca que no hemos conseguido", declaró la eurodiputada, que lo emplazó como punto prioritario para la nueva Eurocámara tras las elecciones del 25 de mayo.