La RTVA, fundido en negro

Antonio Ramírez, directivo desde que fue contratado en 1989, personificaba el control del Gobierno de la Junta de Andalucía sobre Canal Sur (en los informativos y en los engranajes de su gestión). Su figura crecía mientras se agudizaba la crisis (económica, institucional, de audiencia) en la corporación. Cuanto peor se presentaba el panorama a la RTVA, mejor parecía la posición de aquel director territorial de Jaén que el consejero Gaspar Zarrías llevó a la sede central de San Juan. Ramírez era los ojos y también los presentimientos. Con su marcha queda en el aire el futuro de la casa, no porque se haya ido, sino porque ha sido un torpedo en todo el centro de la credibilidad empresarial y mediática de una empresa pública que les cuesta a los andaluces 112 millones anuales de transferencia y otros 25 millones de fondo social. En la cúpula queda un subdirector interino, de parche, y un consejo de administración que no ha sido renovado y que no representa la actual distribución parlamentaria. El aplazamiento sobre el problema del presente y futuro de Canal Sur para la presidenta Susana Díaz se apura porque es la gestión de la RTVA la que se ha colocado en el gancho de la picota.

Fue el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios el que a primera hora del 20 de mayo ordenó al director general interino, Joaquín Durán, que destituyera al director de Estrategias, a quien había sido el hombre fuerte, el nombre absoluto, en el organigrama de la RTVA. Sí, era uno de los directivos que cobraba más que Susana Díaz, pero se suponía que se lo ganaba a pulso con sus servicios. Pocos dentro de la casa hubieran sospechado de la deslealtad que se desprenden de las escuchas del caso Ausbanc, del entramado de Luis Pineda, que acordó facturar 5.000 euros en el restaurante Casa Salva, que regenta la esposa de Ramírez, por la contratación de dos series de programas emitidos en Canal Sur. Ramírez, el hombre siempre ocupado, había convertido en oficina informal el local del centro de Sevilla. Allí iban a verle a la hora de comer productores y trabajadores de la casa. Era el mejor momento para intercambiar impresiones o negociar. Y Pineda, en su caso, también pedía la redacción de elevadas facturas.

Fueron, según esas escuchas recibidas por el juez Pedraz, 2.500 euros por El club de la vida buena, musical emitido de madrugada el pasado agosto; y otros 2.500 por Virgen Extra, el oro de Andalucía, tres documentales ofrecidos los sábados por la mañana en febrero. No tuvieron apenas audiencia, menos del 3% en una cadena que apenas anota un 8,4%, como podía prever una estrategia de programación a primera vista cruel. Eran ubicaciones interesadas para que ambos proyectos apenas sumaran seguidores, a cambio de los 135.000 euros que en total facturó Agroeditora S.L., empresa de Pineda, por esos contenidos. Durán se empeñó en su última comparecencia parlamentaria en negar que fueran programas encargados a Pineda: otro detalle que deja en evidencia, por dejación o por actuación, al propio Durán en este caso. El comité de antena, donde aún estaba la actual directora de la TV de Castilla-La Mancha, autorizó ambos espacios. Los sindicatos llevan meses quejándose de la gestión "oscurantista" de Durán, en contrataciones o en proyectos como el plan estratégico y la fusión de la plantilla.

La decepción y las sospechas sobre las contrataciones con Ausbanc se agravaron cuando el consejero de IU, Juan de Dios Villanueva, recordó que ambos contenidos no fueron presentados ante el consejo de administración, tal como se protestó ante Durán en la reunión del pasado lunes. Un consejo que sale a unos 100.000 euros por cada uno de los diez consejeros y que parecía más o menos domado por una cintura política en la que se ha bregado Durán durante los últimos siete años, entre la dirección de la radio (donde fue apartado por el último director general nombrado, Pablo Carrasco) y la interinidad al frente de la corporación, desde que Carrasco se marchara presiones en marzo de 2013. Era una subdirección tan provisional que ya se aventuraba eterna. La ley audiovisual andaluza exige tres quintos de la representación parlamentaria para confirmar a un director general, consenso improbable tanto en la anterior como en la actual legislatura. Un cambio en la ley sería la solución prioritaria, aunque no se asuma con urgencia, mientras una renovación en el consejo supondría un obligado entendimiento con los consejeros de IU y Podemos; o apelar a un papel de responsabilidad a Ciudadanos y PP. Con un nuevo consejo ya no es tan fácil aprobar la programación o los presupuestos, con la cómoda mayoría del PSOE que gozaron Durán y su complemento, Ramírez.

Ambos directivos mantenían un pulso por la supremacía, pero la incertidumbre y los problemas (la huelga de intérpretes de signos, la pifia de las campanadas, la fusión de la plantilla de radio y TV) los fueron aliando. Los contenidos, la razón de ser de una cadena de radiotelevisión, sin embargo a lo largo de estos tres años, ha sido el mayor problema por la desafección del público que del 25% que sumaban los dos canales en 2007 se ha pasado en menos de dos años al 8,8% entre Canal Sur (8,4% anotó en abril; 8,1% en marzo, y el invento invisible de Andalucía TV, 0,4%). Ambos directivos no mantenían encendidas simpatías entre ellos, pero por supervivencia se toleraron en el aislamiento que vivieron en la cumbre.

El comité intercentros, donde se integran todos los sindicatos (UGT, SPA, CGT, CSIF y CCOO), muestra paciencia y cautela con los últimos episodios, aunque el secretario general de CCOO en la RTVA, Pedro Corriente, cree que no hay mucho más que justificar y exige la dimisión inmediata también de Durán. Sobre el "oscurantismo" que denuncia de la labor de Durán y Ramírez coloca como baluarte el proceso de fusión entre las plantilla de radio y televisión, o "convergencia", como finalmente lo denominaban, con un documento resumido cuyas explicaciones no satisfacen. Esta recomendación del plan estratégico orienta a convertir en un mismo equipo la redacción de la radio (282 empleados) y de la televisión (945).

En materias periodísticas, como la elaboración de piezas, es más factible, sin embargo cuando se trata de convertir un cámara en un polivalente trabajador de radio, sindicatos como CCOO observan que es un calculado despropósito. Corriente advierte de las malas condiciones laborales, creciente en los centros territoriales ante esta "convergencia". Sobre los convenios, los sindicatos detectan que no se cumplen dada la precariedad e indefensión de muchos redactores. La plantilla de 1.400 trabajadores ha ido encarando el recorte de salarios y eliminación de pluses y extras para desterrar la sombra de un ERE como los vividos en TVE, Telemadrid, TV3 o la valenciana Canal Nou (cerrada y en proceso de reapertura, porque cuesta más parada que andando). La plantilla supone unos 84 millones anuales, pero la contención presupuestaria se ha abordado sobre todo a través del eslabón más débil, las productoras, y ni aún así, con la baja facturación publicitaria (unos 18 millones anuales cuando se preveían estos años en torno a 30), se han evitado cada año números rojos.

Ramírez se ha marchado, pero deja la convergencia en marcha. "Lo peor de la fusión es la sensación de que están desmontando a trozos la RTVA para que haga el derribo el que venga detrás", alerta Corriente. La RTVA, con un modelo de empresa anquilosado, concebido en 1988, con una gestión deficitaria, con una programación con la que una mayoría de la población no se identifica, está al borde del precipicio. El futuro, por el contexto político, no pinta mejor.