Reclaman prisión preventiva para los mandos investigados por los dos militares muertos en Cerro Muriano

La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba), que murió ahogado junto al soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), el pasado 21 de diciembre en una maniobra en un lago de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X, ha solicitado prisión preventiva para el capitán de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos, el teniente y el sargento investigados por la jurisdicción militar, todo ello en base a los artículos 215 y 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar.

En el escrito remitido por los letrados al Tribunal Militar 21 de Sevilla, competente para la investigación mientras lo confirma la Audiencia Provincial, se pide la "prisión preventiva, comunicada y sin fianza" para los tres mandos acusados por ahora de un presunto delito contra la eficacia del servicio.

Argumentan en su escrito que debido a la "fase embrionaria" de la investigación, la imposición de la prisión es necesaria "como medida preventiva" para "no perturbar la investigación" y evitar la "destrucción de posibles elementos probatorios" o la "perturbación de testificales". En este sentido, consideran que el objetivo es la "salvaguarda" de los "materiales" o "documentos", ya sean escritos o gráficos, para que "no sean destruidos o desaparezcan".

También defienden la existencia de un delito de "ilícito penal" en la muerte de los dos militares y aseguran que el juez militar recoge en un auto que el caso "no sólo tiene una apariencia delictiva", sino que de forma "provisional" puede tener un carácter "penal" contra la eficacia del servicio, según la Ley Militar.

Por su parte, la familia del soldado Carlos León Rico anunció a mediados de enero, a través de su abogado, que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a la vez que manifestó su oposición a que el caso sea instruido por la justicia militar, algo que también rechaza la familia del cabo fallecido, reclamando que sea la jurisdicción ordinaria la que lleve el caso. Mientras, la Fiscalía ha pedido que sea la militar.

Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha emitido una providencia, con la que ante las nuevas diligencias solicitadas por las partes del caso, expone que "no ha lugar a pronunciamiento" alguno hasta que se determine cuál es el órgano judicial competente para investigar el asunto, pues dicha instancia se ha inhibido en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla.

La citada providencia fue dictada el día 9 de febrero, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, en un marco en el que la defensa del capitán del Ejército de Tierra investigado en la causa ha alegado que el ejercicio en cuyo desarrollo acontecieron estas muertes, el cruce de un lago artificial, no está "regulado específicamente en ninguno de los casi "300 manuales" de un informe del Estado Mayor.