Recio ofrece "máxima colaboración" a la juez de los ERE tras el último auto

El consejero de Empleo, Manuel Recio, insistió ayer en la "máxima colaboración" del Gobierno andaluz con el juzgado que instruye la investigación por la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE), de manera que, a tenor de su última petición, manifestó que "procederemos a enviarle la revisión cuanto antes". Así se refirió al último requerimiento a la Junta de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que quiere que se le informe de si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -el denominado fondo de reptiles- se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, en otras consejerías como la de Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo.

Recio indicó que tanto el juzgado como la Junta tratan de "esclarecer al máximo" todas las circunstancias y reiteró la colaboración prestada a la juez durante todo el proceso ya que incluso, manifestó, "en ocasiones hemos aportado información que creemos relevante para el caso sin que la juez la haya solicitado".

A tenor de las críticas vertidas por el PP, en especial, por su presidente regional, Javier Arenas, el consejero reprochó sus "interpretaciones" ante la última petición judicial, y lo acusó de "tergiversar y malutilizar" los datos para "ensuciar la vida política" y acusar a los beneficiarios de las políticas sociolaborales "de no sé qué delito o fechoría".

Para Recio, Arenas "trata de sacar un rédito electoral de un uno por ciento de problemas que ha habido previsiblemente en la gestión de las ayudas". Con esto, insistió en que según los informes realizados por un grupo de funcionarios independientes que determinaban que un uno por ciento de las gestiones realizadas en los últimos diez años "podría tener algún problema", por lo que se enviaron a la juez instructora para su conocimiento.

A raíz del nuevo requerimiento judicial, el PP anunció que va a pedir una nueva comisión de investigación en el Parlamento tras el auto de la jueza que, a su juicio, "extiende el procedimiento irregular" de las ayudas del "fondo de reptiles" a otras consejerías, algo que, para este partido, demuestra que había un "modus operandi" en el Gobierno.

El encargado de adelantar esta petición de comisión de investigación, que sería la décima desde que estallara el escándalo -ninguna prospera por la mayoría absoluta del PSOE en la Cámara-, fue el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que destacó que el auto juidicial no se queda solo en la Consejería de Empleo a la hora de conceder ayudas de forma irregular sino que se "extiende" a otras consejerías, entre las que el PP propone que se incluya la de Medio Ambiente. De hecho, Sanz dijo que pedirá a la jueza, como parte personada en el caso, que incluya este departamento.

"Se demuestra que no estamos ante un capricho de un director general de Empleo ni de un caso de una sola consejería sino ante la sospecha de la existencia de un modus operandi dentro de la Junta", indicó Sanz, que en su opinión, si se demuestra que lo mismo que ocurría en Empleo se hacía en el resto de consejerías la pregunta es "¿cuántos Francisco Javier Guerrero -exdirector general de Empleo- había en la Junta de Andalucía?", o "¿cuántas Sierras Norte había en el resto de consejerías?" de la Junta.

El secretario general del PP andaluz, que apuntó que "lo grave de todo esto es que no era algo puntual sino que había un modelo", insistió en que si este modelo afectaba a todo el Gobierno andaluz el máximo responsable del mismo es el presidente de la Junta , José Antonio Griñán.