Rajoy se impone a la Junta en el Tribunal Constitucional

Sevilla/El Gobierno central gana por ahora la partida legal a la Junta de Andalucía en el frente del Tribunal Constitucional. Ambas administraciones se han cruzado una treintena de recursos en esta instancia judicial desde que Mariano Rajoy ocupa La Moncloa. El Alto Tribunal ha fallado en 16 ocasiones a favor de las tesis del Estado frente a las cuatro sentencias en las que ha dado la razón al Ejecutivo autonómico.

Estas cifras aún pueden variar pues el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolución una decena de recursos admitidos a trámite. Entre las disposiciones impugnadas, se encuentran la nueva legislación estatal sobre montes, el decreto que autoriza la dispensación de determinados medicamentos por parte de los enfermos que el Gobierno andaluz recurrió, o la Ley de Metrología, que la Junta considera que invade competencias autonómicas. A esta batería de escritos se unirá ahora la impugnación planteada por el Gobierno central a la aplicación de la jornada semanal de 35 horas para los empleados de la administración andaluza.

En los últimos seis años la Junta ha interpuesto más de veinte recursos en contra de decisiones adoptadas desde el Gobierno central. A su vez, el Estado ha acudido en una decena de ocasiones al Alto Tribunal, aunque en alguna ocasión se retractó, como ocurrió en el caso de dos impugnaciones relativas a la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

Entre las medidas recurridas por el Gobierno andaluz y que ya cuentan con sentencia del Tribunal Constitucional, se encuentran la reforma energética, la Ley de Costas, la liberalización de horarios comerciales, la imposición de tasas judiciales, la reforma sanitaria, la reforma de la Ley de Financiación Autonómica de 2015, o la suspensión de las oposiciones de Educación en 2012. La Junta llegó a interponer un mismo recurso para tres normas diferentes, algo inusual, porque la práctica normal es presentar una impugnación por cada decreto o disposición legal con la que se esté en desacuerdo.

Ninguno de los escritos de la Administración regional ha sido estimado en su totalidad hasta el momento por los magistrados del Constitucional. El Ejecutivo andaluz sólo ha logrado en ocasiones puntuales una estimación parcial de sus argumentos por parte del Alto Tribunal. Así ocurrió en el recurso en contra de los recortes en educación que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012. La sentencia rechazó la invasión de competencias que alegó la Junta en aspectos como el aumento de la jornada lectiva o la prohibición de cubrir bajas docentes antes de diez días, pero los magistrados sí declararon inconstitucionales tres apartados sobre materia universitaria.

La Junta también logró una estimación parcial en el recurso del Gobierno central en contra del decreto andaluz que permitía expropiar viviendas a los bancos. El Constitucional suspendió esta medida al entender que las expropiaciones obstaculizaban la política económica del gobierno, aunque permitió otras disposiciones contenidas en el decreto andaluz.

Asimismo, el Alto Tribunal aceptó algunos de los argumentos de la Junta en contra de la reforma de la Ley de Administración Local impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Concretamente, el tribunal declaró inconstitucional el precepto que permite que una junta de gobierno local acuerde planes económicos, como pueden ser los de reducción de deuda, que deben corresponder exclusivamente al pleno de la corporación municipal. El resto de las alegaciones del Ejecutivo regional fueron desestimadas.

Los últimos varapalos del Constitucional a la Junta tuvieron lugar el pasado mes de abril. El Alto Tribunal emitió dos sentencias en las que desestimaba sendos recursos en contra de la reforma sanitaria impulsada en 2012 por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, y el nuevo régimen de horarios comerciales y la declaración de Jerez y Marbella como zonas de gran afluencias turística.

En cambio, la Junta ha recibido el respaldo total del Constitucional en cuatro ocasiones, todas ellas en respuesta a sendos recursos de inconstitucionalidad planteados por Mariano Rajoy. Tres de ellos se refieren a las subastas de medicamentos, que la Alta Magistratura ha refrendado en su totalidad, desestimando por completo las alegaciones del Gobierno central.

El otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional favorable a las tesis del Ejecutivo regional avaló la ley autonómica aprobada en noviembre de 2011 que impide a los parlamentarios compatibilizar su cargo con el de alcalde o presidente de diputación provincial o mancomunidad.

Pese a esta conflictividad, Junta y Estado han sido capaces de dirimir sus diferencias sin tener que recurrir al Alto Tribunal. Un ejemplo de ello fue el acuerdo cerrado el pasado mes de marzo entre ambas administraciones sobre la Ley de Abusos Hipotecarios, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en mayo de 2016. El Gobierno central expresó "discrepancias competenciales" sobre una decena de artículos y se creó un grupo de trabajo formado por representantes estatales y autonómicos. Finalmente se logró alcanzar un consenso que evitó que el Ejecutivo central impugnara la norma en el Constitucional y que fue rubricado por la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría y su homólogo autonómico, Manuel Jiménez Barrios.

No tuvo tanto éxito la comisión bilateral convocada a raíz de la aprobación de la jornada semanal de 35 horas en la Junta. Su convocatoria permitió al Gobierno central ampliar el plazo de impugnación en seis meses. Tras dos reuniones, no hubo más contactos y el Ejecutivo central decidió recurrir la norma en el Consejo de Ministros del 14 de julio, el último celebrado antes de que expirara el plazo de impugnación el pasado jueves.