Puigdemont quiere asaltar la bolsa común

Junts ha regresado a la antigua reivindicación de Artur Mas de sacar a Cataluña de la bolsa común de las autonomías y el PSOE, de momento, le escucha. Esto sí es novedoso. Más allá de la amnistía, es lo que más preocupación provoca en el resto de las comunidades, en el PP y en el propio PSOE andaluz.

España es un Estado federalizante que se ha ido construyendo en sentido inverso a las repúblicas federales: si éstas se constituyeron mediante la unión de partes independientes, caso de Alemania e Italia, nuestro país sigue una deriva descentralizadora que carece, a diferencia de las anteriores, de seguros que sirvan como cierre del proceso. Sí valen como márgenes los principios constitucionales, aunque los redactores de la Carta Magna no visualizaron este proceso. La descentralización se convierte así, al menos en algunas materias, en una disgregación sin más rumbo fijo que el marcan las necesidades de los partidos después de las elecciones generales, y éste es el problema que afecta al sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Los dos documentos que el PSOE ha firmado con Junts y PNV para la investidura de Pedro Sánchez abundan en ello. Aunque los acuerdos fiscales no se materializan, sino que se exponen como una voluntad de una de las partes firmantes, estas reivindicaciones nacionalistas dejarían a la comunidad de Madrid como la única contribuyente neta al conjunto del sistema.

Sin Cataluña, la comunidad de Madrid y el Gobierno central serían los únicos contribuyentes que nivelarían los servicios públicos en los territorios del país. La Junta de Andalucía sería una de las más afectadas, porque el 27% de su gasto anual proviene de la bolsa autonómica -básicamente, de Cataluña y Madrid- más la aportación estatal. Con la aprobación de la Constitución, País Vasco y Navarra consiguieron esa excepcionalidad, es la que ahora busca Carles Puigdemont.

Volver a Artur Mas

Junts ha regresado al punto de partida de las reivindicaciones de Artur Mas. Lo que defenderá en la mesa de negociación con el PSOE es que Cataluña salga, mediante una excepción legal, de la ley de financiación de las comunidades de régimen común, que son todas, menos País Vasco y Navarra. De este modo, la Generalitat recaudaría todos los impuestos y, se supone, pagaría una parte negociada al conjunto del Estado. Sería un modelo similar al del Concierto Vasco, mediante el cual el Gobierno de Euskadi paga el Cupo que se negocia económica, pero también políticamente.

El Cupo suma el coste de todas las competencias que la administración central presta en esta comunidad, caso de la Defensa, la Casa Real, el servicio exterior o la acuñación de moneda, pero hay otras que son transferibles. Por eso el PNV lleva en su documento que se descentralice todo lo previsto en el Estatuto de Guernica. El listado en sí, que está sujeto a interpretación, incluye algunas competencias de tan escaso valor como la Agencia de Meteorología, pero hay que entender que cada función asumida supone pagar menos dinero al Estado.

Por eso la tendencia nacionalista vasca es abarcarlo todo. A más responsabilidad, menos Cupo. No obstante, el País Vasco sí aporta dinero al Fondo de Compensación Interterritorial. La cantidad total acordada entre ambas administraciones es de poco menos de 1.500 millones de euros. La transferencia más polémica es la de la gestión de la Seguridad Social. Aunque no supondría la partición de la caja única de las pensiones, sí deja en manos del País Vasco el cobro de las cuotas laborales y el pago de las jubilaciones.

La reivindicación catalana que derivó en el proceso independentista de 2017 fue la cesión de los impuestos a la Generalitat. Lo que el PSOE ha aceptado ahora con el acuerdo de Bruselas es mantener "un diálogo singular sobre el actual modelo de financiación de Cataluña". No es una claudicación, pero sí abunda en una relación bilateral entre el Estado y Cataluña en un asunto que es estatal.

La liquidación de la financiación de 2021 aporta los datos de cómo se ejerce la cohesión territorial en España. Un informe del centro de estudios Fedea que utiliza los datos del Ministerio de Hacienda indica que el Gobierno central, Madrid, Cataluña y Baleares aportaron 20.000 millones de euros al resto de las comunidades autónomas. Las islas en mucho menor medida que las dos anteriores, 334 millones de euros, mientras que Madrid derivó 6.300 millones de euros y Cataluña, 2.168 millones. La comunidad central es la que más aporta.

El Gobierno también contribuye. La recaudación del 50% del IRPF e IVA, además del Impuesto de Sociedades, aún es estatal, con lo que también distribuye dinero entre las comunidades. En el caso del ejercicio 2011, fueron 11.000 millones de euros, que unidos a los 9.000 millones de Madrid y Cataluña, suman los 20.000 millones del global.

Una de las consecuencias de las negociaciones de las investiduras con los nacionalistas catalanes ha sido la cesión paulatina de esos impuestos. Primero, fue un 15%, después, el 30% y, así, hasta llegar al 50% actual. A mayor porcentaje traspasado, menos dinero para homogeneizar al conjunto.